Al menos 170 investigadores de las universidades de Las Américas, Puebla (UDLAP) y Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) han levantado la voz por cuenta propia, para cuestionar la determinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de cancelar estímulos económicos para la realización de investigaciones en instituciones privadas.
Esta decisión, que afecta al 4 por ciento de los académicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por el simple hecho de no pertenecer a instituciones públicas, es considerada por los afectados como un acto de discriminación.
“Ello supone un trato discriminatorio en sí mismo, en vulneración al derecho humano a la igualdad recogido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México”, sostienen en su carta pública.
En el documento, dado a conocer este 28 de octubre, firmado por 114 científicos SNI de la UDLAP y por 56 de los 70 miembros SNI de la UPAEP, se hace referencia de que el CONACYT decidió ya no renovar los convenios institucionales respectivos que forman parte de los requisitos para el fondeo de las investigaciones.
La carta pública no lo dice, pero estos recortes representan para los afectados un duro golpe para sus ingresos, que va, de un 25 a un 50 o hasta un 100 por ciento adicional a los sueldos que les pagan en las universidades privadas a las que pertenecen, dependiendo del nivel en el que se encuentren.
“Los motivos que nos llevaron a elegir desarrollar actividades de investigación en nuestro país no son distintos a los de nuestros colegas en otras instituciones públicas y privadas, tales como nuestra pasión por la ciencia, el conocimiento y contribuir al desarrollo de soluciones a los problemas de México y a la formación de recursos humanos valiosos para el futuro del país, con los más altos estándares de calidad y competitividad nacional e internacional, involucrando en nuestros proyectos de investigación a estudiantes de variadas instituciones públicas del país”, expresan entre sus argumentaciones, que buscan que el gobierno federal revierta esta decisión.
Aunque en la redacción dejan ver una esperanza de que pueda darse una rectificación del gobierno, lo cierto es que sus pronósticos son completamente contrarios y algunos ya piensan en la manera de generar sinergias con sus respectivas universidades para buscar financiamientos privados de instancias nacionales e internacionales para mantener sus proyectos vigentes.
Además del malestar que en lo personal expresan los investigadores por esa decisión, que los estigmatiza en esta polarización muy del presidente Andrés Manuel López Obrador, como “investigadores ricos”, por ser de escuelas privadas, consideran que en general las políticas en materia de investigación científica parecen orientarse a que México siga una ruta de ser un gran productor de mano de obra barata y no de apuntalarse en la generación de patentes e investigación científica.
Y no vamos ni a la mitad del sexenio de la Cuarta Transformación.
Hasta la próxima.
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