Al aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Senado decidió introducir un artículo transitorio que amplía el plazo del cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros de la judicatura por dos años más. Esta ampliación se contrapone con el plazo fijo que precisa la constitución y tiene una trascendencia inusitada, tratándose de la cabeza del Poder Judicial de la Federación y de los integrantes del órgano administrativo más importante de ese mismo poder.
Además, resulta significativa porque la reforma constitucional en materia judicial, recientemente aprobada –y de la cual deriva la reforma a la ley que introduce el transitorio mencionado- pone gran peso en las decisiones del ya de por sí importante Consejo de la Judicatura Federal para la designación, sanción y promoción de los juzgadores.
A pesar de la evidente inconstitucionalidad de la decisión del Senado, López Obrador aplaudió la decisión y el presidente de la corte y los consejeros de la judicatura callaron, lo que levanta muchas suspicacias. Más allá de que en la propuesta inicial (revisada por el Judicial) no se haya previsto la ampliación de mandato que el Senado votó la semana pasada, cualquier jurista serio sabe que lo aprobado por el Senado es, como mínimo, un atentado a la credibilidad de las instituciones judiciales. Sería un golpe de Estado dentro del Poder Judicial si Zaldívar o los consejeros estuvieran de acuerdo con la disposición del Senado. Y sería un golpe a la credibilidad del Judicial si, en su caso, ni Zaldívar ni los consejeros y nadie del judicial hubiese aprobado la inclusión de la disposición, es decir, si el Senado lo hubiese introducido sabiendo que era inconstitucional, pero con la finalidad de desprestigiar al Poder Judicial y a su presidente.
La constitución determina que el presidente de la corte durará cuatro años en su cargo y los demás consejeros de la judicatura cinco años. Alargar ese periodo a través de una ley es inconstitucional, como inconstitucional fue cuando se reformó la constitución de Baja California y alargó el mandato de Jaime Bonilla (en la llamada Ley Bonilla). En ese entonces, el presidente de la corte afirmó que era un “fraude a la constitución”, por lo que, si entonces lo fue, ahora también es aplicable: la reforma aprobada por el Senado es (en caso de ser también aprobada por los Diputados), un “fraude a la constitución”.
Al ampliar el plazo de los consejeros y del presidente de la corte, el Legislativo (donde se impone la 4T) envía el mensaje que López Obrador clarificó en su mañanera: que tiene confianza en el presidente de la corte y en los consejeros (y, se entiende, desconfía de quienes pudieran llegar a esas posiciones cuando venzan los encargos de quienes hoy las ocupan). Por obvias razones, se trata de una verdadera interferencia del presidente y su partido en el Poder Judicial. Ese fuego lo ha avivado el silencio del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien seguramente cree que debe guardar silencio hasta que el legislativo termine su proceso y determine si efectivamente en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se ampliará su mandato como presidente de la corte y el mandato de los miembros del consejo de la judicatura federal. Pero el silencio de Zaldívar es inútil: no podría participar en la discusión y votación de cualquier caso que se planteara en la Corte en el que se discutiera la constitucionalidad del artículo transitorio que amplía su mandato como presidente de la corte porque tiene interés en el asunto: en otras palabras, no puede ser juez y parte. Por eso, extraña el silencio del ministro más mediático de la corte en los últimos años y pone en duda su independencia –ya por muchos cuestionada- con relación a los intereses del gobierno de López Obrador.
Esta es la maniobra más burda del gobierno de la 4T con relación al Poder Judicial. No podemos dejar de lado las presiones contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la renuncia de Medina Mora como ejemplos de ese juego de poderes donde todos el Ejecutivo presiona al Poder Judicial. Pero ampliar el mandato de ciertos personajes en el Poder Judicial tiene una señal: el entendimiento de esos personajes con la 4T y, por ende, la pérdida de independencia del Judicial se hace incuestionable.
Si Zaldívar o los consejeros de la judicatura avalaron el ya famoso artículo transitorio que alargaría su mandato, sería un golpe de Estado a través del Legislativo. Un golpe de Estado a través de la ley. La única razón por la que se entendería una actitud tal de parte de los consejeros y del presidente de la Corte sería la ambición y la puesta en marcha de una transformación del poder judicial a partir de decisiones del Consejo de la Judicatura, pero la mancha de ilegitimidad sería catastrófica: la transformación es necesaria, pero no puede ser liderada ni aplicada violando la constitución.
La decisión del Senado muestra el miedo de Morena a perder el control del Poder Judicial, en especial del Consejo de la Judicatura, con la llegada de un nuevo presidente de la Corte y de la sinergia del gobierno de la 4T con ciertos personajes que deciden cosas importantes en el Poder Judicial. Con Zaldívar se sienten cómodos, aunque no es buena señal que la sintonía entre unos y otros pase por violar la ley, por desplegar un fraude a la constitución.
Los precedentes no ayudan: en 2016, el PRI y el PAN alargaron el mandato de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa ocasión, todos los actores políticos –salvo Morena y el PRD- ampliaron el plazo del cargo de cuatro magistrados del Tribunal electoral, lo que fue avalado por la Suprema Corte. En ese entonces, la Corte avaló ese sinsentido. Esperemos que no lo haga en este caso, si es que la Cámara de Diputados avala el golpe de Estado o el batacazo a la credibilidad del Poder Judicial.