Al dar inicio al 1er periodo ordinario de sesiones, del Congreso de la Unión, el primero de septiembre, el Presidente de la República les presenta un informe por escrito, del estado general que guarda la administración pública del país.
La historia señala que, en la Constitución de 1824, como norma jurídica, se determinó que los funcionarios públicos debían dar cuenta e informar sobre el estado de la administración. Norma que señalaba que los secretarios deberían dar esta información quedando excluido el Presidente de la República.
Sin embargo y a pesar de no estar obligado, el Primer Presidente en rendir un informe fue el General Guadalupe Victoria, el 1º de enero de 1825. En la medida en que va cambiando el sistema político, varia la forma de rendir cuentas, a manera de ejemplo el General Porfirio Díaz presentó 61 informes de gobierno.
En los últimos 2 sexenios, se ha entregado por escrito al Congreso de la Unión, y fuera de este recinto legislativo, el ejecutivo da un mensaje a la ciudadanía. Cabe destacar que el informe presidencial incluye un resumen detallado de las actividades, obras, relaciones establecidas y resultados del país, detalla los logros obtenidos, los gastos realizados con el presupuesto público, así como los planes y programas que se llevaran a cabo en el siguiente ejercicio.
El documento tradicionalmente detalla y aclara las causas del porque las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, planteadas por el Ejecutivo no se hayan cumplido ni solucionado.
La rendición de cuentas es una práctica milenaria. Por ejemplo, “durante la República romana, el senado tenía la atribución de llamar al cónsul a sus sesiones para rebatir sus decisiones arbitrarias. En plena Edad Media, incluso los reyes debían presentarse ante las cortes antes de aumentar los impuestos”.
A dos días de que el Presiente Andrés Manuel López Obrador, presente su primer informe ante el Congreso de la Unión, es pertinente aunque sea de manera somera comentar el escenario sobre la situación del país.
Al iniciar su administración, la preocupación ciudadana, era tener una mejora en la economía personal y familiar, la promesa del Presidente López Obrador, señalaba “sin incrementar la deuda, sin impuestos nuevos, ni aumentar los vigentes y sin gasolinazos, vamos a tener recursos suficientes para que haya mayor crecimiento económico”. A la fecha no ha habido un decremento en el precio de los combustibles como se prometió.
Lo plasmado en los criterios generales de política económica, proyectaban que la economía mexicana crecerá 2% en el 2019, para 2020 y 2021, se determina una expansión de 2,6% en el 2022 y 2023, de 2.7%, concluyendo el sexenio en un 2,8% para 2024; de acuerdo a las condiciones actuales, estas proyecciones estarán muy por debajo del prometido 4%.
El problema de la inseguridad ha sido la principal preocupación para nuestro país, seguido de secuestros y asesinatos de personalidades; que evidencian el grado de inseguridad que vivimos y que día a día se incrementan.
El amplio conocimiento del Presidente López Obrador sobre nuestro país, no le exime de tener presente que no todo es desigualdad ni pobreza, con su peculiar estilo de gobernar, ha abierto varios frentes y, desencantado a un gran número de mexicanos que aspiramos a tener un mejor país. Entre otras acciones, se requiere poner en marcha una nueva política industrial, que reactive la economía.
Como jefe del Estado Mexicano, debe dejar a un lado sus ideas, determinando el método, para que las acciones emprendidas puedan tener un mejor resultado si permite orientar sus ideas sobre el análisis, con el apoyo de expertos y especialistas, lograr un país desarrollado equilibrado y más equitativo.
Lo cierto es que la actividad económica se expande a niveles inferiores, generando un amplio rezago respecto a las necesidades de una población que está inmersa en un cambio demográfico y que mantiene niveles de pobreza y desigualdad. Los indicadores para México y el mundo, confirman la preocupante realidad económica, la cual condiciona márgenes de actuación, pero también imponen la necesidad de revisar y explorar alternativas, para hacerles frente.
La agenda nacional por su trascendencia, debe priorizar temas tales como inseguridad, desempleo, educación, pobreza, corrupción, ingobernabilidad, etc. el costo social y su trascendencia, sin duda impactará en el futuro inmediato.
Un buen gobierno se realiza consolidando a sus instituciones, sus titulares, tienen la obligación de generar confianza en la ciudadanía, a quienes obligadamente tienen que servir, actuando con profesionalismo, ética y miras de largo alcance, para tomar decisiones que nos permitan elevar y mejorar las condiciones de vida.
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