Políticos profesionales, y más los que no lo son, siempre intentan evadir su responsabilidad ante malos resultados de sus políticas públicas y echarle la culpa a todos de las cosas que no funcionan.
Recurren al pasado, a sus contrincantes, a los medios, al frío, al calor y a lo que se les venga en mente para no aceptar sus fallidos resultados.
En los últimos días, la Seguridad Pública está en el centro del debate y los secretarios estatal y municipal de Puebla viven en un mundo de caramelo, no en el estado ni en la ciudad donde la percepción social de inseguridad es la más alta del país.
Al optimismo que expresaron en sus propios datos y el rechazó –la secretaria municipal en rueda de prensa y el responsable estatal en el Congreso- sobre los resultados de una Encuesta Nacional del INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia oficial y no opositora, les dio una bofetada en el rostro cuando informó que lesiones, feminicidios, robos y violencia familiar fueron los delitos con más incidencia en 2019, año en que ambos funcionarios ya tenían la responsabilidad de una Puebla segura.
El martes pasado, El Sol de Puebla dio como principal una nota de mi compañera Alba Espejel, en la cual informó que el año pasado fue el más violento para el estado.
Cerró con su cifra más alta en incidencia delictiva según los reportes históricos de los últimos 4 años, registrando un total de 76 mil 557 carpetas de investigación.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó en su último reporte que el estado de Puebla cerró el 2019 con 76 mil 557 indagaciones de todos los delitos, 15 mil 385 carpetas de investigación más que 2018, año en que cerró con 61 mil 172 carpetas de investigación.
“Este 2019 los delitos con más incidencia fueron los robos en todas sus modalidades, al registrar 35 mil 887 casos, le siguió la violencia familiar con 9 mil 77 registros, lesiones 6 mil 273, y los homicidios con mil 663 indagaciones. Las violaciones tanto simples como equiparadas sumaron un total de 919 casos, el abuso, acoso y hostigamiento sexual enlistaron 712, 302 y 66 denuncias, respectivamente.
“El narcomenudeo registró 484 querellas, el secuestro 70 acusaciones, la trata de personas 17 casos y se denunciaron 58 feminicidios, hay que mencionar que esta última cifra también es la más alta desde el 2015”.
Todos los delitos señalados fueron al alza si se comparan con 2018, ya que estas fueron las cifras para ese año: robos 32,477 indagaciones, violencia familiar 7,296, lesiones 2, 814, homicidios 1, 193, y violaciones simples, así como equiparadas 817.
Abuso sexual 576, acoso sexual 145, hostigamiento sexual 32, trata de personas 11, secuestros 46, feminicidios 32, narcomenudeo 253.
“En la comparativa con 2017, en 2019 los delitos que registraron una disminución fueron los homicidios, la trata de personas, y el narcomenudeo”.
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son contundentes y no coinciden con las explicaciones que la maestra María de Lourdes Rosales y el vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga dieron en la semana en actos públicos, donde además rechazaron los resultados de la encuesta del INEGI, que ubica a la ciudad de Puebla en el primer lugar con la mayor percepción de inseguridad de sus habitantes.
Los funcionarios pueden declarar y decir lo que consideren es su verdad, pero los hechos y los datos oficiales, que se generan con información de la Fiscalía del Estado, los desmienten y los ubican fuera de la realidad que padecen los poblanos.
Ellos viven arropados y cuidados por sus fuertes equipos de protección personal, pero están lejos de los ciudadanos que cada día salen a la calle con miedo y tienen la preocupación de que sus seres queridos sean víctimas de la delincuencia, que los poderosos minimizan o niegan.
Los “otros datos”, que son de dependencias públicas y no de sus críticos y opositores, derriten su mundo de caramelo.
De las anécdotas que se cuentan
Legisladores locales panistas reunidos, el miércoles pasado, con sus presidentes nacional y estatal llegaron a un acuerdo.
El primero, el respeto a la legalidad interna y el segundo dar espacios a las expresiones que hay al interior del partido, porque la unidad es lo único que hoy puede sostenerlos como una opción en 2021.
Dicho lo cual, en los siguientes días será ratificado, con el apoyo de todos los diputados panistas, como su coordinador Oswaldo Jiménez López y tendrán comisiones Mónica Rodríguez de la Vecchia y otros militantes del albiazul.
No se violenta las facultades de la presidente estatal, Genoveva Huerta, en la designación de Jiménez López, y se integra a los panistas a posiciones en el partido.
La institucionalidad, pero sobre todo la generosidad están a salvo.
Sólo de ellos depende.
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