Muchas son las leyes en un estado corrompido
Tácito, Historiador romano
Ante la llegada de la 4T al Gobierno Federal, una de las promesas de campaña más esperadas por la población fue la de recibir atención suficiente y universal en materia de salud, así como medicamentos gratuitos, más aún considerando la pandemia por la que atraviesa el mundo y la cual ha puesto en jaque la salud de las y los más vulnerables.
Muchos se preguntarán ¿qué no para eso ya existía el Seguro Popular desde el 2004? Sí, así es, pero la 4T argumentó que era necesario terminar con este sistema para atender a cualquier mexicana o mexicano que no tuviera seguridad social, sin la necesidad de afiliación alguna.
Fue así que a su llegada al poder, Morena desapareció este sistema e implementó a inicios del 2020 el llamado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual no pudo encontrar mejor marcó para nacer que la propia pandemia por covid-19.
Desafortunadamente, a más de un año de existencia este instituto no sólo no resolvió las problemáticas existentes del Seguro Popular, sino que creó nuevas y mucho más graves, ya que aunque el viejo sistema requería una afiliación que podía hacerse en 5 minutos, sí cubría un catálogo de servicios de salubridad en los denominados primer y segundo nivel, es decir, consulta externa y hospitalización de especialidades básicas, así como de tercer nivel o alta especialidad que abarcaba 66 padecimientos.
Por su parte el Insabi arrancó ofreciendo servicios solamente en los dos primeros niveles de atención, sin comprometerse al tercero, dejando a la población sin protección donde más la necesitaba.
A estas deficiencias en materia de salud, se han sumado las voces de cientos de padres y madres de familia de niñas y niños con cáncer quienes ya acumulan más 860 días sin recibir medicamentos oncológicos vitales para su recuperación y sin insumos para aplicarles sus quimioterapias.
Esta crisis por el desabasto de medicamentos se ha incrementado debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas, amparados en una lucha contra la corrupción.
Precisamente esa fue la idea -o eso se entendió- de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que estableció que la Oficialía Mayor de Hacienda sería la responsable de realizar las compras del sector salud, con lo cual se lograrían compras consolidadas, estandarización de procesos, se garantizaría el abasto oportuno y se obtendrían menores precios, evitando actos de corrupción.
Sin embargo, el escenario no pudo resultar más adverso e inverosímil, ya que actualmente las compras de medicamentos por parte del gobierno se han tornado más irregulares que nunca, poco transparentes y han priorizando la importación por encima de la producción nacional.
Incluso una investigación de Impunidad Cero y Justicia Justa, tras revisar cientos de documentos públicos e internos, así como amparos interpuestos por familias afectadas por el desabasto, concluyó que las decisiones tomadas con la idea de combatir la corrupción se hicieron sin medir las consecuencias para pacientes con cáncer y otras enfermedades como diabetes, VIH, hipertensión y fallas renales.
No ha sido sólo un tema de que alguien se quede sin un medicamento unos días o que haya tenido que pagarlo de su propio bolsillo, sino que ha trascendido en la pérdida de vidas inocentes.
Al respecto, la Asociación de Papás de Niños con Cáncer ha asegurado que más de 1,600 infantes con este padecimiento han fallecido debido a la escasez de estos insumos, en los últimos años.
Hoy, a más de dos años de ejercicio del actual gobierno federal, no queda más que declarar como una estrategia fallida el tema de garantizar el derecho a la salud en México, porque hoy, más que nunca, las y los mexicanos se encuentran sólos en el combate a sus padecimientos, sin atención y sin medicamentos.
A esta tragedia se suma de haberle fallado a los más vulnerables de este país que son las y los niños con cáncer, haberlos dejado solos con su dolor -no sólo físico- y haberles robado la ilusión de un mejor futuro.
No puede haber impunidad contra quien no se enteró que en México el cáncer infantil es un problema de salud pública al ser la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad.
No deja de ser una tragedia que a alguien no le importe que en México cada 4 horas muere un niño o niña por cáncer.
No puede dejar de importarnos el saber que la oportunidad de supervivencia depende de un diagnóstico temprano e incluso el 70 por ciento del cáncer es curable cuando se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado.
Este nivel de ineficiencia aquí y en China también es corrupción, justo como la que pregona combatir la 4T, por ello confío en que las y los mexicanos, así como los poblanos sabrán sopesar el (in)cumplimiento de estas promesas, ya que si bien las y los niños no votan, sí deben mover la consciencia social de que quien les falla a ellos nos falla a todos.
Gabriela Mistral dijo: “Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando, a él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy”.
