La defensa de la autonomía de la BUAP, acuerdo al que llegaron ayer por amplia mayoría –solo una abstención y sin voto en contra- en el Consejo Universitario, es un hecho histórico que obliga a recordar que cuando el Estado ha intentado intervenir en la vida de la institución, lo menos que ha propiciado es inestabilidad y conflictos sociales, dentro y fuera de la casa de estudios.
Fue en diciembre de 1989, cuando el gobernador Mariano Piña Olaya metió las manos en la vida de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la historia concluyó con un maestro asesinado, Miguel Antonio Cuéllar Muñoz, por un sicario armado por el propio gobierno estatal que jamás lo detuvo, y la caída de un rector, Oscar Samuel Malpica Uribe.
El encono del mandatario Piña Olaya contra el rector, lo llevó a negar la entrega de recursos presupuestados, para que pagara Malpica el aguinaldo y salarios de 1989. El 22 de diciembre de ese año hubo una manifestación organizada por el Suntuap, del cine Puebla al Carolino, donde otros esperaban su pago en la Plaza de la Democracia.
Piña Olaya movió grupos de maestros universitarios para destituir a Malpica, lo que no pudieron hacer en el Consejo por una amplia mayoría y tomaron el edificio central de la Universidad, pidiendo recursos al gobernador para que el declarado rector interino por una fracción, Oscar Juvencio Monroy, pagara los aguinaldos y salarios y no lo hiciera Malpica.
La tensión llegó al máximo porque la manifestación estaba a media calle de la Plaza de la Democracia y pasadas las cinco de la tarde de un balcón del Carolino salió un pistolero que tiró contra la multitud y cayó muerto el maestro Cuéllar.
Provocó una estampida que vació la plaza y minutos después del suceso sangriento, los enviados de Piña Olaya entregaron en maletines en el Teatro Universitario los recursos líquidos, para que un día después Monroy cumpliera con el pago a los maestros y trabajadores universitarios.
Samuel Malpica había sido echado violentamente de la rectoría de la BUAP.
Hubo una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad en 1991, respetando la autonomía. Los gobernadores poblanos posteriores mantuvieron una sana distancia y evitaron inmiscuirse en la elección de los rectores.
Se aplicaron desde entonces auditorías externas y la institución rinde cuentas del subsidio que recibe de la federación, el porcentaje más alto, y del estado.
En diciembre pasado la Auditoría Superior local ordenó dos auditorías a la universidad sobre un ejercicio no concluido, el hecho fue inusual y excesivamente desaseado –hay evidencias de la prepotencia de los auditores que fueron grabados minuto a minuto en video-, el acoso y hostigamiento al que ha sido sometida la BUAP toda, no sólo la administración del rector, propició la carta de los directores que se publicó el lunes pasado y la decisión del Consejo Universitario de hacer pública su exigencia de respeto a la autonomía.
La universidad pública de Puebla está hoy más unida y fuerte por las agresiones externas a las que está sometida.
Hay visos que personeros del gobierno poblano pretenden inmiscuirse en la vida de la BUAP, no solo en la revisión de los recursos públicos que recibe y a la que está obligada a rendir cuentas como hasta ahora.
El máximo órgano de gobierno de la universidad pública poblana mostró ayer que no están dispuestos a rendir su gestión autónoma y menos cuando hay ejemplo recientes, como Nayarit, donde se llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, supuestamente pactadas por los gobiernos federal y estatal para resolver sus problemas económicos y manejar desde una oficina gubernamental a la institución nayarita.
En la 4T hay una tentación oficial por intervenir en la vida de las universidades públicas.
El año pasado se evitó que se derogara el concepto de autonomía establecido en el Artículo Tercero Constitucional, como envió una oficina de la SEP al Congreso Federal y se dijo que fue un error.
Hay autonomía universitaria y la BUAP en nada se parece a la “Autónoma” de Nayarit, que tiene graves problemas económicos y grupos políticos enquistados desde hace años.
En Puebla hay un relevo de los cuadros dirigentes y la mayoría del pasado está jubilado o a punto de hacerlo, las finanzas son estables y a pesar de los recortes ha mantenido el crecimiento de su infraestructura y amplió su matrícula.
Su calidad académica es incuestionable y es de las universidades de provincia más importantes del país y de América Latina.
La doctora Gloria Tirado Villegas escribió en un ensayo que: “En un momento coyuntural, el 17 de abril 1961 estalla un movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), cuyo objetivo de lucha fue institucionalizar una universidad laica y gratuita y lograr la autonomía real de la Universidad. La polarización de los grupos estudiantiles, liberales y conservadores, los llevó a confrontaciones extremas”.
Esos ideales siguen vigentes y por ello fue importante la sesión de ayer del Consejo Universitario de la BUAP, que refrendó la validez y vigencia de la autonomía, más allá de los intereses aviesos de personajes que quieren entrometerse y dominar una institución de educación superior que es de los poblanos no de los políticos.
De las anécdotas que se cuentan. La doctora Rosa María Márquez, actual regidora del Ayuntamiento de Puebla, fue vocera de Samuel Malpica en la BUAP. Con una trayectoria social intachable, conoce a detalle de las presiones que desde el gobierno estatal, en Reforma 711 y Casa Puebla, vivió aquella gestión universitaria.
Ella y su familia son parte de esa historia. Actualmente su hijo, David Méndez Márquez, es el poderoso subsecretario de Gobernación y también vivió y sufrió en carne propia esos años de lucha por la autonomía universitaria.
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