/ viernes 8 de abril de 2022

La crispación política deteriora el desarrollo de México

El avance de la economía en los tres últimos años ha sido poco favorable, de acuerdo a la encuesta realizada a 37 instituciones privadas por el Banco de México, del 18 al 30 de marzo, arrojan una expectativa de crecimiento de 1.76% para el actual 2022, y de 2.08% para 2023.

Con una inflación arriba de la prometida, inseguridad desbordada, desempleo al alza y el elevado costo de los combustibles, derivado del conflicto Ruso Ucraniano; son signos que deben representar no solo preocupación sino mayor atención gubernamental, para detener el deterioro de las empresas y el de las familias mexicanas.

Ante este entorno, el 1º de abril, se presentó al Congreso el documento Pre-Criterios de Política Económica para el 2023; prevé que, si a la economía mexicana le va bien, el PIB crecerá 3.4 por ciento. Escenario que se encuentra por debajo del planteado y aprobado del 4,1% en el presupuesto 2022.

La Secretaría de Hacienda considera que, para el resto del año, “el mayor control de la pandemia y el avance de las campañas de vacunación al interior de México y de sus principales socios comerciales ayuden a que los sectores intensivos en contacto de personas se recuperen”.

Considera que “la mejora en los problemas de logística y desabasto en las cadenas de suministro se concretará a partir de la segunda mitad de 2022, aun considerando las sanciones y el conflicto geopolítico con Rusia”.

En el documento, la Secretaría de Hacienda señala, “los pronósticos para el próximo año reflejan un aumento en la inversión pública por el avance de diversos proyectos de infraestructura que dinamizarán la región sur-sureste del país”. Además “se prevé que no sólo las entidades beneficiadas abonarían al mayor crecimiento de la actividad económica, sino que ésta se verá favorecida por una mayor interconexión del mercado interno”.

Por lo pronto habrá que tomar con reserva las expectativas que se señalan, debido a que estas, no coinciden con los pronósticos del consenso de analistas en las encuestas tanto de las instituciones financieras privadas y del Banco de México, como se señalan al principio de este artículo.

Más aun que en el 2021 el gobierno dejó de recaudar 129 mil millones de pesos por el impuesto especial a gasolinas (IEPS). Al SAT no ingresó ese dinero por suspender el impuesto y con ello mantuvo un precio estable, pero artificial.

Y con la tendencia actual, para el presente 2022, la pérdida en las finanzas públicas será de mayor presión; la recaudación no se recuperará, ante el “estímulo especial” (subsidio), para contener el alza mundial en el precio de los combustibles.

En la encuesta nacional de El Financiero publicada el pasado lunes, sobre la percepción de la opinión pública del manejo de la economía, del gobierno de López Obrador la desaprueba, así como en seguridad pública y corrupción, temas que afectan sensiblemente a la ciudadanía. En materia económica descendió de 47 a 46 por ciento entre febrero y marzo pasados, mientras que la opinión positiva bajó de 36 a 35 por ciento.

Si a lo anterior se agrega la reforma eléctrica, ante la posibilidad de generar energía de mayor costo, haría que México fuera mucho menos atractivo para las empresas e inversionistas. Ahora súmele que el domingo 10 de abril se realizará la mal llamada revocación de mandato, en un ambiente político, dominado por la polarización social y el debilitamiento del marco institucional del país, por los constantes ataques a las autoridades electorales.

El riesgo es que en un entorno político polarizado y de crispación, ejerza una influencia negativa en la economía mexicana, comprometa aun más su estabilidad económica y limite su crecimiento.

Sus comentarios jrobertofl2021@outlook.com


El avance de la economía en los tres últimos años ha sido poco favorable, de acuerdo a la encuesta realizada a 37 instituciones privadas por el Banco de México, del 18 al 30 de marzo, arrojan una expectativa de crecimiento de 1.76% para el actual 2022, y de 2.08% para 2023.

Con una inflación arriba de la prometida, inseguridad desbordada, desempleo al alza y el elevado costo de los combustibles, derivado del conflicto Ruso Ucraniano; son signos que deben representar no solo preocupación sino mayor atención gubernamental, para detener el deterioro de las empresas y el de las familias mexicanas.

Ante este entorno, el 1º de abril, se presentó al Congreso el documento Pre-Criterios de Política Económica para el 2023; prevé que, si a la economía mexicana le va bien, el PIB crecerá 3.4 por ciento. Escenario que se encuentra por debajo del planteado y aprobado del 4,1% en el presupuesto 2022.

La Secretaría de Hacienda considera que, para el resto del año, “el mayor control de la pandemia y el avance de las campañas de vacunación al interior de México y de sus principales socios comerciales ayuden a que los sectores intensivos en contacto de personas se recuperen”.

Considera que “la mejora en los problemas de logística y desabasto en las cadenas de suministro se concretará a partir de la segunda mitad de 2022, aun considerando las sanciones y el conflicto geopolítico con Rusia”.

En el documento, la Secretaría de Hacienda señala, “los pronósticos para el próximo año reflejan un aumento en la inversión pública por el avance de diversos proyectos de infraestructura que dinamizarán la región sur-sureste del país”. Además “se prevé que no sólo las entidades beneficiadas abonarían al mayor crecimiento de la actividad económica, sino que ésta se verá favorecida por una mayor interconexión del mercado interno”.

Por lo pronto habrá que tomar con reserva las expectativas que se señalan, debido a que estas, no coinciden con los pronósticos del consenso de analistas en las encuestas tanto de las instituciones financieras privadas y del Banco de México, como se señalan al principio de este artículo.

Más aun que en el 2021 el gobierno dejó de recaudar 129 mil millones de pesos por el impuesto especial a gasolinas (IEPS). Al SAT no ingresó ese dinero por suspender el impuesto y con ello mantuvo un precio estable, pero artificial.

Y con la tendencia actual, para el presente 2022, la pérdida en las finanzas públicas será de mayor presión; la recaudación no se recuperará, ante el “estímulo especial” (subsidio), para contener el alza mundial en el precio de los combustibles.

En la encuesta nacional de El Financiero publicada el pasado lunes, sobre la percepción de la opinión pública del manejo de la economía, del gobierno de López Obrador la desaprueba, así como en seguridad pública y corrupción, temas que afectan sensiblemente a la ciudadanía. En materia económica descendió de 47 a 46 por ciento entre febrero y marzo pasados, mientras que la opinión positiva bajó de 36 a 35 por ciento.

Si a lo anterior se agrega la reforma eléctrica, ante la posibilidad de generar energía de mayor costo, haría que México fuera mucho menos atractivo para las empresas e inversionistas. Ahora súmele que el domingo 10 de abril se realizará la mal llamada revocación de mandato, en un ambiente político, dominado por la polarización social y el debilitamiento del marco institucional del país, por los constantes ataques a las autoridades electorales.

El riesgo es que en un entorno político polarizado y de crispación, ejerza una influencia negativa en la economía mexicana, comprometa aun más su estabilidad económica y limite su crecimiento.

Sus comentarios jrobertofl2021@outlook.com