Con 10 meses en el cargo, una docena de presidentes municipales no ha podido cumplir con recomendaciones emitidas por violaciones a Derechos Humanos heredadas por las administraciones anteriores, únicamente, en relación al año 2018 y dos que fueron emitidas en 2019, pero por hechos que eran competencia de sus antecesores.
De acuerdo con el listado de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en 2018 fueron emitidas un total de 16 recomendaciones, de las cuales solo fueron cumplidas cinco de ellas, mientras que en los primeros meses de este año ya fueron emitidas tres recomendaciones más.
Los municipios que mantienen casos abiertos son: Puebla, Tenampulco, Chiautla, Chietla, Tehuitzingo, Tlatlauquitepec, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tepeaca, San Gabriel Chilac, Venustiano Carranza, Amozoc, además de dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, estas con cinco recomendaciones del total.
Llama la atención que, en el último año, las dos recomendaciones emitidas para los municipios de Chiautla de Tapia y Chietla derivan de la violación al derecho de petición, es decir, que se trata de casos en los que los ciudadanos ingresaron algún escrito a las autoridades municipales salientes, pero nunca recibieron respuesta formal.
De igual forma destacan recomendaciones como la emitida al ayuntamiento de Amozoc, por violación a la Seguridad Jurídica y a la Vida, por la muerte de un detenido en los separos de la policía municipal, cuando gobernaba José Cruz Sánchez Rojas. La versión oficial indicó que se trató de un suicidio, pero los familiares argumentaron que se trató de un asesinato.
Caso similar es la última recomendación publicada en este año, dirigida a la SSP, debido que cuando aún estaba a cargo Manuel Alonso García, un interno murió tras permanecer encerrado tres días en el Cereso de San Miguel, con síntomas de abstinencia.
En general, las violaciones más recurrentes que fueron heredadas por los expresidentes a las autoridades en turno son: a la vida, seguridad personal y jurídica, integridad, legalidad, así como trato digno.
Las recomendaciones incluyen el inicio de investigaciones y la impartición talleres para la sensibilización de los trabajadores, sin embargo, 14 de estas recomendaciones continúan en trámite, sin contar las de años anteriores.
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