El concepto de Guerra sucia se asocia a la parte de la Operación Cóndor en 1974 para referirse al periodo de terrorismo de estado en Argentina para eliminar a cualquier tipo de disidencia política Se dice que fueron aproximadamente 30 mil desaparecidos, entre estudiantes, artistas sindicalistas, escritores, periodistas y militantes “de izquierda”. Pero en México también tenemos esa sombra en nuestra historia, terrorismo de Estado sistemático dirigido contra sus disidentes. Hechos contrapuestos a la historia de bronce que es propaganda, en muchos casos grosera, que no cambia el pasado aunque se empeñe incluso con decretos estatales.
A estas alturas seguro que podrán venir a su memoria al menos dos sucesos históricos marcados de violencia, desaparición forzada e impunidad: la Guerra Sucia (entre los años 1970 y 1980) con ataque sistemático contra grupos de izquierda y guerrilleros, y el movimiento estudiantil de 1968 reprimido brutalmente el 2 de octubre, 10 días antes de los Juegos Olímpicos.
Como regularmente ocurre en estas historias alternas, hay opacidad y hechos inconfesables porque el objetivo del Estado es exterminar al opositor, por cualquier medio. El ingreso de nuestro país a la democracia y la transparencia obliga al gobierno de la alternancia a esclarecer los acontecimientos de 1970-1980 y el llamado Halconazo o matanza del Jueves de corpus(del 10 de junio de 1971): el 27 de noviembre de 2001 Fox Quesada inaugura una oficina para resolver abusos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el periodo de la Guerra Sucia, la nombrada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), mejor conocida como Fiscalía del Pasado, con Ignacio Carrillo Prieto a la cabeza. Fiscalía que terminó sus funciones el 30 de noviembre en 2006, una vez concluido el gobierno panista. ¿Cuántas desapariciones forzadas se aclararon? ¿quién fue el responsable de ordenar capturas, torturas y ejecuciones? ¿A quién se acusó? Con pena hay que decir que no hubo resultados, ninguna respuesta.
Puede evocarse también otro evento sangriento perpetrado el 2 de octubre de 1968, con la fuerza del estado se reprime violentamente a los jóvenes en la Plaza de Tlatelolco que suma los asesinatos del Halconazo. ¿Cuántos estudiantes murieron el 2 de octubre? ¿Cuántos murieron el 10 de junio? No hay cifra exacta, nadie puede precisarlo, sólo se sabe que oscilan entre 25 y más de 300, por ridículo que parezca; además ¿quién es señalado como culpable de ordenar las masacres? No hay respuestas.
Lo que sucedió con el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto es para pensarse: primero, sentó en el banquillo de los acusados a Luis Echeverría Álvarez como responsable de la política interna en 1968 y presidente de 1970 a 1976, pero nunca pudo fincarle responsabilidad en su contra. Después, en 2014, la SCJN confirmó que Carrillo fuera “inhabilitado 10 años por negligencia administrativa y sancionado a pagar más de 11 millones de pesos”, como en 2011 había determinado la Secretaría de la Función Pública (La Jornada, 10 jul 2014).
Como el mismo exfiscal señala “fue uno de los trabajos más amargos que he tenido en toda mi vida”, y en todo caso no tuvo finalmente el apoyo político e institucional del presidente Fox (AP, octubre de 2018), para desenmascarar las operaciones del estado es interesante la serie de Julio Sherer en TV UNAM “CONFIDENCIAL, Expedientes de la Guerra Sucia”.
Ahora, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció la creación de la “Comisión por el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos entre los años 1965 y 1990”. Este evento se enfrenta por otro lado a la mítica historia de bronce con la que transitamos los ciudadanos, esa que se empeña en presentar información poco verídica. Veremos cómo resulta, porque se requiere del apoyo institucional, ese que se traduce en voluntad política para reconocer la verdad, y ¿qué verdad?, al menos para que el Estado respete los derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
