Todos los actores políticos y públicos del estado coinciden en un punto, que la seguridad y la violencia que ha desatado el crimen debe no solo combatirse, sino atacarse de raíz, de manera que, aunque sea gradualmente, los poblanos puedan retornar a un ambiente de paz y tranquilidad como el que hubo hace mucho tiempo en el estado.
Lo interesante es que no todos esos actores coinciden cuando se trata de repartir culpas y responsabilidades para conseguir el objetivo común. En ese hay diferencias claras, y más si en la exposición de las mismas intervienen colores partidistas y cercanía con un gobierno o con otro.
Un claro ejemplo de estos comentarios es la reacción de los diputados locales Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Eduardo Alcántara Montiel en torno a la balacera ocurrida el martes en un centro de vacunación de la ciudad de Puebla, que terminó con cuatro personas heridas, entre ellas una niña de 9 años que se encontraba en situación grave.
Para Salomón Céspedes, el ayuntamiento de Puebla debió ser el encargado de evitar que eso pasara y llamó a la autoridad municipal, que tiene a Eduardo Rivera Pérez como máximo responsable, a asumir sus funciones para garantizar el bienestar de las familias poblanas.
Allá en Palacio sabían a qué responsabilidades se enfrentaban cuando asumieron el cargo, subrayó el legislador local.
Eduardo Alcántara, en cambio, abrió el conjunto de responsables a los tres niveles de gobierno.
Hay que entender que se trata de un trabajo coordinado, entre la federación, el estado y los municipios, y hasta ahora todos, así dijo, evaden su responsabilidad.
Diferentes diagnósticos para un mismo problema: el de la inseguridad.
Si Salomón no fuese de Morena y Alcántara del PAN, seguro opinarían distinto.
Pero, así como están, cada uno protege sus intereses y a su partido.
Y los poblanos se van hasta el último lugar de las verdaderas prioridades.
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A propósito de diputados y partidos políticos.
A Néstor Camarillo Medina, legislador local y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, le conviene hacer una recopilación y un análisis de las reacciones que ha generado la propuesta de su dirigente nacional para armar a los mexicanos como respuesta a la violencia que se sufre en el país.
El coordinador de los diputados panistas en el Congreso del Estado, Eduardo Alcántara, se pronunció en contra de la medida, que el miércoles fue respaldada por Néstor Camarillo aquí en Puebla.
El panista calificó como una “ocurrencia” la propuesta y consideró que el presidente del PRI busca desviar la atención de los audios escándalos que se han divulgado en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Lo que quiere Alejandro Moreno Cárdenas es quitarse el estigma que trae encima, pero, si no estamos de acuerdo con el “abrazos y no balazos” del presidente, el tricolor nos lleva al otro extremo, apunta Alcántara.
El rechazo del PAN no es un asunto menor.
Confirma la separación de intereses que comienza a registrarse entre dos partidos que, al menos de palabra, han pactado repetir su alianza electoral en el 2024, a partir de la crisis mediática y política que ha envuelto al priista.
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Quien le afirmara que el diferendo político entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el diputado federal Ignacio Mier Velazco había terminado después del encarcelamiento de Arturo Rueda Sánchez de la Vega, ahora exdirector del periódico Cambio, se equivocó.
Barbosa volvió a referirse a este enfrentamiento que existe entre él y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados a partir de la publicación de un supuesto trascendido en el periódico Reforma.
El gobernador no pronunció el nombre de Mier, pero no fue necesario.
A los escuchas de su mañanera les quedó claro que se refería al diputado federal cuando acusó al coordinador de la bancada de pedir esa publicación en una columna para afectarlo a él. El diferendo no se ha resuelto.
