/ miércoles 5 de diciembre de 2018

¿Ocurrencia personal o ‘línea’?, ¿qué motivó al magistrado Vargas?

Si el magistrado José Luis Vargas Valdez quiso detener las presiones externas con la difusión del proyecto de sentencia que propone anular la elección de gobernador en Puebla y retirarle así la constancia de mayoría a Martha Erika Alonso Hidalgo, la realidad es que consiguió todo lo contrario.

El integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso sobre alerta a la aún gobernadora electa y a su ejército de operadores, que emprendieron una robusta estrategia mediática para tratar de impedir la concreción del fallo que los mande a la lona.

Vargas Valdez le obsequió tiempo al morenovallismo, un bien intangible pero muy valioso que incluso en medio de la catástrofe le permite presionar a los actores involucrados para intentar –todavía—quedarse con la gubernatura.

Cada día que pase sin que sesionen los siete magistrados para resolver el caso Puebla será también un día de presiones para los integrantes de la Sala Superior, de esos esfuerzos de injerencia externa que, en teoría, la publicación de la propuesta de sentencia, realizada el domingo a través de redes sociales, vendría a aplacar.

Estudiosos de los diferendos electorales consideran que la medida fue precipitada y que podría dar pie a la reversión del proyecto, como ocurrió en 2015 en Colima, cuando la difusión también adelantada de la propuesta de sentencia, que en principio favoreció al PRI con el rechazo de la anulación de la contienda de gobernador que solicitaba el PAN, permitió a este partido voltear el dictamen y conseguir que se repitieran los comicios.

Alonso demanda apartar de la discusión al magistrado ponente, amaga con recurrir a instancias internacionales para defenderse de lo que ha denominado un “fraude institucional” y pide que la presidenta del Tribunal, Janine Otálora Malassis, se reúna con sus representantes legales para recibir nuevos alegatos en su favor.

Pese a eso, los personajes políticos de Morena que están metidos en la impugnación y que esperan ansiosos el fallo se muestran confiados.

Para ellos, el dictamen de Vargas Valdez ya definió la anulación, sin importar lo que pueda o pretenda hacer el equipo de Alonso Hidalgo para tratar de evitarlo.

“Los morenovallistas trataron de incidir en el voto de Vargas de muchísimas maneras. Sabían que sin ese voto y ese proyecto estaban acabados. Hoy van a hacer lo que puedan, que es presionar mediáticamente, pero la anulación ya está definida”, expresa una fuente inmersa en el epicentro de la toma de decisiones del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Para no dejar dudas sobre su conocimiento del asunto, afirma que el principal puente de comunicación de los Moreno Valle con el magistrado electoral fue Santiago Creel Miranda, padrino político de aquél.

Los morenistas también subrayan que no es habitual en el nuevo Presidente de la República cambiar de opinión o recular a partir de presiones políticas o mediáticas.

Tienen razón.

Aquí hay un punto valioso.

Aun cuando en público niegan el involucramiento de López Obrador en el conflicto postelectoral, en privado lo admiten.

Remiten a aquella condena que hizo el entonces presidente electo desde el aeropuerto de la Ciudad de México, un 20 de septiembre, cuando acusó que la elección de Puebla había sido manchada por la compra de votos.

Este cruce de factores es el que daría sentido al adelanto del magistrado ponente.

Hay versiones que afirman que dos de los siete magistrados, los que andan (o andaban) de viaje por Europa: Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, pretendían votar a favor de la ratificación de Martha Erika, por lo que tuvieron que ser reconvenidos a través de la red social Twitter.

De ser así, entonces José Luis Vargas Valdez habría tenido el aval presidencial para hacer lo que hizo.

Eso dejaría al panismo con nulas posibilidades de retener la gubernatura, muy a pesar de las instancias internacionales que quiera meter en el conflicto.


Twitter: @jorgerdzc

Mail: jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx

Si el magistrado José Luis Vargas Valdez quiso detener las presiones externas con la difusión del proyecto de sentencia que propone anular la elección de gobernador en Puebla y retirarle así la constancia de mayoría a Martha Erika Alonso Hidalgo, la realidad es que consiguió todo lo contrario.

El integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso sobre alerta a la aún gobernadora electa y a su ejército de operadores, que emprendieron una robusta estrategia mediática para tratar de impedir la concreción del fallo que los mande a la lona.

Vargas Valdez le obsequió tiempo al morenovallismo, un bien intangible pero muy valioso que incluso en medio de la catástrofe le permite presionar a los actores involucrados para intentar –todavía—quedarse con la gubernatura.

Cada día que pase sin que sesionen los siete magistrados para resolver el caso Puebla será también un día de presiones para los integrantes de la Sala Superior, de esos esfuerzos de injerencia externa que, en teoría, la publicación de la propuesta de sentencia, realizada el domingo a través de redes sociales, vendría a aplacar.

Estudiosos de los diferendos electorales consideran que la medida fue precipitada y que podría dar pie a la reversión del proyecto, como ocurrió en 2015 en Colima, cuando la difusión también adelantada de la propuesta de sentencia, que en principio favoreció al PRI con el rechazo de la anulación de la contienda de gobernador que solicitaba el PAN, permitió a este partido voltear el dictamen y conseguir que se repitieran los comicios.

Alonso demanda apartar de la discusión al magistrado ponente, amaga con recurrir a instancias internacionales para defenderse de lo que ha denominado un “fraude institucional” y pide que la presidenta del Tribunal, Janine Otálora Malassis, se reúna con sus representantes legales para recibir nuevos alegatos en su favor.

Pese a eso, los personajes políticos de Morena que están metidos en la impugnación y que esperan ansiosos el fallo se muestran confiados.

Para ellos, el dictamen de Vargas Valdez ya definió la anulación, sin importar lo que pueda o pretenda hacer el equipo de Alonso Hidalgo para tratar de evitarlo.

“Los morenovallistas trataron de incidir en el voto de Vargas de muchísimas maneras. Sabían que sin ese voto y ese proyecto estaban acabados. Hoy van a hacer lo que puedan, que es presionar mediáticamente, pero la anulación ya está definida”, expresa una fuente inmersa en el epicentro de la toma de decisiones del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Para no dejar dudas sobre su conocimiento del asunto, afirma que el principal puente de comunicación de los Moreno Valle con el magistrado electoral fue Santiago Creel Miranda, padrino político de aquél.

Los morenistas también subrayan que no es habitual en el nuevo Presidente de la República cambiar de opinión o recular a partir de presiones políticas o mediáticas.

Tienen razón.

Aquí hay un punto valioso.

Aun cuando en público niegan el involucramiento de López Obrador en el conflicto postelectoral, en privado lo admiten.

Remiten a aquella condena que hizo el entonces presidente electo desde el aeropuerto de la Ciudad de México, un 20 de septiembre, cuando acusó que la elección de Puebla había sido manchada por la compra de votos.

Este cruce de factores es el que daría sentido al adelanto del magistrado ponente.

Hay versiones que afirman que dos de los siete magistrados, los que andan (o andaban) de viaje por Europa: Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, pretendían votar a favor de la ratificación de Martha Erika, por lo que tuvieron que ser reconvenidos a través de la red social Twitter.

De ser así, entonces José Luis Vargas Valdez habría tenido el aval presidencial para hacer lo que hizo.

Eso dejaría al panismo con nulas posibilidades de retener la gubernatura, muy a pesar de las instancias internacionales que quiera meter en el conflicto.


Twitter: @jorgerdzc

Mail: jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx