Por la crisis en que han caído las empresas, el enorme desempleo, el desplome del poder adquisitivo de los mexicanos. los niveles de pobreza y hambruna que se están propagando, la consecuente caída en los ingresos tributarios del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que recurrir a diversas fuentes de financiamiento para soportar el gasto público del 2021, continuar atendiendo la devastadora emergencia sanitaria por el Covid 19, sacar vivos sus programas sociales y proyectos emblemáticos.
Pero todavía más, su administración está obligado a crear y financiar un plan nacional de reactivación económica y empleo, mediante un proyecto de inversión en obras de infraestructura en todo el país, para evitar que la crisis económica, del desempleo y la pobreza, se perpetúe por 4 o 5 años, como advierten muchos analistas.
Este y los próximos años, el mandato de la I-V Transformación se enfrentará a la terrible disyuntiva de captar menores ingresos y la necesidad de realizar gastos mayores. El dinero que recauda cada año apenas le alcanza para cubrir una serie de gastos y compromisos ya contraídos, como el pago de los salarios de la clase burocrática, pensiones de trabajadores, pago de la deuda pública. Del presupuesto anual tiene un escaso margen, apenas el 17% para gasto de inversión. Por eso las obras de infraestructura casi no se ven, son muy contadas.
El gasto federal dejó de ser pivote del crecimiento y el desarrollo de la economía nacional. Esta es una de las razones por las que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional ha tenido un bajo crecimiento, se ha estancado los últimos 36 años a una tasa promedio anual de 2%.
Y es que se ha hecho a un lado el sacrosanto principio del sistema redistribuidor de la riqueza, el cual se cumplía cabalmente mediante la aplicación periódica de reformas fiscales que daban al gobierno mayores recursos.
El gasto público federal era así un detonador de la riqueza nacional, del empleo y bienestar de las grandes mayorías. Pero el neoliberalismo económico cambió las reglas del juego. Determinó que el Estado dejaría de ser el gran redistribuidor de la riqueza nacional. Lo sustituyeron por el mercado. Achicaron al Estado. Carlos Salinas se encargó de privatizar más de 670 empresas del Estado, entre ellas Teléfonos de México.
Los últimos seis presidentes neoliberales solaparon la acumulación de la riqueza entre las grandes firmas trasnacionales y monopolios nacionales; propiciaron la propagación de la pobreza. El gobierno de López Obrador se ha visto acorralado por las sinergias de 36 años de prácticas neoliberales. Ha roto políticamente, en el discurso, con el neoliberalismo. Le ha sido imposible recomponer a las fuerzas del mercado.
La pandemia por el Covid 19 ha estallado la crisis de la insuficiencia, de la pequeñez de los ingresos del Estado. El gobierno federal ha reducido las participaciones financieras a los estados, tomado 179 mil millones del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, reasignado 797 mil millones de pesos de 333 fideicomisos, realizado otros malabares, para hacerle frente a la gran crisis sanitaria.
El problema de fondo es cómo afrontará la Cámara de Diputados y López Obrador el financiamiento del gasto público para 2021, con la economía desplomada, millones de desempleados, en la hambruna, la pandemia del coronavirus encima, la recaudación fiscal en caída libre, el compromiso de reactivar la economía.
La única fuente de financiamiento extraordinario e inmediato es el endeudamiento público, como lo resolvieron de manera fácil y cómoda Ernesto Zedillo y Felipe Calderón en las crisis económicas de 1995 y de 2008, en las cuales, los neoliberales que empobrecieron al Estado y explotan el mercado, obtuvieron el rescate de sus empresas. Como en esta nueva crisis, los neoliberales le exigen a López Obrador. Este se ha negado a seguir acrecentando la deuda nacional, un lastre para el erario federal de 12 billones de pesos, con un pago anual de más de 800 mil millones.
La otra fuente de financiamiento es una reforma fiscal que organismos internacionales como la OCDE, el FMI, la CEPAL, sugieren al gobierno mexicano, como la vía más sana y de largo plazo para superar una hacienda pública pobre e insuficiente, que empequeñece al Estado, lo hace impotente, le impide instaurarse en estos días de grandes crisis y en tiempos normales, en un moderno promotor y pivote del crecimiento económico y del empleo.
El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reveló recientemente la pobreza de la recaudación fiscal que equivale apenas al 13% del PIB nacional. En contraste, los 32 países de la OCDE, organismo internacional al cual pertenece México, tienen un ingreso tributario mínimo promedio del 34% de su PIB. Mucho más del doble del ingreso mexicano.
López Obrador declaró el año pasado que habría una reforma fiscal en el tercer año de su gobierno. Quizás no se atreva, en espera de las elecciones intermedias del año entrante. NOS ESCUCHAMOS DIARIAMENTE de 13 a 14 horas, en ABC Radio, 1280 de AM.
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