En los cursos de Comunicación política que se imparten en las escuelas de Ciencia política o Ciencias de la comunicación hay un área que trata las crisis políticas. Me refiero a la difusión de una información para quitar presión y redistribuirla.
Parece que es el caso que hoy nos ocupa: me refiero a la decisión del magistrado José Luis Vargas, quien difundió el domingo 2 de diciembre a través de su cuenta de Twitter el proyecto que propone anular la elección para gobernador en el estado de Puebla.
La caja negra del proceso electoral impide saber qué tipo de presiones hubo, pero es sintomático cómo se mueven los actores involucrados, por lo tanto, se infiere que sí las hubo. Por un lado, el excandidato Barbosa -quien había reiterado que el conflicto poselectoral solo se resuelve con una elección exraordinaria- guarda silencio hasta el sol de hoy. Puede decirse que era de esperarse, pero también el silencio cuenta como comunicación. Por otro lado, la sana distancia de Barbosa hace ver entonces a la gobernadora electa (todavía) esgrimiendo una batalla campal en pro de que se resuelva refrendarle la mayoría.
Los argumentos que presentó el magistrado Vargas versan sobre la “violación de la cadena de custodia”, término que no existe en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), pero que se traslada para señalar irregularidades en el resguardo de los paquetes por parte del Instituto Estatal Electoral, así como compra de votos, robo de material electoral por parte de funcionarios estatales, violencia generalizada al interior de casillas (70 al menos), sustracción de documentos por funcionaria electoral, detención ilegal de brigadistas y parcialidad de autoridades electorales locales. Además, “no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega”, misma que “no atendía las disposiciones en materia de seguridad, pues esta contaba con más de un acceso principal”, además de que “no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes” y que “la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias”. Por tanto, la certeza y legalidad están en entredicho, con ello, la integridad del proceso.
Es el precio de la judicialización de las elecciones, pero bien lo vale. El recuento de todas las casillas en los 26 distritos electorales de la entidad, ordenado el 19 de septiembre por el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dio certeza al resultado electoral, que le refrendó en su momento el triunfo de la que sería la primera gobernadora de Puebla. Sin embargo, la demanda de Morena no cesó.
A decir verdad, el trabajo de Martha Erika al interior del estado se vio sellado desde que fue presidenta del DIF Estatal, después, como secretaria del PAN estatal se mantuvo en giras permanentes por toda la entidad. Esto es una ventaja frente a Barbosa, quien por designación directa de ya sabemos quién se inscribió en la contienda por la gubernatura.
Al margen de los anuncios de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que más bien parece amenaza, aunque esté en su derecho- y de haber presentado una denuncia ante la Sala Superior del TEPJF para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra el magistrado Vargas; si se repiten los comicios volvería a tener una mayoría tal vez no tan holgada, pero mayoría al fin, “así fuera por un voto”. Aquí el tema pendiente es que los magistrados se ven acorralados porque pareciera que hacer su trabajo los lleva exactamente a perder su trabajo, con la consecuencia de atropellar la independencia del poder judicial. De ahí que blindarse con una estrategia mediática fue genial a fin de darle cabida a que se equilibre el juego. Ya veremos.
*Politóloga. Doctora en Gobierno, Gestión y Democracia. Miembro Fundadora de la AMECIP.
