/ viernes 21 de febrero de 2020

Las minas y los cárteles

Ahora que Grupo México anunció el martes pasado que entregará el título de concesión El Olivo, en el cual se localiza la mina accidentada de Pasta de Conchos y sus instalaciones, en San Juan de Sabinas, Coahuila, en respuesta a la solicitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vale la pena revisar qué pasa con la industria minera en Puebla.

La decisión del GM fue con el fin de que el gobierno disponga de la mina y reanude esfuerzos encaminados a la recuperación de los restos de los mineros fallecidos en 2006. Se trata de una decisión voluntaria de la empresa, sin que cause precedente.

La minería es un gran negocio que genera empleos pero no deja la riqueza que extrae en las comunidades donde se ubica.

Pasta de Conchos es un buen ejemplo y la empresa prefirió desprenderse de esa mina para mantener sus prerrogativas millonarias en otros yacimientos.

Hay un dato inquietante, en los últimos años, los carteles del narcotráfico se han involucrado con los mineros, ya seas cobrando piso a los industriales o vendiéndoles protección, Coahuila es un ejemplo.

En Puebla la actividad minera creció en los últimos ocho años y de acuerdo a investigaciones serias los Zetas tienen trabajo ahí y el Cartel Jalisco Nueva Generación pretende convertirse en el garante de la seguridad de las minas.

Se sabe que los cárteles cobran mensualmente una cantidad en dólares por preservar la seguridad de la inversión minera. Estas organizaciones cuidan todo el perímetro de las instalaciones los siete días de la semana y sólo le reportan al gerente del proyecto, a nadie más.

Cuando los grupos criminales protegen una instalación minera, no hay poder legal que se les

acerque.

Los policías municipales y estatales no tienen nada que hacer frente a ese poder fáctico que empieza a dominar territorios.

Desde el morenovallismo operan así; no sería extraño que lo hagan en la actualidad, mientras las autoridades federales tienen otras prioridades que no están precisamente en cuidar las minas.

Puebla cuenta con regiones que son focos de riesgo por la presencia de los cárteles.

Son docenas las minas que operan en la entidad; sólo que para las autoridades federales, apenas tienen registradas trece y sólo opera una.

Para el gobierno federal actual no hay actividad minera en el estado de Puebla, registran en “exploración”. Tuligtic como un proyecto que está en fase de “desarrollo” por Almaden, para extraer oro y plata.

De las concesiones mineras otorgadas en 2012, Almaden Minerals y su red de empresas filiales, se quedaron con el 76 por ciento de las 59 mil hectáreas concedidas. La empresa canadiense tiene doce proyectos mineros en explotación.

Actualmente de 15 consorcios que tienen proyectos en Puebla, una buena parte están en la “Sierra Norte” y el “Triángulo Rojo”, lo que genera riesgos políticos en el mediano y largo plazo por la oposición de los grupos indígenas y los ambientalistas.

Se ubican casi dos tercera partes en municipios gobernados por el PRI y dominados por caciques, aunque haya alcaldes de Morena.

En la Mixteca, sus minas tienen características especiales. Tecomatlán es dominado por Antorcha Campesina, quien se enfrenta en Puebla y en otros estados al CJNG, lo cual abre espacios a “Los Rojos” de Guerrero, a quienes hizo mención esta semana el gobernador Luis Miguel Barbosa.

Para los estudiosos de este fenómeno, 2012 fue el año de Almaden, la canadiense que domina los proyectos mineros.

El problema está ahí, presente y amenaza con ser un conflicto en los próximos años, porque hay oposición de la población a la explotación de las minas que devastan la riqueza natural de sus regiones y no deja desarrollo, todo lo contrario.

Peor aún, cuando quienes los cuidan son vigilantes de los cárteles y no los cuerpos oficiales de Seguridad.

Esta historia que empezó hace casi 10 años, está en sus primeras páginas y generará problemas que pueden convertirse en crisis.

De las anécdotas

que se cuentan

El vicealmirante Idelfonso Amezaga no tiene quién le diga.

Si lo tiene, lo engaña.

Esta semana declaró que su secretaría, Seguridad Pública y concretamente el C-5, tiene capacidad para responder a las denuncias de asaltos en el transporte público, integrado por más de 14 mil unidades.

La realidad es que si lo tiene no es eficiente y así quedó demostrado en un asalto la mañana del martes en una unidad de la Ruta Azteca, cuando el chofer apretó el botón de pánico y los policías no llegaron.

Los asaltantes se fueron con su botín y como Pedro por su casa.

El vicealmirante no supo decir cuántas unidades estaban ese día conectadas al C-5 y le echó la culpa a los transportistas y a la secretaría de Movilidad y Transporte.

La realidad es que el C-5 tiene que filtrar las llamadas para evitar las que son falsas y después reportar a los policías disponibles, en lo que tarda no menos de 10 minutos.

