Cada año es lo mismo. Prometen que las comparecencias serán la ventana para evidenciar lo mal hecho en todo un año de gobierno, pero todo queda en dichos sin que haya cuestionamientos a fondo al desempeño de cada titular de las dependencias.
Así puede resumirse la primera parte de las comparecencias de los secretarios o responsables de áreas en el Ayuntamiento de Puebla por el primer año de trabajo de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.
No es nuevo lo sucedido en el salón de Cabildos de Palacio Municipal.
Lo mismo sucedió en años anteriores relacionado con administraciones a cargo de Eduardo Rivera, José Antonio Gali o Luis Banck Serrato.
Los responsables de lo ocurrido son los regidores que forman parte de la oposición.
En este caso, Por Puebla al Frente y del PRI bajo la figura de su única representante, Silvia Tanús Osorio, pero básicamente por sus pares de Morena del bloque llamado G5.
El pasado miércoles 16 de octubre arrancaron las comparecencias y hasta el día de ayer, suman 12 titulares de las dependencias que han circulado por el salón de Cabildos y prácticamente han salido ilesos, salvo algunos “raspones”, pero generados por sus actitudes y no por el trabajo desempeñado como el Contralor Municipal y el director del Sistema Municipal DIF.
En el caso del contralor David Riveroll, las quejas de regidores fueron por las evasivas en responder directamente las preguntas, lo que valió que los regidores de la comisión de Reglamentación levantaran una queja por escrito y dirigida a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para que sea amonestado.
El segundo caso, involucró a Benigno Romano Romano, director del Sistema Municipal DIF, por la agresión verbal hecha contra regidores al indirectamente considerarlos neuróticos.
Fuera de este par de casos, ningún funcionario municipal ha sido severamente cuestionado.
Los regidores del llamado G5, Rosa Márquez, Eduardo Covián, Marta Ornelas, Edson Cortés y Roberto Esponda, afirmaron que no se quedarían callados para evidenciar el supuesto mal trabajo realizado, pero hasta el momento han quedado a deber.
Sus preguntas no cuestionan, solamente se basan en satisfacer dudas sobre generalidades sin ir al fondo de temas como planeación y resultados.
La Secretaría de Bienestar -antes Desarrollo Social- ha sido una de las más criticadas por el incumplimiento de las metas y por la inversión tardía del gasto público. La titular del área salió bien librada.
Igual pasó ayer con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. El regidor de Morena, Roberto Esponda, dejó ir la oportunidad de preguntar pese a ser presidente de la comisión de Desarrollo Urbano en el Cabildo.
Los panistas igual cumplen a medias sin cuestionar a fondo.
A partir de este día, comparecerán los titulares de las dependencias con más “críticas o cuestionamientos” que han tenido a lo largo de un año.
Tal es el caso de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y la Secretaría de Movilidad.
El miércoles tocará el turno a la Secretaría de Gobernación y el viernes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana -antes Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal-.
Los secretarios pueden estar tranquilos porque el actuar de los regidores ha sido tibio… ¿o me equivoco?
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Cuentan que los más de 80 trabajadores de la subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal, esperan que autoridades del gobierno cumplan con lo prometido y reciban el prime pago de los salarios que no cobran desde agosto pasado.
A inicios de este mes se dio a conocer públicamente que la responsable de esa dependencia, Alma Delia González Arriaga, se negó a enfrentar el problema e incluso amagó con despedir a quienes externaran su malestar.
Vino la medición y el compromiso para que, en la primera quincena de noviembre, reciban los sueldos correspondientes a los meses de agosto y septiembre, con la promesa que antes de finalizar el año, no hubiera retrasos de tipo económico.
Los inconformes, que siguen laborando en los Centros de Prevención del Delito, así como el administrativo de la subsecretaría, ya se alistan a protestar en caso que el compromiso gubernamental sea incumplido.
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