/ miércoles 22 de enero de 2020

La pelea Barbosa-Esparza ya es frontal

Muy poco duraron las expectativas pacifistas generadas por el recién estrenado secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, cuando anunció que buscaría al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, para tratar de dirimir el conflicto político que tiene como protagonistas al gobernador Luis Miguel Barbosa y al responsable de la máxima casa de estudios. La guerra sigue y subió de intensidad.

Por la mañana del martes, los diputados integrantes de la Comisión Inspectora remitieron a la Auditoría Superior del Estado una nueva denuncia, presuntamente ciudadana, en contra del rector.

Según esto, José Antonio Robledo y Meza, profesor e investigador del Colegio de Filosofía y de la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, fue por su propio pie y de manera voluntaria al Congreso del Estado para denunciar hechos que presumen el desvío de recursos públicos en la institución.

Como contexto del denunciante hay que asentar que sí existe, que ha sido crítico de las administraciones centrales en la universidad y que es un abierto simpatizante de Morena y la 4T, como quedó registrado durante su participación en el foro denominado “Retos para un nuevo rumbo”, celebrado en abril de 2019 con el auspicio del diputado perredista Armando García Avendaño.

La denuncia de Robledo y Meza supone la configuración de un nuevo instrumento jurídico en favor de Francisco José Romero Serrano y las acciones fiscalizadoras que ha emprendido en contra de la universidad y Esparza.

La Comisión Inspectora, que preside la diputada morenista Olga Romero Garci Crespo, le obsequió al auditor una herramienta más para trabajar en esa encomienda que le dieron y que consiste en poner contra las cuerdas al rector.

Alfonso Esparza respondió el mismo día.

Como piensa y sabe que Romero Serrano y Romero Garci Crespo solo reciben órdenes de Casa Aguayo, decidió contraatacar directo al gobernador.

En un movimiento inesperado, ordenó lanzar una campaña de defensa en beneficio de los poblanos inconformes con el programa de reemplacamiento y canje de tarjeta de circulación, promovido, por supuesto, por Luis Miguel Barbosa.

“El Bufete Jurídico de la BUAP pone a disposición de toda la sociedad poblana sus servicios gratuitos, para promover la defensa legal correspondiente en contra del cobro por el reemplacamiento y tarjeta de circulación. Se estarán recibiendo solicitudes y documentación, para una vez que entre en vigor el programa se proceda a la defensa respectiva”, ha anunciado la universidad.

La medida representa un golpe franco a la administración estatal y a Barbosa, que ya de por sí se encontraba en el foco de las críticas por la puesta en marcha de nuevas obligaciones tributarias para este año, entre ellas el reemplacamiento obligatorio.

La pelea sigue y seguirá.

Quizá, hasta que sanen las heridas políticas y personales derivadas de la contienda electoral del cada vez más lejano 2018.

***

¿Será casualidad que en el paquete de denuncias remitidas este martes a la Auditoría Superior del Estado hayan sido incluidas dos en contra del ayuntamiento de Puebla?

Los ciudadanos Luis Cortés y Nohemí Rodríguez Ramírez fueron al Congreso del Estado, también por su propio pie, para demandar la revisión de los recursos públicos ejercidos en el programa municipal de Presupuesto Participativo 2019 y en el programa de Bacheo Exprés, pues tienen la sospecha de que no fueron manejados como debe de ser, es decir, de manera transparente y honesta.

El gobierno de Claudia Rivera Vivanco fue auditado por la ASE a partir de la llegada de Romero Serrano, el mismo día que la BUAP.

Ahora fue denunciado por ciudadanos ejemplares que se preocupan por el buen manejo del dinero del pueblo, el mismo día que la universidad.

¿Mera coincidencia?

Que responda la presidenta municipal.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx

Muy poco duraron las expectativas pacifistas generadas por el recién estrenado secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, cuando anunció que buscaría al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, para tratar de dirimir el conflicto político que tiene como protagonistas al gobernador Luis Miguel Barbosa y al responsable de la máxima casa de estudios. La guerra sigue y subió de intensidad.

Por la mañana del martes, los diputados integrantes de la Comisión Inspectora remitieron a la Auditoría Superior del Estado una nueva denuncia, presuntamente ciudadana, en contra del rector.

Según esto, José Antonio Robledo y Meza, profesor e investigador del Colegio de Filosofía y de la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, fue por su propio pie y de manera voluntaria al Congreso del Estado para denunciar hechos que presumen el desvío de recursos públicos en la institución.

Como contexto del denunciante hay que asentar que sí existe, que ha sido crítico de las administraciones centrales en la universidad y que es un abierto simpatizante de Morena y la 4T, como quedó registrado durante su participación en el foro denominado “Retos para un nuevo rumbo”, celebrado en abril de 2019 con el auspicio del diputado perredista Armando García Avendaño.

La denuncia de Robledo y Meza supone la configuración de un nuevo instrumento jurídico en favor de Francisco José Romero Serrano y las acciones fiscalizadoras que ha emprendido en contra de la universidad y Esparza.

La Comisión Inspectora, que preside la diputada morenista Olga Romero Garci Crespo, le obsequió al auditor una herramienta más para trabajar en esa encomienda que le dieron y que consiste en poner contra las cuerdas al rector.

Alfonso Esparza respondió el mismo día.

Como piensa y sabe que Romero Serrano y Romero Garci Crespo solo reciben órdenes de Casa Aguayo, decidió contraatacar directo al gobernador.

En un movimiento inesperado, ordenó lanzar una campaña de defensa en beneficio de los poblanos inconformes con el programa de reemplacamiento y canje de tarjeta de circulación, promovido, por supuesto, por Luis Miguel Barbosa.

“El Bufete Jurídico de la BUAP pone a disposición de toda la sociedad poblana sus servicios gratuitos, para promover la defensa legal correspondiente en contra del cobro por el reemplacamiento y tarjeta de circulación. Se estarán recibiendo solicitudes y documentación, para una vez que entre en vigor el programa se proceda a la defensa respectiva”, ha anunciado la universidad.

La medida representa un golpe franco a la administración estatal y a Barbosa, que ya de por sí se encontraba en el foco de las críticas por la puesta en marcha de nuevas obligaciones tributarias para este año, entre ellas el reemplacamiento obligatorio.

La pelea sigue y seguirá.

Quizá, hasta que sanen las heridas políticas y personales derivadas de la contienda electoral del cada vez más lejano 2018.

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¿Será casualidad que en el paquete de denuncias remitidas este martes a la Auditoría Superior del Estado hayan sido incluidas dos en contra del ayuntamiento de Puebla?

Los ciudadanos Luis Cortés y Nohemí Rodríguez Ramírez fueron al Congreso del Estado, también por su propio pie, para demandar la revisión de los recursos públicos ejercidos en el programa municipal de Presupuesto Participativo 2019 y en el programa de Bacheo Exprés, pues tienen la sospecha de que no fueron manejados como debe de ser, es decir, de manera transparente y honesta.

El gobierno de Claudia Rivera Vivanco fue auditado por la ASE a partir de la llegada de Romero Serrano, el mismo día que la BUAP.

Ahora fue denunciado por ciudadanos ejemplares que se preocupan por el buen manejo del dinero del pueblo, el mismo día que la universidad.

¿Mera coincidencia?

Que responda la presidenta municipal.

Twitter: @jorgerdzc

jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx