México es una nación pluricultural que está conformada por pueblos indígenas cuya norma distintiva es la diversidad; de acuerdo a la Encuesta Intercensal del año 2015 elaborada por el INEGI, identifica una población de 25 millones 694 mil 928 personas que se autodenominan como indígenas en nuestro país, entre los cuales 7 millones 382 mil 785 son hablantes de lengua indígena y cerca de 910 mil no hablan el español.
Lo anterior, sin duda, nos hace reflexionar sobre lo mucho que falta por hacer para lograr la equidad y la justicia social en las etnias; la gran tarea que se tiene para abatir rezagos que se prevalecen en la esfera de la pobreza y la marginación en las comunidades indígenas.
Basta recordar que hace 27 años con el levantamiento indígena en el estado de Chiapas, que buscaba reivindicar el respeto de los derechos los pueblos indígenas en México, se detonó reforma constitucional que se materializó hasta el 2001 en el texto del artículo 2 º a través del que reconoció el derecho a la autonomía indígena
Tal compromiso fue incorporado al artículo 2 º de la Constitución en su fracción IV, que establece por una parte el deber del Estado de preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad indígena y por otra, el derecho humano de las personas indígenas a que las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad indígena sean preservadas.
En el caso de Puebla la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, tiene por objeto reconocer, regular y garantizar a las Comunidades integrantes de los Pueblos Indígenas y a sus habitantes, el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno propio; el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos.
Así mismo existe el Instituto Poblano para Pueblos Indígenas el cual focaliza sus acciones para lograr una inclusión completa de los pueblos indígenas, realizando convocatorias para el esparcimiento, programas de bienestar, jornadas de reconstrucción lingüística, entre otros.
Por ello, en el Senado de la República se trabaja por una Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para salvaguardar los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades, en su calidad de derecho humano de naturaleza patrimonial y colectiva.
Un objetivo más que se persigue es establecer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia conformará el Inventario Nacional de del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano y que dicho inventario será accesible de manera digital y pública.
Con la creación del Sistema Nacional de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos se contaría con instancia de coordinación de acciones institucionales e interinstitucionales; cuyo sistema estará integrado por las instituciones federales y estatales en materia de cultura, desarrollo social, educación y fomento económico, además de los municipios en donde los censos de población y vivienda registren cuarenta por ciento o más de población indígena o afromexicana y las instituciones que los pueblos y comunidades establezcan para la protección de sus conocimientos cultura e identidad.
El compromiso es generar condiciones óptimas para evitar la exclusión, impulsando una alianza solidaria entre los indígenas, los jóvenes, las mujeres, las personas con alguna discapacidad, los campesinos y todos aquellos ciudadanos que luchamos pacíficamente contra toda forma de discriminación y de exclusión.
Lo fundamental es el respeto a los derechos y a la dignidad de la persona como ser humano, propiciando una verdadera participación de la sociedad en las decisiones que el gobierno de la 4ª Transformación para lograr el desarrollo social con inclusión y justicia.
