No se puede hablar de progreso cuando existe desigualdad y exclusión, en medio de la ignorancia y las muertes evitables; tampoco la sociedad puede prosperar ni vivir en paz con los actuales niveles de inseguridad.
El propio proceso de modernización, no tienen solución si seguimos por el mismo camino, si el gobierno no efectúa reformas de fondo; si no se ponen en práctica políticas alternativas, si no se imagina y traza un nuevo proyecto nacional. Durante la historia de nuestro país, los brotes de ingobernabilidad se han suscitado por falta de apoyos o de tacto político; lo cual ha deteriorado y lesionado la estructura social, debilitando al Estado Mexicano.
Los nuevos tiempos en México reclaman un diseño renovado de su porvenir y en consecuencia, una reforma integral. Tenemos que dar el gran salto del México desigual, a un México con equidad, solidaridad y justicia social, donde la opulencia y la miseria se moderen como lo vislumbro Morelos hace más de 200 años.
Al inicio del gobierno de López Obrador, se señalaba el nuevo rumbo de México, compromiso o expresión atrajo a la sociedad mexicana donde por supuesto la mayoría de los mexicanos coincidíamos en esta imperiosa necesidad.
Sin embargo, y a pesar del grado de aprobación del presidente, se vienen realizando manifestaciones, en diversos ámbitos de la actividad económica, política, social y de inseguridad, que afectan los derechos, las garantías individuales, gremiales y de asociaciones sociales.
Por tal razón es necesario elaborar una agenda con acciones y compromisos concretos, donde se evalúen y sean medibles, para cambiar de fondo a nuestro país y evitar que esta situación continúe sin la respuesta institucional, para frenar esta grave crisis que enfrenta el Estado Mexicano.
Debe evitarse que la indignación sucumba en la intolerancia de los grupos violentos que emergen de la clandestinidad, las clientelas partidistas o beneficios electorales; ello requiere inteligencia y objetividad en las acciones de gobierno, en el corto, mediano y largo plazo, para enfrentar esta difícil situación.
Los derechos sociales para los mexicanos deben ser una condición básica para avanzar hacia el país que todos anhelamos, no basta que dichos derechos se enuncien en la constitución, debemos avanzar y hacerlos exigibles.
Por ello, en la agenda actual del país, el desarrollo debe poner en el centro de su eje la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la inseguridad, debido a que ningún proyecto es viable, si no mejoran las condiciones de vida de la población. Necesitamos proyectos y acciones que promuevan el desarrollo del país, retomando la confianza en nosotros mismos, cambiar para anticipar los nuevos y grandes desafíos.
Difícilmente podremos avanzar en este sentido si no damos la debida prioridad a la educación; pues la actual sociedad del conocimiento está transformando a las sociedades industriales en sociedades basadas en el conocimiento y la innovación, lo cual implica orientar la inversión en estos rubros.
En el escenario actual, donde se tiende a disminuir el valor de la política, es necesario reivindicarla en su sentido originario, con la amplia participación ciudadana en los asuntos que interesan a todos, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para la consolidación de valores y propósitos útiles a la sociedad. Es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto a las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos.
En el desarrollo de nuestra democracia se escribe la nueva historia, pero esta nueva ruta, debe ampliarse y no solo se experimente: los ciudadanos deseamos que el desarrollo y evolución de la cultura democrática, se construya con proyectos sólidos y que no solo se arribe con la polarización, o apostando a campañas sucias o de desprestigio.
“El “nuevo rumbo” que México requiere, es el de la legalidad. Donde el Estado de derecho sea para todos. Que no se necesite dinero para acceder a la justicia. Que ser funcionario no sea sinónimo de impunidad ni corrupción. Que no se valga afectar a terceros para promover una causa o denunciar una arbitrariedad, por muy justas que sean la causa y la denuncia”.
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