Desde que el equipo de abogados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su candidato Luis Miguel Barbosa Huerta supusieron que tendrían que seguir la ruta legal para controvertir los resultados de la elección del 1 de julio, el tema de la cadena de custodia ocupó la columna vertebral de su argumentación.
Documentar que la paquetería electoral no fue debidamente resguardada por el Instituto Electoral del Estado resultaba más tangible que poder soportar la idea de que hubo violencia generalizada durante la recta final de la elección.
Ciertamente hubo algunos actos atípicos con personas armadas, disparos o robo de urnas, pero ocurrió en puntos muy focalizados y son significativamente menores como para que la máxima autoridad tome como válida esta idea. Incluso los mismos abogados de Morena saben de casos en los que hubo “montajes” o “violencia simulada” con el fin de espantar a la gente y de que se suspendiera la votación en casillas.
Desde aquel 19 de septiembre, en el que, de manera histórica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó la determinación de hacer un recuento total de los votos y trasladar a la Ciudad de México el total de la paquetería electoral, en el partido de Andrés Manuel López Obrador se tomaron las precauciones para documentar con el mayor margen de detalle lo que consideraban el rompimiento de la cadena de custodia.
El recurso de impugnación se acompañó de actas notariadas donde se describen lo que consideran elementos de prueba para suponer que se incumplió con los protocolos legales para asegurar que la documentación de la elección no fuera alterada.
Y los magistrados del TEPJF no descartaron esa ruta. Por el contrario, como parte del juicio SUP-JRC-204/2018 la han profundizado a partir de indicios encontrados durante el proceso de recuento de votos y revisión de actas.
Quienes sostienen la tesis de que la elección fue legal esperarían del Instituto Electoral del Estado de Puebla una exhaustiva explicación de cómo se resguardó la paquetería electoral cuando el TEPJF así lo requiriera.
Pero el 31 de octubre, cuando le fue solicitada en un plazo de 48 horas toda la documentación, pruebas en video o fotografías que hicieran referencia a la cadena de custodia y resguardo de la paquetería electoral, el IEE tuvo omisiones.
La situación motivó a que el 7 de noviembre volviera, una vez más, a requerir la información al organismo público local electoral que encabeza Jacinto Herrera Serrallonga, lo que para el área jurídica de Morena significó un avance determinante en su proceso para tirar la elección.
Si demuestran que la cadena de custodia se vulneró, bastaría la existencia de algunas boletas falsas, la sospecha de alteración de actas o de violación de paquetería electoral para soportar la tesis de que se perdió la certeza en la elección, dicen. Entonces, vendría la anulación de los comicios.
Empero, los mismos asesores legales morenistas están conscientes de que su optimismo porque se concrete la anulación de la elección no siempre atiende a una lógica y, como muestra, ejemplifican lo ocurrido con la revocación de la multa de 197 millones de pesos a Morena por el caso de un fideicomiso que operó en tiempos electorales a favor de damnificados por el sismo.
A pesar de que resultaba evidente una rentabilidad política con dicho instrumento, la autoridad concluyó que la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo fallas (de forma, pero no de fondo) y, por tanto, frenó la sanción a ese partido.
Sea cual sea el resultado, la única certeza es que falta menos para saberse. La resolución no debe pasar del viernes 14 de diciembre. Unos especulan que será antes de que López Obrador asuma la presidencia de México el 1 de diciembre; otros más, que será entre el 18 y el 20 de noviembre.
Y hasta la próxima.
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