“Hoy la pesadilla es la impunidad”.
Frase lapidaria pronunciada el pasado fin de semana por la madre de Rhonita María Miller, niña que fue asesinada y calcinada el pasado 4 de noviembre en Sonora, junto con otros ocho miembros de la familia LeBaron.
Proclama que muchos otros mexicanos abanderan también, a veces con dramática impotencia, frente a una delincuencia que cada vez se desborda más en el país.
Impunidad, según la definición, es “la falta de sanción ante una conducta irregular que genera responsabilidad penal, civil, administrativa o de derechos humanos. Ocurre cuando los perpetradores escapan de toda investigación, detención, procesamiento, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas”.
La impunidad es un problema que incide en fenómenos sociales como la justicia, la corrupción, la seguridad, el respeto a los derechos humanos, la construcción de un Estado de Derecho y en nuestras vidas diarias.
Es, pues, un mal social que debe ser erradicado por la autoridad pero que, en definitiva, requiere también de la convergencia ciudadana.
Tarea que no permite prórroga y que deberá ser retomada en Puebla con especial interés por el nuevo Fiscal General de Justicia, cuyo nombramiento definitivo deberá ocurrir en fecha próxima.
Dicha designación ya está en su etapa final, luego de que el viernes pasado concluyera el plazo para la inscripción de aquellos que aspiran a tan importante cargo, entre los que destaca el actual Encargado de Despacho, Gilberto Higuera Bernal.
Su incorporación de última hora en la lista de los 15 candidatos lo coloca, dicho sea de paso, entre los favoritos, si bien hay otros con acreditada capacidad y que también a partir de este lunes están en el análisis del Congreso del Estado.
El propio Higuera Bernal se calificó como un profesional en el servicio de procuración y administración de justicia,pero entre los demás aspirantes figuran abogados litigantes, académicos y ex servidores públicos, entre ellos, en forma destacada, la jueza Rosa Celia Pérez González, el ex legislador José Othón Bailleres Carriles, Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez, José Héctor Carreón Herrera, José Martín Ramírez Carranza y Miguel Ángel Martínez Escobar, por mencionar a algunos.
Tras un proceso de auscultación, los legisladores enviarán una lista reducida al titular del Ejecutivo, quien decidirá una terna de la cual los propios diputados elegirán al mejor perfil.
El ungido deberá aplicar las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que incluye todo un capítulo dedicado al combate a la corrupción, principal bandera de la 4T, cuya iniciativa presentará antes de mayo el gobernador Luis Miguel Barbosa.
Así, con un nuevo marco normativo y el reto de coadyuvar en el combate a la delincuencia organizada, cada vez más influyente en la entidad poblana, el nuevo Fiscal tendrá además la difícil tarea de erradicar el cáncer social que representa el fenómeno de la impunidad.
Más aún a sabiendas que según datos de IMPUNIdata, quien realizó un ranking de impunidad nacional 2019, basada en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el índice estatal de desempeño y efectividad de la Procuraduría y Fiscalía del Estado fue colocado en lugar 27 de 32.
Una explicación es que Puebla cuenta con sólo 2.80 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes, cuando la media es de 8.40, y si bien Puebla obtiene un 87.10 por ciento en la categoría de efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión, sólo alcanza un porcentaje de sentencias menores de tres años en el 70.60 por ciento.
Debe ponderarse que en México la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3 por ciento, y eso es impunidad, fantasma que habría que aniquilar cuanto antes aquí y en todo el país.
