¿Así se arreglarán las diferencias políticas en Puebla a partir de ahora, cuando se ha suscitado una radical modificación de la geografía partidista en el estado, a madrazos?
¿Cada vez que dirigentes, simpatizantes o representantes populares de un partido estén en desacuerdo con una autoridad recurrirán a la violencia para hacerse escuchar o tratar de revertir las decisiones que les resulten desfavorables?
¿Será el enfrentamiento consecuencia cotidiana de la disparidad de opiniones una vez que Martha Erika Alonso asuma la gubernatura, en caso de que la probable judicialización del proceso electoral ratifique su victoria, y el Congreso del Estado quede bajo el control de Morena?
¿Para eso servirá tener la presidencia de la república y la mayoría en las cámaras de senadores y diputados, para alimentar el mito de los “radicales lopezobradoristas” y recurrir al choque antes que a las instituciones?
Si es así estaremos jodidos en Puebla durante por lo menos los próximos seis años.
Los hechos ocurridos en el Hotel MM Grand evidenciaron un estilo particular de aquella que será la nueva clase gobernante en el país para dirimir conflictos políticos.
Irrumpir por la fuerza en un inmueble privado, causar destrozos y llevarse entre los pies a colaboradores del partido rival, el PAN, para dar con las pruebas del presunto fraude electoral cometido contra Luis Miguel Barbosa no es ni será la forma de generar concordia en la entidad.
Si la violencia genera más violencia, como se sabe, entonces hay que quitarla de la lista de opciones de las que se dispone para resolver diferendos políticos.
Por muy graves y profundas que sean las heridas postelectorales, la violencia es el último camino que los habitantes del estado requieren para estar en paz, sobre todo en el contexto de crisis de inseguridad en que se encuentran inmersos.
Es cierto que la realidad de los organismos electores en el estado obliga a desconfiar de ellos para realizar el arbitrio imparcial de los acontecimientos.
La cuestionable actuación de los consejeros del Instituto Electoral del Estado y de los magistrados del Tribunal Electoral local ha dañado su credibilidad.
Recurrir a ellos en un pleito contra los candidatos del PAN y sus partidos aliados puede resultar infructuoso y frustrante… ¡Inútil!
Sin embargo, ni así se justifica el empleo de la fuerza física y las agresiones.
Los líderes visibles del movimiento orquestado en el MM Grand fueron Alejandro Armenta Mier, José Juan Espinosa Torres, Héctor Alonso Granados, Gabriel Biestro Medinilla y Fernando Manzanilla Prieto, todos ellos virtuales legisladores electos de la coalición Juntos Haremos Historia.
Defiendan a su candidato a gobernador por las vías legales.
Salgan del estado si no quieren hacerlo aquí.
Recurran incluso al casi presidente electo.
Pero no instauren en la entidad un estilo que profundice las diferencias y alimente el encono entre los poblanos.
Eso no es lo que esperaban los electores, que apenas el domingo les obsequiaron su voto; en muchos de los casos, por una abrumadora mayoría.
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