/ martes 11 de junio de 2019

Inaceptable humillación

Uno de los aspectos más controvertidos durante el proceso de conformación de la ya instaurada Guardia Nacional, fue el relativo a la notable preminencia de las fuerzas armadas, lo que se consideró como un riesgo porque en su operación pudieran vulnerarse los derechos humanos.

No obstante, la prevención de esos posibles excesos fue explícitamente considerada en las leyes secundarias, en particular, en la denominada Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, en la que se mandata que la actuación de los cuerpos de seguridad se deberá llevar a cabo con legalidad y bajo las formalidades necesarias para que los resultados de tales actuaciones puedan presentarse como evidencia válida ante tribunales.

En la normatividad se detalla igualmente que el uso de la fuerza será por “absoluta necesidad, legalidad, prevención, y proporcionalidad”, bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Especifica las amenazas letales inminentes; las conductas que ameriten el uso de la fuerza; los procedimientos del uso de la fuerza y los instrumentos a utilizar.

En esta ley se puntualiza también que la capacitación que reciban los agentes considerará los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género, manejo de crisis, estrés y emociones.

Sin embargo, no existe en ese marco normativo referencia alguna que refiera, en el contexto del respeto a los derechos humanos, que las fuerzas armadas o miembros de la Guardia Nacional deban llegar al extremo de la sumisión o a renunciar al uso legítimo de la fuerza, como ocurrió recientemente en La Huacana, Michoacán, donde un grupo de militares fue retenido y tuvo que soportar insultos y vejaciones por parte de civiles, miembros de presuntas “autodefensas”.

En aquella escena patética, divulgada ampliamente en redes sociales, se puede apreciar como los civiles empujan, gritan, amenazan, intimidan a los soldados, y luego uno grita a los militares: “Suelten las armas, pendejos, no estamos jugando”.

Y en efecto, tras comunicarse con su alto mando, los militares tuvieron que devolver las armas decomisadas, entre ellas una poderosa Barret, cuyas balas de 14 centímetros pueden tener un alcance de hasta 1.5 kilómetros y son capaces de perforar todo tipo de blindaje, incluso derribar aviones de guerra y helicópteros.

Cuesta trabajo entender como esa acción fue sido catalogada por el gobierno de la 4T como “un acto de valentía”, incluso que los militares hayan sido reconocidos por haber evitado un posible enfrentamiento colectivo.

Aunque aislado, ese incidente tiene enorme significado porque podría repercutir en circunstancias similares que tal vez ocurran en el futuro inmediato, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.

Ya diversos sectores sociales han mostrado su inconformidad por esos hechos, como ocurrió como el máximo órgano empresarial, la COPARMEX, que dijo celebrar que las fuerzas armadas busquen conducirse con completo apego a los derechos humanos, “sin embargo diferimos con el Ejecutivo en aceptar que la forma de lograrlo sea permitir la humillación del Ejército en plena visibilidad pública. Pretender que debemos escoger entre la protección del territorio y los derechos humanos, es un planteamiento ficticio y maniqueo que no abona en crear un estado de derecho”.

A este respecto, la encuestadora Mitofsky aplicó la semana pasada un estudio de opinión sobre la manera como deben actuar los miembros del Ejército Mexicano.

Seis de cada diez encuestados consideró que el ejército debe aplicar la ley en todos los casos, aunque tenga que enfrentarse con grupos de civiles si estos cometen algún delito y que deben permitirse mayores atribuciones en su actuación frente a la población civil, aunque pueda caerse en excesos

Y a pregunta sobre si se está a favor o en contra de que se aumenten las facultades del ejército para que no permitan ser sometidos por civiles, aunque esto signifique enfrentarse con ellos, el 67.9 de los mexicanos opinó a favor.

¿Qué estarán pensando ahora los 11 militares que fueron retenidos por el grupo de civiles, cuando en ellos prevalecen principios y valores como el patriotismo, honor, dignidad, valor y lealtad?

¿Dónde quedó el honor y los derechos humanos de los militares, representantes del Estado, de la ley?

¿Es así como se intentará preservar el Estado de Derecho?

