/ martes 14 de marzo de 2023

Ley 3 de 3

La política hoy por hoy debe ser entendida como el medio para generar las mejores condiciones de bienestar para quienes representamos, para quienes trabajamos. Los cargos de representación popular y el servicio público deben ser ocupados por personas que tengan un historial limpio y que sean ejemplo de integridad, honestidad y compromiso con el bienestar de la sociedad. La presencia de personas con antecedentes de violencia, ya sea en el ámbito familiar o político, puede minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los funcionarios públicos.

Si bien, la Constitución de nuestro Estado establece ciertos requisitos para obtener cargos de representación popular o para ser juez o mMagistrado del Poder Judicial, es por ello que considero que es fundamental que para acceder a esos cargos no debe de ser una persona que haya obtenido sentencia por temas de violencia familiar o por violencia política contra las mujeres, o en su caso, sea deudor alimentario, ya que, no podemos permitir que personas de este tipo tengan algún cargo público, ya que si eso hacen en sus hogares, qué podemos esperar con la sociedad.

Esta semana presentaré ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa a la Constitución de nuestro Estado para evitar que personas que hayan sido condenadas por violencia familiar, género o sean deudores alimentarios ocupen cargos de representación popular o presten su trabajo al servicio público. Esta ley es conocida como “Ley 3 de 3”.

Como legisladora tengo muy claro que nuestro trabajo también es crear las condiciones de confianza, credibilidad y legitimidad para la sociedad, nuestro trabajo tiene la gran responsabilidad de velar por los principios e ideales sobre los cuales está fundada nuestra sociedad.

La presencia de personas sancionadas como deudores alimentarios, por violencia familiar y violencia política de género en cargos de representación popular o en el servicio público es un problema que puede erosionar la confianza de la sociedad en las instituciones y perpetuar la violencia, si queremos erradicar las violencias en todos los sentidos en especial la que va enfocada a menoscabar los derechos de las mujeres, debemos dar estos pasos que permitirán que las futuras generaciones no vivan lo que muchas han vivido.

Sé y confío en que tendré no solo el apoyo de mi bancada, sino de todo el Congreso, es nuestra responsabilidad dignificar el servicio público.


La política hoy por hoy debe ser entendida como el medio para generar las mejores condiciones de bienestar para quienes representamos, para quienes trabajamos. Los cargos de representación popular y el servicio público deben ser ocupados por personas que tengan un historial limpio y que sean ejemplo de integridad, honestidad y compromiso con el bienestar de la sociedad. La presencia de personas con antecedentes de violencia, ya sea en el ámbito familiar o político, puede minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los funcionarios públicos.

Si bien, la Constitución de nuestro Estado establece ciertos requisitos para obtener cargos de representación popular o para ser juez o mMagistrado del Poder Judicial, es por ello que considero que es fundamental que para acceder a esos cargos no debe de ser una persona que haya obtenido sentencia por temas de violencia familiar o por violencia política contra las mujeres, o en su caso, sea deudor alimentario, ya que, no podemos permitir que personas de este tipo tengan algún cargo público, ya que si eso hacen en sus hogares, qué podemos esperar con la sociedad.

Esta semana presentaré ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa a la Constitución de nuestro Estado para evitar que personas que hayan sido condenadas por violencia familiar, género o sean deudores alimentarios ocupen cargos de representación popular o presten su trabajo al servicio público. Esta ley es conocida como “Ley 3 de 3”.

Como legisladora tengo muy claro que nuestro trabajo también es crear las condiciones de confianza, credibilidad y legitimidad para la sociedad, nuestro trabajo tiene la gran responsabilidad de velar por los principios e ideales sobre los cuales está fundada nuestra sociedad.

La presencia de personas sancionadas como deudores alimentarios, por violencia familiar y violencia política de género en cargos de representación popular o en el servicio público es un problema que puede erosionar la confianza de la sociedad en las instituciones y perpetuar la violencia, si queremos erradicar las violencias en todos los sentidos en especial la que va enfocada a menoscabar los derechos de las mujeres, debemos dar estos pasos que permitirán que las futuras generaciones no vivan lo que muchas han vivido.

Sé y confío en que tendré no solo el apoyo de mi bancada, sino de todo el Congreso, es nuestra responsabilidad dignificar el servicio público.