¿Quién le miente? O el vicealmirante no tiene quién le diga.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Ahora que Grupo México anunció el martes pasado que entregará el título de concesión El Olivo, en el cual se localiza la mina accidentada de Pasta de Conchos y sus instalaciones, en San Juan de Sabinas, Coahuila, en respuesta a la solicitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vale la pena revisar qué pasa con la industria minera en Puebla.

La decisión del GM fue con el fin de que el gobierno disponga de la mina y reanude esfuerzos encaminados a la recuperación de los restos de los mineros fallecidos en 2006. Se trata de una decisión voluntaria de la empresa, sin que cause precedente.

La minería es un gran negocio que genera empleos pero no deja la riqueza que extrae en las comunidades donde se ubica.

Pasta de Conchos es un buen ejemplo y la empresa prefirió desprenderse de esa mina para mantener sus prerrogativas millonarias en otros yacimientos.

Hay un dato inquietante, en los últimos años, los carteles del narcotráfico se han involucrado con los mineros, ya seas cobrando piso a los industriales o vendiéndoles protección, Coahuila es un ejemplo.

En Puebla la actividad minera creció en los últimos ocho años y de acuerdo a investigaciones serias los Zetas tienen trabajo ahí y el Cartel Jalisco Nueva Generación pretende convertirse en el garante de la seguridad de las minas.

Se sabe que los cárteles cobran mensualmente una cantidad en dólares por preservar la seguridad de la inversión minera. Estas organizaciones cuidan todo el perímetro de las instalaciones los siete días de la semana y sólo le reportan al gerente del proyecto, a nadie más.

Cuando los grupos criminales protegen una instalación minera, no hay poder legal que se les

acerque.

Los policías municipales y estatales no tienen nada que hacer frente a ese poder fáctico que empieza a dominar territorios.

Desde el morenovallismo operan así; no sería extraño que lo hagan en la actualidad, mientras las autoridades federales tienen otras prioridades que no están precisamente en cuidar las minas.

Puebla cuenta con regiones que son focos de riesgo por la presencia de los cárteles.

Son docenas las minas que operan en la entidad; sólo que para las autoridades federales, apenas tienen registradas trece y sólo opera una.

Para el gobierno federal actual no hay actividad minera en el estado de Puebla, registran en “exploración”. Tuligtic como un proyecto que está en fase de “desarrollo” por Almaden, para extraer oro y plata.

De las concesiones mineras otorgadas en 2012, Almaden Minerals y su red de empresas filiales, se quedaron con el 76 por ciento de las 59 mil hectáreas concedidas. La empresa canadiense tiene doce proyectos mineros en explotación.

Actualmente de 15 consorcios que tienen proyectos en Puebla, una buena parte están en la “Sierra Norte” y el “Triángulo Rojo”, lo que genera riesgos políticos en el mediano y largo plazo por la oposición de los grupos indígenas y los ambientalistas.

Se ubican casi dos tercera partes en municipios gobernados por el PRI y dominados por caciques, aunque haya alcaldes de Morena.

En la Mixteca, sus minas tienen características especiales. Tecomatlán es dominado por Antorcha Campesina, quien se enfrenta en Puebla y en otros estados al CJNG, lo cual abre espacios a “Los Rojos” de Guerrero, a quienes hizo mención esta semana el gobernador Luis Miguel Barbosa.

Para los estudiosos de este fenómeno, 2012 fue el año de Almaden, la canadiense que domina los proyectos mineros.

El problema está ahí, presente y amenaza con ser un conflicto en los próximos años, porque hay oposición de la población a la explotación de las minas que devastan la riqueza natural de sus regiones y no deja desarrollo, todo lo contrario.

Peor aún, cuando quienes los cuidan son vigilantes de los cárteles y no los cuerpos oficiales de Seguridad.

Esta historia que empezó hace casi 10 años, está en sus primeras páginas y generará problemas que pueden convertirse en crisis.

De las anécdotas

que se cuentan

El vicealmirante Idelfonso Amezaga no tiene quién le diga.

Si lo tiene, lo engaña.

Esta semana declaró que su secretaría, Seguridad Pública y concretamente el C-5, tiene capacidad para responder a las denuncias de asaltos en el transporte público, integrado por más de 14 mil unidades.

La realidad es que si lo tiene no es eficiente y así quedó demostrado en un asalto la mañana del martes en una unidad de la Ruta Azteca, cuando el chofer apretó el botón de pánico y los policías no llegaron.

Los asaltantes se fueron con su botín y como Pedro por su casa.

El vicealmirante no supo decir cuántas unidades estaban ese día conectadas al C-5 y le echó la culpa a los transportistas y a la secretaría de Movilidad y Transporte.

La realidad es que el C-5 tiene que filtrar las llamadas para evitar las que son falsas y después reportar a los policías disponibles, en lo que tarda no menos de 10 minutos.

¿Quién le miente? O el vicealmirante no tiene quién le diga.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

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