En días recientes, periodistas y medios reconocidos como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Proceso, han ampliado la información sobre tres casos que amenazan con dinamitar definitivamente las posibilidades de los adversarios electorales de Andrés Manuel López Obrador y Morena, si no de ganar, al menos de cerrar la próxima elección presidencial. Los tres casos tienen en común una misma fuente de alto nivel en la Auditoría Superior de la Federación.
Sobre la estafa maestra, los avances han llevado a los auditores forenses de la sorpresa a la indignación. No se trata de simples anomalías y desvíos. Los responsables, encabezados por Rosario Robles y su oficial mayor, Emilio Zebadúa, como si del peor cártel se tratara, urdieron un sistema ingenioso, lleno de burdas triquiñuelas y algunas complejas maquinaciones, para disimular y encubrir sus millonarios ilícitos.
Según las estimaciones de la ASF, habrían sido más de 6 mil millones de pesos pagados a empresas fantasmas, mismas que fueron utilizadas para triangular o redirigir la totalidad de los recursos y permitir su entrega en efectivo a los operadores, mediante el uso de varios vehículos blindados que llegaron a una serie de domicilios que la Auditoría ya está investigando. Lo que siguió fueron diversas operaciones de compra de inmuebles, depósitos en cuentas privadas y entrega del remanente en efectivo con evidentes fines político-electorales.
El destino del dinero desviado por Robles y su equipo en la SEDESOL y la SEDATU apunta al PRI y sus campañas, en especial la del Estado de México en 2017 y la presidencial de 2018. Pero con una particularidad: Rosario esperaba que el beneficiario final de las carretadas fuera su padrino político, Miguel Ángel Osorio Chong, pero se les atravesaron Videgaray y Meade. Tal vez eso explique por qué se ha acelerado el deshilado de la madeja y que el ex secretario de gobernación haya tendido valiosos puentes con el candidato presidencial de Morena, a través del PES y la mediación de Ricardo Monreal, ofreciendo información y gobernabilidad a cambio de libertad y vida política.
El segundo de los casos tiene que ver con el lavado de los moches que recibió Ricardo Anaya cuando fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y luego como dirigente nacional del PAN, para el financiamiento de su candidatura presidencial. Moches provenientes de la entrega de recursos del ramo 23 a estados y municipios (más de 18 mil millones de pesos por año), para el financiamiento de proyectos preparados, avalados, desarrollados y revisados ¡por los mismos diputados y sus proveedores!
Cómo olvidar las denuncias en ese sentido de la diputada panista Kathia Bolio Pinelo y del senador Ernesto Cordero, quienes detallaron cómo la gente de Anaya gestionaba la entrega de recursos a través de las empresas consultoras que manejaban y finalmente cobraban una comisión del 17% de los recursos que obtuvieran sus asesorados (más de 3 mil millones).
Por si fuera poco, en 2017 la ASF detectó irregularidades por 221.4 millones de pesos relacionadas con el manejo y destino de estos fondos federales, basado en incumplimiento de la normativa, gastos injustificados, pagos no autorizados, desvíos y obras no realizadas o de mala calidad. En las pesquisas seguidas por la PGR a instancias de la ASF y las denuncias de los prestanombres en la empresa Manhattan Master Plan Development S de RL de CV, no tarda en descubrirse cuál fue el verdadero papel de Manuel Barreiro, amigo íntimo de Anaya, en toda esta trama, quien evidentemente no estaría dispuesto a sacrificarse por alguien que seguramente no habrá de llegar a la presidencia para liberarlo.
Pero el tercero los casos, tal vez sea el más grave de todos y explica la negativa de López Obrador a continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en caso de ganar la elección. Sobre el particular, la ASCM y la Comisión de Seguimiento que preside el diputado federal perredista Rafael Hernández Soriano, han detectado sobrecostos por más de 50 mil millones de pesos respecto al plan original, a lo cual hay que sumar retrasos y errores en las obras, ocultamiento de información sobre los convenios internacionales para las líneas de crédito con la banca extranjera y la colación de bonos verdes en la Bolsa de Valores con la complicidad del INAI, la hipoteca del aeropuerto por 50 años prorrogables a 100 y la adjudicación ilegal de contratos, como en el caso de la barda perimetral, que le fue otorgado a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien a su vez subcontrató empresas particulares, sin importar la prohibición legal al respecto.
Sobre el tema de la barda, Aristegui Noticia acaba de revelar que, según reportes de la ASF, el proyecto original tenía un costo de 1,547 millones de pesos, pero se encareció un 89% hasta llegar a 2,930 millones de pesos, aunado al uso de contratistas fantasmas, como Constructora Camino Real del Valle y Constructora los 4 Príncipes, constituidas apenas en 2014 teniendo como socios a Carlos Alexis y Dinoraht Miccel, de 20 y 21 años respectivamente, quienes ya negaron tener relación con estas empresas y haber vendido más de 10 millones de pesos en materiales. La punta del iceberg que podría dejar al descubierto que en la obra más importante del sexenio se recurrió a un esquema similar al de la estafa maestra, para desviar varios miles de millones de pesos más.
Estos son a grandes rasgos los ases a la vista de Andrés Manuel (y no bajo la manga), con los que seguramente habrá de jugar para exhibir a la perniciosa mafia del PRIAN, consolidarse por ende en el primer lugar de las preferencias electorales, evitar que le jueguen sucio el primero de julio a cambio de aplicar una vez en el cargo justicia y gracia y no sólo la ley a secas, como dijera Benito Juárez, y finalmente hacer historia ganando la más difícil partida presidencial de todos los tiempos. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!
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