/ viernes 27 de noviembre de 2020

Inicio de la Nueva Justicia Laboral (Segunda de tres partes)

Grandes retos le esperan a la llamada Nueva Justicia Laboral, que como decía en el artículo anterior apuesta a la conciliación para resolver aproximadamente un 60% de los conflictos laborales, dejando el resto en manos de los jueces del Trabajo que dependerán de la Suprema Corte de Justicia, los de carácter Federal y de los Tribunales Superiores de Justicia los de los estados, terminando con la nefasta relación con el Poder Ejecutivo que solo trajo influyentismo y corrupción.

El primer gran desafío que advierto y que por desgracia es el menos comentado, por no decir el más ignorado, es el hecho de que desde el año de 1935 la Suprema Corte de Justicia determinó que “… el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elevó a la categoría de instituto especial de Derecho Público, al Derecho Industrial o de Trabajo”. Esta tesis no ha sido revocada hasta la fecha pese a su obsolescencia y falta de sustento jurídico. La Suprema Corte opta por un criterio formalista basado en el hecho de que el artículo 123 de la Constitución sienta las bases de nuestro Derecho y por lo tanto éste es también Constitucional y por ende Público.

Lo que sucedió y no ha sido enmendado por la Corte, es que en ese tiempo (1935) estaba incipiente y casi virgen el Derecho Social, que es en realidad al que pertenece el Derecho del Trabajo, y su doctrina poco se conocía. La obra de los teóricos de esta nueva rama del Derecho, los alemanes Gustavo Radbrucht y George Gurvicht solo se conocía en sus efectos con la Constitución alemana de Weimar de 1919. Y precisamente en 1935, apenas los alemanes con Erich Mollitor, se separaban de la teoría del contrato impuesta por Francia e imperante en la doctrina mundial estableciendo la teoría de la Relación de Trabajo, que tuvo como eje la efectiva realización de los servicios como fuente de la obligación en la materia y no el acuerdo de las voluntades que era la tesis del contrato.

Por cierto, justo es decirlo, en el año de 1940 un abogado poblano, Julio Alberto Sidaui, escribió su tesis profesional sobre este tema, lo que le valió reconocimiento a nivel iberoamericano, al grado de que su trabajo académico fue libro de texto en Argentina. Esto me lo corroboró personalmente el gran maestro de ese país sudamericano Francisco Cabanellas, cuando estuve en Caracas, Venezuela, en 1986, en el IV Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo.

Esta lamentable imprecisión de la Corte ha deparado funestas consecuencias en la preparación de los estudiosos y estudiantes de Derecho, específicamente en la materia laboral, aplicando híbridamente el Derecho Público y el Derecho Procesal Civil. En efecto, las facultades y escuelas de Derecho del país no imparten el Derecho Social como tal y menos el Derecho procesal del Trabajo. No conozco una universidad que tenga en sus planes de estudio al Derecho Social, salvo la de Guerrero con los doctores Ángel Ascencio y Nohemí Ascencio, quienes crearon un diplomado sobre Derecho Social y están en el camino de una obra de Derecho sobre el tema.

Resulta increíble que siendo el artículo 123 constitucional el primero que en el mundo elevó a la categoría de derechos sociales los derechos de los trabajadores, adelantándose 2 años a los teóricos de Weimar, siga nuestro más alto tribunal y nuestras escuelas y facultades de Derecho ignorando al Derecho Social. A mayor abundamiento, toda la teoría mundial y la OIT reconocen que el Derecho del Trabajo pertenece a la rama del Derecho Social.

De esta funesta imprecisión parte toda la debacle formativa para lo que ha dado en llamarse Derecho del Trabajo, que concretamente a partir del 2012 con el Presidente Calderón se transformó en derecho del empleo.

Continuaré la próxima semana con la tercera y última parte de este artículo. Gracias Puebla.

Grandes retos le esperan a la llamada Nueva Justicia Laboral, que como decía en el artículo anterior apuesta a la conciliación para resolver aproximadamente un 60% de los conflictos laborales, dejando el resto en manos de los jueces del Trabajo que dependerán de la Suprema Corte de Justicia, los de carácter Federal y de los Tribunales Superiores de Justicia los de los estados, terminando con la nefasta relación con el Poder Ejecutivo que solo trajo influyentismo y corrupción.

El primer gran desafío que advierto y que por desgracia es el menos comentado, por no decir el más ignorado, es el hecho de que desde el año de 1935 la Suprema Corte de Justicia determinó que “… el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elevó a la categoría de instituto especial de Derecho Público, al Derecho Industrial o de Trabajo”. Esta tesis no ha sido revocada hasta la fecha pese a su obsolescencia y falta de sustento jurídico. La Suprema Corte opta por un criterio formalista basado en el hecho de que el artículo 123 de la Constitución sienta las bases de nuestro Derecho y por lo tanto éste es también Constitucional y por ende Público.

Lo que sucedió y no ha sido enmendado por la Corte, es que en ese tiempo (1935) estaba incipiente y casi virgen el Derecho Social, que es en realidad al que pertenece el Derecho del Trabajo, y su doctrina poco se conocía. La obra de los teóricos de esta nueva rama del Derecho, los alemanes Gustavo Radbrucht y George Gurvicht solo se conocía en sus efectos con la Constitución alemana de Weimar de 1919. Y precisamente en 1935, apenas los alemanes con Erich Mollitor, se separaban de la teoría del contrato impuesta por Francia e imperante en la doctrina mundial estableciendo la teoría de la Relación de Trabajo, que tuvo como eje la efectiva realización de los servicios como fuente de la obligación en la materia y no el acuerdo de las voluntades que era la tesis del contrato.

Por cierto, justo es decirlo, en el año de 1940 un abogado poblano, Julio Alberto Sidaui, escribió su tesis profesional sobre este tema, lo que le valió reconocimiento a nivel iberoamericano, al grado de que su trabajo académico fue libro de texto en Argentina. Esto me lo corroboró personalmente el gran maestro de ese país sudamericano Francisco Cabanellas, cuando estuve en Caracas, Venezuela, en 1986, en el IV Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo.

Esta lamentable imprecisión de la Corte ha deparado funestas consecuencias en la preparación de los estudiosos y estudiantes de Derecho, específicamente en la materia laboral, aplicando híbridamente el Derecho Público y el Derecho Procesal Civil. En efecto, las facultades y escuelas de Derecho del país no imparten el Derecho Social como tal y menos el Derecho procesal del Trabajo. No conozco una universidad que tenga en sus planes de estudio al Derecho Social, salvo la de Guerrero con los doctores Ángel Ascencio y Nohemí Ascencio, quienes crearon un diplomado sobre Derecho Social y están en el camino de una obra de Derecho sobre el tema.

Resulta increíble que siendo el artículo 123 constitucional el primero que en el mundo elevó a la categoría de derechos sociales los derechos de los trabajadores, adelantándose 2 años a los teóricos de Weimar, siga nuestro más alto tribunal y nuestras escuelas y facultades de Derecho ignorando al Derecho Social. A mayor abundamiento, toda la teoría mundial y la OIT reconocen que el Derecho del Trabajo pertenece a la rama del Derecho Social.

De esta funesta imprecisión parte toda la debacle formativa para lo que ha dado en llamarse Derecho del Trabajo, que concretamente a partir del 2012 con el Presidente Calderón se transformó en derecho del empleo.

Continuaré la próxima semana con la tercera y última parte de este artículo. Gracias Puebla.