Cuando escucho las denuncias en contra de servidores públicos, incluso alguna que he leído por ahí, me causa un sentimiento de pena ajena y a veces de tristeza. Resulta que denunciar no es cosa sencilla o que se pueda hacer a la ligera, me refiero a que toda la campaña de denuncia para que un ciudadano común pueda dar cuenta o alerta a la autoridad pública de que se trate, y que en consecuencia actúe con todo el peso de la ley, tiene un proceso complejo.
Primero hay que aclarar que la denuncia debe estar enmarcada en la legalidad; segundo, la legalidad implica siempre un conjunto de normas y valores, pero también de actitudes y de percepciones, tanto del que denuncia como del que recibe esa acusación y aplica la ley. Hasta se podría decir que es una práctica de vida.
Entonces entramos al campo de la cultura, así que tanto la denuncia como la legalidad se viven desde la cultura. En ambos casos, la racionalidad es importante, el criterio, la madurez ciudadana, primero para conocer la ley y luego para identificar las acciones de funcionarios o ciudadanos que están al margen de ella. Aquí es donde puede que nos perdamos.
Dieter Nohlen, reconocido estudioso de democracia, instituciones, sistemas electorales, gobernabilidad, entre otros temas, en una conferencia magistral que impartió en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla el 2 de junio de 2008, hizo una afirmación que no puede pasar desapercibida en un análisis sensato respecto de la legalidad mexicana. Le preguntaron si él recomendaba que hubiera una nueva reforma electoral o que ya no era necesario, para mejorar nuestra democracia; la respuesta fue contundente: no era necesario cambiar la ley electoral, si acaso hacer algunas modificaciones, pero percibía un problema fundamental en nuestra cultura, la sospecha y la desconfianza de todos contra todos. Esas actitudes, en lugar de dirigirse hacia la mejora continua de la democracia, tal parecía que la complicaba y la hacía retroceder.
Así pures, para que sea fuerte y funcional una cultura de la legalidad, es importante que tenga leyes claras, cortas, fundamentales, que no tengan tantos reglamentos que finalmente solo confundan. Bueno, parece que así anda nuestra cultura de la legalidad, confundida. El cuerpo legal está esparcido, se tiene que recurrir a un abogado actualizado y ducho para saber por ejemplo qué hacer en caso de una violación, cuando hay acoso laboral o sexual, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando un funcionario público incurre en corrupción, etc. De entrada, son temas civiles o penales, o de fuero familiar o laboral, y un largo etcétera que escapa del conocimiento común cotidiano. De ahí que nuestra cultura de la legalidad sea frágil y problemática.
En cuanto a la cultura de la denuncia hay un asunto más: ¿cómo identifica un ciudadano que alguien ha incurrido en una falta? si bien hay unas muy evidentes, hay otras que no encuadran fácilmente con lo que estipula una ley, norma o reglamento. He aquí que de inmediato puedo observar tres problemas: primero, que el ciudadano interprete la ley adecuadamente; segundo, que identifique adecuadamente la acción irregular en el que quiere denunciar, y tercero, muy importante, que lo describa y presente pruebas o indicios objetivos, al ministerio público o autoridad correspondiente.
La denuncia es el pilar fundamental para que las leyes se cumplan y los responsables de impartir justicia la apliquen. Por lo tanto, el ciudadano denunciante puede mostrar o no su identidad, pero siempre esa denuncia debe estar fundada y motivada para poder castigar a los culpables, que se define en el artículo 16 constitucional: fundada, que se aplique exactamente al precepto legal, y motivada, señalar claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto. Pero, ¿cómo vamos a fundar y motivar razonablemente si nos encontramos con ciudadanos con una cultura del chisme, no de la denuncia? Personas que sólo quieren dañar al otro por venganza, rencor, y sentimientos malsanos, muy lejanos de la honestidad.
La salvedad está en ciudadanos que denuncian con pruebas o indicios reales, razonables, evidentes, así quienes están a cargo de investigar los hechos no pierden tiempo ni esfuerzos para determinar la responsabilidad, sobre todo en funcionarios públicos. Tal es el caso penoso de funcionarios públicos destituidos por prácticas de acoso laboral, prepotencia, corrupción. Ojalá en el 2020 nuestra cultura de la denuncia vaya madurando al respecto y transitemos, son mis mejores deseos para nuestro país, y que caigan los maloras. Va el abrazo con espíritu navideño.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
