Cuando la candidata de la Coalición Por Puebla al Frente al gobierno del estado, Martha Erika Alonso, condenó el sábado pasado en Ciudad Serdán el homicidio de una candidata a diputada y exigió con vehemencia su esclarecimiento y castigo, no solo clamaba justicia sino el fin de la impunidad.
“Es algo que no nos podemos permitir como estado, es algo que no nos podemos permitir como mujeres, yo exijo a la Fiscalía que se aclare ese asesinato, y que si el fiscal no puede dar resultados, que se vaya, pero ni una muerta más”, arengó desde la plaza pública.
Insistió que su administración trabajará por la seguridad y bienestar de las poblanas y ratificó “que renuncie el Fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, si no puede esclarecer el asesinato”.
La impunidad es el gran pendiente de la Fiscalía del Estado, porque en esta temporada electoral van 13 homicidios de candidatos y decenas de amenazados, sin que se conozca castigo alguno.
El clima de violencia, se sabe, tiene intereses, nombres y apellidos, pero la Fiscalía está lejos de ser una dependencia eficaz en el combate al crimen y la procuración de Justicia.
Un ejemplo de la impunidad es que hasta este momento no hay información relevante en torno al homicidio de Aarón Varela Martínez, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, municipio a unos kilómetros de la capital. Todo es un misterio.
Aarón estaba estacionado y con el cinturón de seguridad puesto cuando recibió cinco disparos. Su cuerpo fue hallado dentro de su camioneta, en la calle 16 de Septiembre de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula.
En un reportaje publicado esta semana en Animal Político se establece que “la Fiscalía General del Estado (FGE) descartó de inmediato el móvil de robo, pues todas las pertenencias del candidato estaban intactas, y a la fecha se desconoce si existen avances en la investigación de su asesinato.
“La FGE no respondió a la solicitud de Animal Político para conocer sobre el estatus y la actualización del caso.
“Si bien no hay líneas de investigación claras, militantes de Morena del municipio creen que fue por razones políticas”.
El objetivo de Aarón y sus simpatizantes era sacar al PRI de la presidencia municipal y arrebatarle el dominio a Antorcha Campesina, quien de inmediato se deslindó de los hechos violentos.
Santa Clara Ocoyucan es una población que refleja la desigualdad que padece el estado.
Tiene una zona ampliamente desarrollada donde se ubica gran parte de Lomas de Angelópolis y comunidades indígenas abandonadas sin agua, drenaje, ni pavimentación.
“En Ocoyucan está la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, cuyo nombre saltó a la escena pública por haber sido el escenario donde fue asesinado el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en 2014, en el marco de la polémica y entonces recién aprobada “Ley Bala” del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y las protestas contra la pérdida de autonomía de las juntas auxiliares, derivada de una reforma a la Ley Orgánica Municipal”.
El homicidio de un líder social que se perfilaba para ser el próximo presidente municipal, gracias a su activismo y trabajo en su comunidad no es un tema que se pueda y deba ignorar y mucho menos archivar en la Fiscalía, porque hay una familia y un pueblo agraviados que reclaman justicia.
“Aarón era abogado –trabajó un tiempo en el Ministerio Público– pero casi no litigaba; a lo que se dedicaba de lleno era a su negocio, un taller de costura en el que hacía playeras.
“Era casado y tenía tres hijos, una persona muy reservada con su vida privada, dicen, pero conocida y querida en el municipio. Tanto que una semana después de su asesinato un grupo de habitantes de Ocoyucan se manifestaron frente a la FGE para exigir justicia.
“Cuando se afilió a Morena empezó a hacer el trabajo de brigadeo, yendo de casa en casa a invitar personas. Aarón hizo un gran trabajo político para posicionar al partido a nivel local y cuando tuvo la oportunidad de ser candidato se anotó, como otras personas”.
Violeta Becerril, militante de Morena en Ocoyucan apunta:
“Honestamente no sabemos, a la fecha yo no puedo explicarme cómo es que sucedió (el homicidio), fue algo que nos tomó por sorpresa a todos, a todos, a todos sus cercanos en el equipo y a todo el pueblo, al municipio en general. Su muerte nos sorprendió a todos y lamentablemente con él se fueron las esperanzas de que el municipio pues tuviera otra cara”.
Ese dolor, esos agravios siguen ahí vivos, en la piel de una comunidad que se siente abandonada por sus autoridades estatales y municipales y avasallada por el desarrollo económico que, a pesar de todo, los condena a la marginación.
Los homicidios de Varela y el de Juan Domínguez deben castigarse.
No más impunidad.
El clamor de la plaza se escucha aún: “…si el fiscal no puede dar resultados que se vaya, pero ni una muerta (ni un muerto) más”.
De las anécdotas
que se cuentan
Aquella mañana, cuando Martha Erika Alonso supo por los medios que no iba a asistir a una reunión con Coparmex, lo primero que hizo fue mentar madres.
Estaba furiosa porque nadie la consultó y tomaron una decisión unilateral que dañaba su relación, ya de por sí complicada, con la cúpula empresarial después de su cancelación al encuentro del 14 de mayo.
Desde ese momento ella decidió que iba a aceptar una nueva invitación de Coparmex, lo que sucederá el próximo martes.
La decisión del coordinador de agenda tuvo consecuencias.
La primera la molestia de la candidata, después fijar posiciones si en verdad son equipo y quieren ganar la gubernatura.
Con esos “amigos”, Martha Erika para qué quiere a Barbosa.
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