Por desgracia, nada de eso ocurrió.

Uno de los aspectos más controvertidos durante el proceso de conformación de la ya instaurada Guardia Nacional, fue el relativo a la notable preminencia de las fuerzas armadas, lo que se consideró como un riesgo porque en su operación pudieran vulnerarse los derechos humanos.

No obstante, la prevención de esos posibles excesos fue explícitamente considerada en las leyes secundarias, en particular, en la denominada Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, en la que se mandata que la actuación de los cuerpos de seguridad se deberá llevar a cabo con legalidad y bajo las formalidades necesarias para que los resultados de tales actuaciones puedan presentarse como evidencia válida ante tribunales.

En la normatividad se detalla igualmente que el uso de la fuerza será por “absoluta necesidad, legalidad, prevención, y proporcionalidad”, bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Especifica las amenazas letales inminentes; las conductas que ameriten el uso de la fuerza; los procedimientos del uso de la fuerza y los instrumentos a utilizar.

En esta ley se puntualiza también que la capacitación que reciban los agentes considerará los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género, manejo de crisis, estrés y emociones.

Sin embargo, no existe en ese marco normativo referencia alguna que refiera, en el contexto del respeto a los derechos humanos, que las fuerzas armadas o miembros de la Guardia Nacional deban llegar al extremo de la sumisión o a renunciar al uso legítimo de la fuerza, como ocurrió recientemente en La Huacana, Michoacán, donde un grupo de militares fue retenido y tuvo que soportar insultos y vejaciones por parte de civiles, miembros de presuntas “autodefensas”.

En aquella escena patética, divulgada ampliamente en redes sociales, se puede apreciar como los civiles empujan, gritan, amenazan, intimidan a los soldados, y luego uno grita a los militares: “Suelten las armas, pendejos, no estamos jugando”.

Y en efecto, tras comunicarse con su alto mando, los militares tuvieron que devolver las armas decomisadas, entre ellas una poderosa Barret, cuyas balas de 14 centímetros pueden tener un alcance de hasta 1.5 kilómetros y son capaces de perforar todo tipo de blindaje, incluso derribar aviones de guerra y helicópteros.

Cuesta trabajo entender como esa acción fue sido catalogada por el gobierno de la 4T como “un acto de valentía”, incluso que los militares hayan sido reconocidos por haber evitado un posible enfrentamiento colectivo.

Aunque aislado, ese incidente tiene enorme significado porque podría repercutir en circunstancias similares que tal vez ocurran en el futuro inmediato, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.

Ya diversos sectores sociales han mostrado su inconformidad por esos hechos, como ocurrió como el máximo órgano empresarial, la COPARMEX, que dijo celebrar que las fuerzas armadas busquen conducirse con completo apego a los derechos humanos, “sin embargo diferimos con el Ejecutivo en aceptar que la forma de lograrlo sea permitir la humillación del Ejército en plena visibilidad pública. Pretender que debemos escoger entre la protección del territorio y los derechos humanos, es un planteamiento ficticio y maniqueo que no abona en crear un estado de derecho”.

A este respecto, la encuestadora Mitofsky aplicó la semana pasada un estudio de opinión sobre la manera como deben actuar los miembros del Ejército Mexicano.

Seis de cada diez encuestados consideró que el ejército debe aplicar la ley en todos los casos, aunque tenga que enfrentarse con grupos de civiles si estos cometen algún delito y que deben permitirse mayores atribuciones en su actuación frente a la población civil, aunque pueda caerse en excesos

Y a pregunta sobre si se está a favor o en contra de que se aumenten las facultades del ejército para que no permitan ser sometidos por civiles, aunque esto signifique enfrentarse con ellos, el 67.9 de los mexicanos opinó a favor.

¿Qué estarán pensando ahora los 11 militares que fueron retenidos por el grupo de civiles, cuando en ellos prevalecen principios y valores como el patriotismo, honor, dignidad, valor y lealtad?

¿Dónde quedó el honor y los derechos humanos de los militares, representantes del Estado, de la ley?

¿Es así como se intentará preservar el Estado de Derecho?

Por desgracia, nada de eso ocurrió.

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