“La voz tiene poder, la gente escucha cuando hablamos; no se trata de combatir el terrorismo con la violencia sino con las palabras”.
Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014
Protestar es un derecho humano, se conjuga el derecho de expresión y de reunión garantizado en la Constitución y en todos los tratados internacionales, sin embargo, las manifestaciones cada vez más violentas ante el hartazgo social, nos conducen al eterno debate en la opinión pública de plantearnos una dicotomía falsa: si no avalas la protesta, estás en contra de la causa y a favor de la represión policial.
Y es que estar a favor de la libre manifestación, no significa que con ello se apruebe la violencia a la que se recurre de un lado y de otro: por parte de los manifestantes y los cuerpos policiacos.
Se puede apoyar una causa legítima por la que merece la pena manifestarse como medida de presión, sin avalar la violencia de encapuchados que desde la comodidad del anonimato, buscan desestabilizar, saquear, destruir y hacer pintas en propiedad privada o en edificios de gobierno.
La libre manifestación no debiera ser una licencia abierta para delinquir. Un estado democrático tiene el monopolio de la fuerza pública. Y si esa potestad se delega a cualquier grupo, los derechos de terceros se quedan a merced de la voluntad de los manifestantes.
El enojo, la impunidad y la indefensión en un país donde solo el 1% de los delitos que se denuncian son castigados, según la OSC Impunidad Cero, es el detonante idóneo para salir a tomar las calles y exigir a las autoridades soluciones, sin embargo, el fin no justifica los medios y la justicia no se debe tomar en propia mano.
La violencia ha escalado en las protestas y aunque han servido de válvulas de escape, poco han resuelto las demandas exigidas. Y es que trabajar por un cambio real pasa por la asignación de presupuesto en el Congreso, la creación de instituciones, políticas públicas y un marco legal para atender realmente la violencia contra las mujeres, la inseguridad y cualquier causa en México y el mundo.
La realidad dista mucho del discurso que el Presidente enarbola desde Palacio Nacional. Pese a que en 2020 el Gobierno de México pronostica un nuevo récord histórico de homicidios dolosos desde que se tiene registro, el PEF 2021 (Presupuesto de Egresos de la Federación) elimina el FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) que es un recurso federal indispensable para los municipios en el tema de seguridad para la formación de nuevos elementos de policía, capacitación, armamento, patrullas, cámaras de video vigilancia, etc.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el salario promedio de un Policía municipal es de $ 9,236 pesos brutos mensuales y en el Sureste del país es todavía menor en un 14.3%
Así que SIN presupuesto para la dignificación de la labor de los policías y sin capacitación, adquisición de tecnología, patrullas, el combate a la inseguridad es un discurso vacío.
Protestar es un derecho, pero no es suficiente para cambiar la realidad. Gritar aunque sea de impotencia nos libera pero no mejora la situación.
Apostarse por el camino de la ley y las instituciones, es el único que traerá beneficios a largo plazo, sin embargo, los gobiernos estatales y federal de la Cuarta Transformación no muestran signos de empatía para hacer el cambio ante la misma protesta social que encabezaron por décadas desde la oposición. Hoy los manifestantes cada vez más radicalizados, protestan ante un Gobierno que no los ve ni los oye. Un callejón sin salida y una verdadera bomba de tiempo.
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