“En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres”.
En la historia de México las formas de censura evolucionan, no así las intenciones de proteger la verdad, esta ha sido una constante que ha llegado a uno de sus momentos más críticos.
Desde el 2019, año en el que las agresiones contra los medios de comunicación comenzaron a ser más evidentes, presenté ante el Senado de la República una reforma al Código Penal Federal para establecer un capítulo titulado “Delitos en contra de la libertad de expresión''.
Esta iniciativa busca dar un trato urgente a las agresiones a periodistas, saldando uno de los principales obstáculos: la inacción del Ministerio Público, que en ocasiones no permite el conocimiento del caso por un juez de control, dejando impunes cientos de conductas delictivas. Así se agiliza y transparenta el ejercicio de la acción penal.
Hoy, hago una remembranza de esta iniciativa por la realidad que enfrentamos, la violencia contra periodistas está desbordada. En lo que va del 2022, en tan solo 5 semanas 5 periodistas han sido privados de la vida.
José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Martínez en Tijuana, Roberto Toledo en Michoacán, Marcos Islas en Baja California. Esto, sin omitir uno de los homicidios que más laceró la memoria de nuestro país, el de Lourdes Maldonado.
Lejos de que los programas de prevención cumplan su objetivo, las cifras aumentan. De acuerdo con Artículo 19, del año 2000 a la fecha, 149 comunicadores fueron asesinados quedando impunes el 90% de los casos; la administración de Felipe Calderón reportó el homicidio de 48 periodistas, la de Enrique Peña Nieto 47 y en los últimos tres años, se tiene el registro de 31 casos, si la tendencia continúa al final del sexenio alcanzaremos la vergonzosa cantidad de más de 60 periodistas agraviados en sus derechos más fundamentales.
Al día de hoy, somos el país, sin estado de guerra, más peligroso para ejercer el periodismo. Y ante esto, ¿cuál ha sido la estrategia del Presidente?: desde junio de 2021 cada semana en su “mañanera”, Elizabeth García Vilchis es la encargada de presentar “Quién es quién de las mentiras”, un espacio auspiciado con recursos públicos para exhibir supuestas noticias falsas y convencer a la población de una supuesta maquinación para atacar al gobierno en turno.
La omisión para enfrentar el problema arroja cifras contundentes, existe un incremento en el registro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para proteger los derechos de aquellos que han sufrido alguna agresión a causa de su labor. Al inicio de esta administración se contaba con un registro de 708 personas, en la actualidad opera con 388 millones de pesos para atender a 1508 beneficiarios.
El mecanismo federal está rebasado y requiere mayor coordinación para que la capacidad de respuesta sea efectiva e inmediata, las acciones realizadas hasta ahora no han sido suficientes. La protección de la libertad de expresión depende de la suma de voluntades, más de un asunto de partidos y colores.
La sociedad exige justicia para miles de voces que han sido calladas por quienes les incomoda la verdad, una vez más mi reconocimiento a las mujeres y hombres que arriesgan su vida confrontando la realidad que vive el país, compartiéndola con sentido crítico a la ciudadanía que demanda seriedad en la información.
