Las crisis de inseguridad, violación a las garantías individuales y corrupción, son síntomas de un Estado debilitado, aunado a una sociedad enfrentada y dividida, que intenta adaptarse a los nuevos tiempos; pero si se ejerce un gobierno con anarquía e incompetencia, se irá diluyendo la “confianza” y la “credibilidad” dañando seriamente la gobernabilidad, la democracia y la división de poderes.
El próximo año será muy complicado para todos, debido a que el gobierno no tendrá suficientes ingresos para hacer frente a las enormes demandas sociales y los compromisos gubernamentales; enfrentará “el pago de la deuda y sus intereses, pensiones, gasto corriente, fondeo de los programas sociales; el rescate de Pemex y CFE, tan solo por citar algunos conceptos del gasto programable, mantienen en estado de fragilidad a las finanzas públicas”.
Lo cual hace imprescindible que, para enfrentar los desafíos, es importante establecer políticas públicas sólidas de largo plazo; lo deseable es que todos los actores políticos debieran centrarse en establecer propuestas y soluciones viables en lugar de desviar la atención en confrontaciones estériles.
El país necesita un debate constructivo y respetuoso, donde se escuchen todas las voces, incluso las críticas. La victimización y los ataques ilegales cada mañanera no son los caminos hacia una democracia fuerte y saludable.
Por tal razón es necesario elaborar una agenda con acciones y compromisos concretos, que se evalúen y sean medibles, para cambiar de fondo a nuestro país y evitar que esta situación continúe sin la respuesta institucional.
El reto es contar con igualdad de oportunidades y promover la participación ciudadana. Hablar de reformas a las instituciones públicas, requiere de una visión de Estado y de una clara voluntad política, que garantice la consideración de los valores comunes prevalecientes en la sociedad mexicana.
En este sentido cualquier actividad o tarea emprendida perdurará no solo con la palabra, sino mediante la acción desarrollada, el compromiso asumido y, su viabilidad para impulsar el desarrollo social en cada demarcación territorial.
Al respecto, los poblanos esperamos que con la alta legitimidad electoral que logró el gobernador electo Alejandro Armenta Mier y, dada su capacidad, entrega y conocimiento de la problemática económica política y social del Estado de Puebla, no solo oxigene a la sociedad y a la clase política.
Prueba de ello es la designación de experimentados y nuevos actores en su próximo gabinete, cuya principal tarea es impulsar la reconciliación social, para rescatar la grandeza de la Entidad poblana, ante la complejidad del estado, que cuenta con una amplia diversidad climática, social, étnica productiva y cultural, requerirá de la amplia participación social para impulsar y potenciar su desarrollo.
Situación que contrasta con zonas modernas y vanguardistas, pero también tiene comunidades con grandes carencias; así lo demuestra los datos del CONEVAL, Puebla es el tercer estado más pobre de México.
Por ello, mediante un plan de desarrollo de gran visión, prospectivo y sustentable, los proyectos de obras y servicios deben incluir a la totalidad de las unidades territoriales del estado, así como generar inversión pública y privada en infraestructura para poder disminuir el rezago social y, con acciones de precisión, retomar el impulso de la sociedad poblana.
Y dada la experiencia del gobernador electo Alejandro Armenta, en la planeación, el servicio público y él legislativo, Puebla retomará su desarrollo con criterios que articulen la gestión gubernamental a los requerimientos de la sociedad, sumando voluntades y encauzando esfuerzos a proyectos o fines comunes.
En suma, los servidores públicos deben tener presente que el ejercicio de la función pública se debe asumir con decoro y ética, al final de cuentas serán conceptos que, al aplicarlos, propiciarán una adecuada y sana convivencia social.
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