Después de los ires y venires en el famoso proceso de impeachment que encabezó el congreso norteamericano -la fracción demócrata en particular- contra el presidente Donald Trump, queda la duda de un proceso tan normal para los vecinos del norte y tan ajeno para nuestra cultura; además de la pregunta obligada ¿algún día llegaremos a tener un proceso así en nuestra vida política?
De entrada, efectivamente, el juicio de este tipo reclama un ambiente demócrata, con leyes y la cultura de que así es el proceso de destitución de un alto cargo (impeachment en inglés), en este caso del presidente de los Estados Unidos, que inició el 24 de septiembre de 2019 con la frase de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, “Los tiempos nos han encontrado”, los cargos: abuso de poder y de obstrucción al Congreso a raíz de un escándalo de presiones a Ucrania en busca de su beneficio electoral (el de Trump).
La acusación directa a Trump fue “quid pro quo”, en la jerga política norteamericana es intercambio “corrupto” de favores, frecuentemente se refiere a casos de soborno, extorsión y acoso sexual. El poder legislativo norteamericano tuvo a su cargo la investigación cuatro meses y medio (135 días), que concluyó el miércoles 5 de febrero de 2020 con la exoneración para Trump y con ello la posibilidad de una reelección. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2020 serán las elecciones presidenciales y veremos un impeachment definitivo, el de los ciudadanos.
El asunto es que el proceso institucional más grave de la política estadounidense, el impeachment o juicio político para destituir a un alto servidor público, se lleva a cabo sin mayor problema en los Estados Unidos, pero ¿qué consecuencias tiene? De manera natural los grupos son claros, uno que acusa (los demócratas), el otro que se defiende (republicanos), todos en el congreso investigan, y finalmente el Senado da el veredicto.
La cultura norteamericana practica la democracia como sistema desde su origen en 1776, esto implica que sea totalmente natural llevar alguien a juicio, así sea un personaje como el presidente. Queda claro desde cómo se llevó a Andrew Johnson en 1868, por un tema similar al de Trump, y a Bill Clinton en 1988, derivado del escándalo con Monica Lewinsky. El centro de los juicios está en la mentira que emitieron los señalados, un problema que involucró a los ciudadanos, como en el caso del Watergate.
En México nos suena más el llamado juicio político, el juicio de desafuero o el proceso político, pero en realidad no hay una formalidad para su aplicación. En la legislación mexicana es procedente el juicio político “cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (Art. 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en adelante LFRSP). Es oportuno dejar claro que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas (Art. 7 LFRSP)”, pero ¿será inmadurez democrática o recato político? Porque para algunos no deja de ser un show de mentiras el juicio norteamericano.
Finalmente, las consecuencias políticas de un juicio político dejan un penoso recuerdo para el juzgado, aunque sea exonerado, porque finalmente s un asunto moral y de ética pública. Igualmente, los partidos políticos tendrán su refrendo en la aceptación de sus adeptos, que regularmente se van a fortalecer; y por último, despidos, rechazos, de quien está en le poder y, como ahora, sale triunfante ante la mirada expectante del resto.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
