/ domingo 20 de enero de 2019

La Guardia Nacional frente a la tragedia humana

El decreto de reforma que creó la Guardia Nacional el miércoles 16 de enero fue votado en la Cámara de Diputados con 362 votos a favor, 119 en contra, 4 abstenciones y 15 ausencias. Se requería mayoría calificada, que se logró con las bancadas de Morena, PES, PT, PVEM y PRI (sí, el PRI) y unos votos del PRD. Las leyes secundarias que se definan no tendrán oposición porque el partido del Gobierno tiene la mayoría simple para aprobarlas, sin el apoyo de ningún partido. Lo que sigue es que el Senado (128) apruebe con 59 senadores de Morena, 5 del PES, 6 del PT, 6 del PVEM y 15 del PRI, entonces no habrá marcha atrás.

Después de la crítica que durante todo el gobierno de Calderón y el de Peña hizo López Obrador de que las Fuerzas Armadas atendieran asuntos de seguridad pública, ahora se elevó a rango constitucional la militarización de la seguridad pública, no se llamarán policías militares.

Con este decreto, la llamada Guardia Nacional queda fuera de la prohibición del artículo 129 constitucional “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, independientemente de que sean más confiables y más efectivas que las policías locales o federal. La decisión de que actúe esa Guardia Nacional, dónde y cuándo, dependerá del criterio del presidente en turno.

La realidad es que México ha vivido una creciente militarización. Desde el 1º de enero de 1994, el protagonismo de las Fuerzas Armadas fue decisivo y se extendió más allá de la llamada zona de conflicto. Después, en 2006, la militarización llegó a muchos municipios considerados focos rojos, primero por el narcotráfico, después, en el gobierno de Peña (2012-2018), los militares llegaron a diversos ámbitos de la vida social y política. Paralelamente se han generado numerosas recomendaciones de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional declaró el jueves pasado que la creación de la Guardia Nacional para resolver la inseguridad en México es un proyecto que contradice el derecho internacional de Derechos Humanos, además, que los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas. En el caso que nos ocupa, no tiene límites claros a las funciones de seguridad pública, ese es el problema.

Pues bien, la tragedia que ocurrió el viernes 18 de enero en San Primitivo, Tlahualilpan, Hidalgo, mostró un fenómeno inusitado: la población rebasó al ejército resguardante. ¿Qué va a ocurrir en casos como linchamientos? ¿Tampoco van a reprimir a los violentos? ¿Hasta dónde van a dejar pasar y dejar ser? Es un evento desafortunado, 73 muertos y muchos desaparecidos, además de 74 heridos, en una escena dantesca, con un ejército que estratégicamente no intervino porque eran pocos (25) frente a un tumulto de 600 personas aproximadamente. Sí, hay problemas más profundos, ignorancia, pero también necesidad económica.

No por nada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la ONU, UNAM y el CIDE rechazan la creación de la Guardia Nacional porque se repetirían errores del pasado: se garantiza la impunidad militar, se vulneran los derechos humanos, sin garantizar que se termine con la impunidad, además de debilitar la institucionalidad civil y democrática. La historia nos remite a los países que han recurrido a este mecanismo, los cuales no han dado buenos resultados. Veremos.


*Doctora en Gobierno, Gestión y Democracia. Miembro Fundadora de la AMECIP.

El decreto de reforma que creó la Guardia Nacional el miércoles 16 de enero fue votado en la Cámara de Diputados con 362 votos a favor, 119 en contra, 4 abstenciones y 15 ausencias. Se requería mayoría calificada, que se logró con las bancadas de Morena, PES, PT, PVEM y PRI (sí, el PRI) y unos votos del PRD. Las leyes secundarias que se definan no tendrán oposición porque el partido del Gobierno tiene la mayoría simple para aprobarlas, sin el apoyo de ningún partido. Lo que sigue es que el Senado (128) apruebe con 59 senadores de Morena, 5 del PES, 6 del PT, 6 del PVEM y 15 del PRI, entonces no habrá marcha atrás.

Después de la crítica que durante todo el gobierno de Calderón y el de Peña hizo López Obrador de que las Fuerzas Armadas atendieran asuntos de seguridad pública, ahora se elevó a rango constitucional la militarización de la seguridad pública, no se llamarán policías militares.

Con este decreto, la llamada Guardia Nacional queda fuera de la prohibición del artículo 129 constitucional “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, independientemente de que sean más confiables y más efectivas que las policías locales o federal. La decisión de que actúe esa Guardia Nacional, dónde y cuándo, dependerá del criterio del presidente en turno.

La realidad es que México ha vivido una creciente militarización. Desde el 1º de enero de 1994, el protagonismo de las Fuerzas Armadas fue decisivo y se extendió más allá de la llamada zona de conflicto. Después, en 2006, la militarización llegó a muchos municipios considerados focos rojos, primero por el narcotráfico, después, en el gobierno de Peña (2012-2018), los militares llegaron a diversos ámbitos de la vida social y política. Paralelamente se han generado numerosas recomendaciones de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional declaró el jueves pasado que la creación de la Guardia Nacional para resolver la inseguridad en México es un proyecto que contradice el derecho internacional de Derechos Humanos, además, que los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas. En el caso que nos ocupa, no tiene límites claros a las funciones de seguridad pública, ese es el problema.

Pues bien, la tragedia que ocurrió el viernes 18 de enero en San Primitivo, Tlahualilpan, Hidalgo, mostró un fenómeno inusitado: la población rebasó al ejército resguardante. ¿Qué va a ocurrir en casos como linchamientos? ¿Tampoco van a reprimir a los violentos? ¿Hasta dónde van a dejar pasar y dejar ser? Es un evento desafortunado, 73 muertos y muchos desaparecidos, además de 74 heridos, en una escena dantesca, con un ejército que estratégicamente no intervino porque eran pocos (25) frente a un tumulto de 600 personas aproximadamente. Sí, hay problemas más profundos, ignorancia, pero también necesidad económica.

No por nada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la ONU, UNAM y el CIDE rechazan la creación de la Guardia Nacional porque se repetirían errores del pasado: se garantiza la impunidad militar, se vulneran los derechos humanos, sin garantizar que se termine con la impunidad, además de debilitar la institucionalidad civil y democrática. La historia nos remite a los países que han recurrido a este mecanismo, los cuales no han dado buenos resultados. Veremos.


*Doctora en Gobierno, Gestión y Democracia. Miembro Fundadora de la AMECIP.