El pasado 21 de noviembre el director de Movilidad de la ciudad de Puebla, Emmanuel Vara Zenteno, murió tras ser atropellado a bordo de su bicicleta por un camión del transporte público. Este caso, como muchos otros, se suman a los de una larga lista de víctimas fatales que crece por decenas todos los días.
Las cifras oficiales –presentadas en Animal Político– revelan que, en promedio, al menos 32 personas mueren cada 24 horas en México por accidentes vehiculares y hechos de tránsito. Y el dato, año con año, va en ascenso. De acuerdo con los expertos, esas muertes no tenían por qué haber ocurrido y el problema va más allá de la imprudencia de los involucrados. Tienen su origen en la falta total de una política pública nacional orientada a reducir al mínimo las muertes de tránsito en todos los estados del país.
Por ello y desde hace cinco años, expertos y ciudadanos –agrupados en organizaciones civiles y con apoyo de legisladores de diversos partidos– trabajan en el diseño de la primera Ley General de Seguridad Vial en el país, con la que buscan establecer reglas homologadas para mejorar la seguridad de todos los usuarios de vía pública, desde peatones hasta automovilistas.
De acuerdo con Animal Político, la iniciativa se encuentra en la fase final de adecuaciones y se prevé que a más tardar en febrero próximo sea presentada por las comisiones de movilidad de la Cámara de Diputados y Senadores.
Esta Ley se sustenta en cinco principios rectores:
1. Gestión de la seguridad vial
2. Comportamiento de usuarios en vía pública
3. Vehículos seguros
4. Atención medica prehospitalaria
5. Infraestructura vial adecuada
Las medidas e innovaciones que incluirá la Ley General de Seguridad Vial se encuentran:
• Morir en la calle no es normal: nueva jerarquía de movilidad – la prioridad para el uso de la vía pública es para las personas con movilidad limitada y peatones, seguidos de ciclistas, usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga y, al final, usuarios de vehículos particulares.
• Licencias homologadas… y con examen – se plantea la creación de un Registro Nacional de Conductores; para ello, se establece que cada licencia de conducir que se expida en los estados, independientemente de las características que cada gobierno local fije, deberá contar con un número único que identifique al dueño de dicha licencia en el país.
• Alcoholímetro más estricto y para todos –se establecerá la obligación que tendrán todos los gobiernos locales de realizar pruebas de alcoholímetro en su zona de jurisdicción. Esto con la finalidad de prevenir accidentes cometidos por personas que manejan en estado de ebriedad.
• Datos duros, confiables y transparentes – también incluirá diversas disposiciones para obligar a los estados a generar estadísticas más precisas y claras sobre la ocurrencia de hechos de tránsito y los saldos que estos generan. Se prevé que la información sea concentrada por un Observatorio Nacional que la sistematizará y, a su vez, la transparentará periódicamente.
• Ninguna obra más sin pensar en peatones y ciclistas – se establece lineamientos generales para que, a partir de su promulgación y entrada en vigor, cualquier obra de infraestructura que se desarrolle en el país tenga como uno de sus componentes obligatorios la adecuación de espacios suficientes para la movilidad prioritaria de peatones y ciclistas.
• Coches más seguros y contra daños a terceros – se ordenará que se trabaje en la elaboración de una Norma Oficial de Seguridad para los Vehículos a través de la cual deberá fijarse un catálogo de características con la que deberán cumplir todos los coches que fabriquen en México, independientemente de la marca.
• Velocidades máximas homologadas – busca que se establezca una política homologada en cuanto a los límites máximos de velocidad que puede alcanzarse en una arteria primaria o secundaria, independientemente de la entidad federativa de la que se trate.
• Fondo Nacional de Seguridad Vial – se contempla la creación de un fondo, operado a través de un fideicomiso público operado por la Secretaría de Hacienda, que permita agrupar recursos públicos y privados que se destinarán para financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito.
• Atención médica prehospitalaria – se establecerá, claramente, que es una obligación de los tres órdenes de gobierno el implementar un sistema de atención médica prehospitalaria homologado, que garantice una atención oportuna y eficaz a las personas que resulten lesionadas en un accidente de tránsito.
Una vez creado este marco regulatorio, se podrán asignar –desde la Federación– recursos al fortalecimiento de la seguridad vial, algo que hasta ahora no sucede en México.
