Francisco José Romero Serrano dirá que no, pero ha llegado a la Auditoría Superior del Estado para cumplir los encargos del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, entre ellos el de preparar procedimientos administrativos que se activarán solo en caso de ser necesario contra todo exservidor público del pasado que represente un peligro político para la 4T, lo que apunta directamente a la contienda electoral de 2021 y al PAN.
En el Partido Acción Nacional dan por sentado que Morena no tendrá posibilidades de ganar los comicios intermedios en las principales ciudades del estado, lo que incluye Puebla, la cereza del pastel, y los municipios de la zona conurbada, lo que ha dado pie a una inusual agitación de aspirantes que ya desde ahora trabajan en lo individual para tratar de construir una precandidatura.
La premisa básica para elegir un candidato tiene que ver con sus capacidades, muchas veces personales, para atraer la mayor cantidad posible de sufragios.
El mejor, el que posea los más altos niveles de intención de voto, se suele argumentar, será el postulado.
No obstante, en esta ocasión los panistas tendrán que añadir una variable que puede resultar incluso más relevante que la presumible simpatía del personaje entre los eventuales electores, como es la viabilidad de salir bien librado en medio de una guerra de lodo que lleve como principales arietes de Morena (y del barbosismo) a la auditoría superior, a la fiscalía general (donde todavía despacha Gilberto Higuera Bernal) y en una de esas hasta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Todo aquel personaje que haya manejado recursos públicos en el pasado reciente y que sea susceptible de investigaciones por parte de cualquiera de esas tres entidades estará en riesgo de sufrir los embates de la 4T y, por tanto, de ir a una muy probable derrota electoral.
Inclúyase en este escenario a quienes colaboraron en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali Fayad, y a quienes, aun sin hacerlo de forma directa, tuvieron familiares cercanísimos, como cónyuges y hermanos, en posiciones de primer nivel.
Para ser candidato opositor a Morena, entonces, no bastará con analizar encuestas y sondeos de opinión, sino echar un vistazo a la historia personal, a los pecados del pasado y a la posibilidad de que el eventual abanderado termine en prisión por la comisión de algún hecho ilícito en su paso por la administración pública estatal.
¿Quiénes de los suspirantes que acudieron a la celebración por los 80 años del blanquiazul en el JP, el 8 de noviembre, podrán ir a la guerra electoral contra Morena y Barbosa sin temor a una embestida del aparato gubernamental?
Una valoración seria dejará fuera a por lo menos la mitad de los tiradores que apuntan, por ejemplo, a la presidencia municipal de Puebla, la posición de mayor relevancia que estará en disputa en los comicios intermedios.
Romero Serrano, que nunca se interesó en ocultar públicamente su simpatía política por Luis Miguel Barbosa y el Movimiento Regeneración Nacional, es un representante de los intereses del gobernador, como los anteriores auditores lo fueron de los mandatarios en turno, pero no será el único actor participante en esta trama.
Desde la fiscalía general del estado se hará lo propio, igual que desde el Tribunal Superior de Justicia, donde para ese entonces (2021) ya habrá un presidente afín al nuevo jefe del Poder Ejecutivo.
Los panistas tienen que librar un obstáculo complejo para ir bien armados a la disputa electoral, aun con la mala actuación de los gobiernos emanados de Morena –colocando en primerísimo lugar al del presidente Andrés Manuel López Obrador—y el desencanto que eso ha provocado entre los electores, sobre todo en las zonas urbanas.
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