La pobreza es la negación sistemática de los derechos humanos

Hoy se conmemora el Día internacional para la Erradicación de la Pobreza, y al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que, la pobreza en México se incrementó entre 2018 y 2020, asimismo; las mujeres son las que padecen más este problema con el 44.4% del total de la población, cifra mayor al 43.4% que corresponde a los hombres. En total, 55.7 millones de mexicanos están en pobreza, lo que significó un incremento de 3.8 millones respecto a los que había en 2018. Los estados con el mayor porcentaje de personas en pobreza extrema son: Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán.

El incremento de la pobreza en nuestro país se debe a diversos factores, entre ellos: la corrupción, la pandemia de COVID-19, las desigualdades en el sistema educativo, el desempleo, los bajos ingresos salariales, la escasez en servicios de salud, vivienda, agua y crecimiento demográfico, entre otros.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe “El desafío social en tiempos del COVID-19”, la crisis generada por el coronavirus arrastrará hacia la pobreza a más de 28 millones de personas; lo que representa 4 puntos porcentuales más frente a 2019. En total, casi 215 millones de personas quedaron en situación de pobreza en 2020 en Latinoamérica; es decir, cerca del 35% de la población, de las cuales, 83 millones están en condición de pobreza extrema y México será uno de los países con mayor impacto en términos de pobreza extrema, derivado de la crisis sanitaria.

A nivel mundial los veinte países más pobres, en relación con su Producto Interno Bruto son: 1. Republica Democrática del Congo, 2. Republica Centroafricana, 3. Zimbabue, 4. Níger, 5. Eritrea, 6. Guinea, 7. Madagascar, 8. Guinea Bissau, 9. Togo, 10. Mali, 11. Nepal, 12. Etiopía, 13. Unión de la Isla de las Comoras, 14. Ruanda, 15. Burkina Faso, 16. Uganda, 17. Haití, 18. Liberia, 19. Burundi y 20. República Islámica de Afganistán.

Lamentablemente, esta crisis golpea con mayor dureza a las mujeres, a la niñez, a las personas senectas, a las personas con discapacidad, a los refugiados, migrantes y a los pueblos originarios que en su gran mayoría son pobres; impidiendo la mejora de su bienestar humano fundamental, para el goce de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, al que cada individuo y todos los pueblos deberían tener acceso.

En sentido estricto, todos tenemos “el derecho humano al desarrollo”, que, doctrinariamente ha sido considerado como un derecho de tercera generación, pero que es interdependiente a los demás derechos humanos y para su goce como un proceso que envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar económico, social y político de todos los individuos y pueblos. El derecho al desarrollo, pronostica el goce de todos los derechos humanos, es decir; los derechos civiles, políticos y sociales, así como también el goce de la más amplia libertad y dignidad de cada ser humano.

La plena realización del derecho al desarrollo constituye una necesidad vital, no solo para los países en desarrollo, sino también para los países desarrollados. El principal responsable del derecho al desarrollo es el Estado, a quien le corresponde crear las condiciones favorables para el desarrollo de los pueblos y los individuos, tal como lo establece el artículo 2.3 de la Declaración al Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986.

Ante el aumento de pobreza y extrema pobreza en el mundo, en América Latina y particularmente en nuestro país, es necesario priorizar los recursos públicos con los que se cuentan; la educación, la salud y la creación de fuentes de empleo son indispensables para el desarrollo y crecimiento de un país, y son esenciales para no atentar conta la dignidad humana de los pueblos.