Si los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla no garantizan un desempeño basado en los principios de constitucionalidad y legalidad para impartir justicia en los actos donde intervienen, los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco.
En abril, el máximo órgano de justicia electoral del país quedó exhibido después de resucitar la candidatura presidencial por la vía independiente de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, en un hecho que significó el visto bueno de los magistrados a la falsificación de documentos oficiales y el uso indebido de recursos públicos.
Después de que los consejeros del INE le negaran el registro un mes antes, por incumplir con las firmas requeridas, la Sala Superior del tribunal accedió a los requerimientos de la Presidencia de la República y el PRI para meter en la boleta electoral al neoleonés, en respuesta a una estrategia que buscaba restarle votos a Andrés Manuel López Obrador.
De los siete magistrados existentes, cuatro votaron por la resurrección de El Bronco: los tres que llegaron a esa posición, en noviembre de 2016, como cuotas políticas del PRI, y uno de los dos que lo hicieron como pago –también político—al PRD.
Los cuatro magistrados argumentaron que el INE le había negado a Jaime Rodríguez Calderón el derecho de ejercer una completa y adecuada defensa y ordenaron al órgano electoral dar por cumplido el requisito de las firmas.
La sentencia cumplió los deseos del partido tricolor pero al mismo tiempo evidenció la falta de autonomía de los implicados y aniquiló su autoridad moral.
Si había dudas, a partir de entonces quedó claro que las decisiones del máximo tribunal electoral de la nación podían derivar de acuerdos políticos supralegales.
El antecedente tiene relevancia en el contexto del conflicto postelectoral que se vive en Puebla.
La demanda de Luis Miguel Barbosa y Morena para anular la elección de gobernador irá al tribunal federal una vez que los magistrados estatales, con Fernando Chevalier a la cabeza, digan que no hay elementos para hacerlo.
Entonces arreciará la guerra de los dos bandos para tratar de inducir el fallo en su favor.
No lo confiesan, ni morenistas ni morenovallistas, pero la lucha que llegará al tribunal federal acabará librándose más en el terreno político que en el jurídico, como ocurrió con la candidatura del Bronco.
Por eso fue que los barbosistas estallaron en júbilo el miércoles de la semana pasada que López Obrador llamó “gobernador electo” al candidato.
Los promotores de la anulación de los comicios, entre ellos Barbosa, esperan una reacción decidida y enérgica del futuro Presidente para hacerle saber a los magistrados cómo tienen que proceder en el caso de Puebla.
Del otro lado el ex gobernador Rafael Moreno Valle busca todos los puentes posibles para llegar al tabasqueño y tratar de convencerlo acerca de las eventuales conveniencias de mantenerse al margen del conflicto.
Ambos grupos, el que puja por la demanda de Barbosa en su alegato de fraude y el que defiende el triunfo de Martha Erika Alonso con 120 mil votos de diferencia, compiten por los afectos de López Obrador.
En paralelo a eso, se dedicarán a promover –si no es que ya lo han hecho—encuentros personalísimos con cada uno de los siete magistrados para emprender cabildeos en beneficio de su causa.
Gestiones para ganar voluntades.
Claro que importa la argumentación jurídica para exigir la anulación de los comicios o negarse a ella.
Sin embargo, dados los antecedentes expuestos, podría no ser definitiva sino solo elemento de apoyo para la emisión de la sentencia, en cualquiera de los sentidos que esta sea.
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