El ataque a balazos cometido en contra de un grupo de personas que esperaba para vacunarse contra la covid-19 el lunes en la colonia Francisco I. Madero volvió a poner a debate la necesidad de controlar la circulación de motocicletas en la zona metropolitana de Puebla.
Un mes atrás, dos personas a bordo de un vehículo automotor de dos llantas asesinaron de seis disparos de arma de fuego a la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, en las inmediaciones del Periférico, en uno de los tramos correspondientes a San Pedro Cholula.
Esta semana ocurrió un hecho similar. Dos hombres hasta ahora desconocidos, que se trasladaban en motocicleta, le dispararon a un hombre que hacía fila con su hijo. En la refriega fueron heridos otro adulto y dos menores, una niña de 9 años que se encuentra en estado crítico y un niño de 10.
Antes de estos dos acontecimientos ya se había registrado el incremento de delitos, como ejecuciones y asaltos, cometidos por personas que viajaban en vehículos de esas características, incluso, en algún momento, se corrió la voz de que un grupo de colombianos había elegido la Vía Atlixcáyotl y la zona de Angelópolis en general para cometer robos exprés, principalmente de relojes.
Tras el feminicidio de la abogada Monzón, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hizo la sugerencia de emprender un programa de reconocimiento de motocicletas ilegales para frenar los ilícitos, no solo en la capital, sino en los municipios conurbados.
El edil fue ignorado.
Sin embargo, apenas cinco semanas después, con la balacera del centro de vacunación, ha vuelto a ponerse sobre la mesa la urgencia de hacer algo con ello.
Rivera Pérez declaró ayer que su propuesta ya está en el Congreso, donde lidera Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y que depende de los diputados implementarla o no.
Toca a los legisladores entonces trabajar en beneficio de sus representados.
Si no ven viable la propuesta del alcalde, está bien, que la desechen, pero tracen otra.
Es urgente.
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El clima de inseguridad y violencia extrema que impera en el país, propiciado en buena medida por esa política de “abrazos, no balazos”, delineada desde el gobierno federal, lleva a planteamientos extremos, como el que dio a conocer este martes el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
El dirigente ha propuesto modificar las leyes mexicanas para permitirle prácticamente a cualquier ciudadano portar armas de fuego para defenderse o repeler agresiones de los criminales.
Sí, igual que en Estados Unidos, donde esa fallida estrategia ha desembocado en tragedias mayúsculas y donde se debate en la actualidad la conveniencia de dar marcha atrás o replantear esa libertad que se ha convertido en libertinaje.
Aquí el líder del PRI quiere llevar al país por esa ruta y sus subordinados en los estados ya se metieron en el mismo camino.
Ayer, el dirigente del tricolor en la entidad, Néstor Camarillo Medina, apoyó la iniciativa de su jefe (¡cómo no iba a hacerlo!) y señaló surge por culpa de la fallida estrategia de seguridad que se emprende a nivel nacional, lo que ha desatado el incremento de homicidios.
Incluso Camarillo afirmó que la mayoría de los ciudadanos ya cuenta con un arma en sus hogares, de manera ilegal, claro, para hacer frente a la delincuencia.
Así que la aprobación de una ley como la que recomienda Moreno Cárdenas, expuso, solo formalizaría lo que ya existe en la realidad.
¿Qué le parece?
¿Usted también cree que en la mayoría d ellos hogares poblanos hay una pistola para defenderse de eventuales incursiones criminales?
El tema dará mucho de qué hablar en los próximos meses.
Quizá desde hasta y hasta la siguiente contienda electoral, cuando los candidatos a diputados federales (y locales) del PRI la presenten como propuesta de campaña.
