Después de la impactante noticia que reveló la operación de la organización autollamada Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF), con 19 niños de entre 6 y 16 años con la finalidad de disparar, y que se les está adiestrando para proteger a su comunidad en Alcozacán, impacta la crudeza de tal naturalidad.
El asesinato de 10 personas ayudantes de un grupo musical en manos de “Los Ardillos” (cinco calcinadas y cinco desmembradas), detonó que saliera a la luz lo que se perfila como una red de guardia comunitaria compuesta por 800 integrantes distribuidos en 16 comunidades indígenas nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero. Bernardino Sánchez, coordinador de los que considera como próximos policías comunitarios, porque si hubiera un enfrentamiento “ahorita” ellos no participarían sino los grandes.
El bloqueo de la carretera Chilpancingo- Hueycantenango desde el sábado 18 de enero, tiene el propósito de exigir al gobierno federal la detención de los asesinos. Está por demás preguntarse lo ético o no de involucrar a los niños en acciones de tal violencia, porque en realidad lo que priva es un instinto natural a la preservación de la vida de sus comunidades, sus familias, “que cuiden a sus hermanitos cuando vayan al campo” según el líder Bernardino.
¿Quiénes son esos niños? Al menos en el reporte de la revista Proceso, son huérfanos de la misma violencia que sufre esa zona, al menos desde el 27 de enero de 2019 que se reportaron 12 muertos y cuatro heridos en una refriega con Los Ardillos y los habitantes de Zoyapexco y Rincón de Chautla.
Entonces se conocieron videos con grupos de niños milicianos con armas de palo, pretendiendo dar un mensaje a Los Rojos y Los Ardillos, los delincuentes que azotan la región marginada, sin servicios educativos ni médicos, con alta migración, pobreza y nulo desarrollo. Entonces el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores se comprometió a detener a los líderes mafiosos, pero no ha pasado nada.
La CRAC-PF pide desde agosto de 2019 que el gobierno les dé autonomía para crear un nuevo municipio y presupuesto para operar con la guardia comunitaria, lo cual es muy remoto. Sin embargo, después de las autodefensas acalladas en 2014, cuando detuvieron al Dr. Mireles quien las lideraba, no se había conocido otro brote social defensivo. Es comprensible entonces que en medio de una crisis a la que no le ven salida, los pobladores se pronuncien con sendas muestras de desesperación.
Al mismo tiempo se está desarrollando la marcha por la Vida, Paz y Justicia que encabeza Javier Sicilia y Julián Le Barón, de quienes sabemos bien la desgracia que vivieron por el asesinato de sus familias. Con datos que refiere René Delgado Ballesteros son las marchas que se registraron desde noviembre 1997, junio 2004, agosto 2008, mayo 2011, noviembre 2014 y ahora, enero 2020, transitaron entre gobiernos priístas, panistas y ahora de Morena, con el mismo motivo: reclamo por la violencia que genera una delincuencia imparable que dejó el saldo global de 275 mil asesinatos, 61 mil desaparecidos, más de 3 mil fosas clandestinas, que ha provocado 378 mil desplazados; pero sin cifras de heridos, ni un índice que mida la afectación patrimonial o la afectación en la libertad de tránsito y de trabajo, porque no hay posibilidad de laborar dada la extorsión que llega a límites inimaginables. Sólo en 2019 suman 34,582 crímenes dolosos derivados de la violencia.
¿Cómo someter al crimen organizado? ¿Hay alguna posibilidad de erradicarlo?, tal parece que la Guardia Nacional tendría que ser la alternativa, pero la violencia es una espiral que ha crecido porque no tiene ideología ni respeta gobiernos.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
