/ martes 3 de septiembre de 2019

Mal necesario

Si apelamos a lo que anunció en la víspera el gobernador Luis Miguel Barbosa, en un par de semanas estará aplicándose en Puebla una nueva tarifa en el transporte público.

Más allá de la medida, razonable por el rezago en la actualización de tarifas, lo que debe ponderarse ahora es la oportunidad histórica que representa para la autoridad el regular de manera integral este servicio de primera necesidad, cuya prestación durante largos años ha sido más que deficiente.

El incremento era inminente, de hecho, según fuentes confiables ya estaba previsto que ocurriera durante la breve gestión del anterior gobierno, a efecto de que fueran éste el que asumiera el costo político que implica la medida, pero hay versiones en el sentido de que el propio gobernador Barbosa, si bien agradeció el gesto, decidió agarrar el toro por los cuernos y ser él quien adoptara la decisión, para tener margen de maniobra en la implantación de nuevas reglas.

Cualquiera que sea el caso, lo cierto es que habrá nuevas tarifas y el aumento, según se ha insinuado, será de dos pesos para quedar en ocho, monto que es igualmente razonable al ajustarse al promedio nacional salvo casos extremos.

Las tarifas del transporte público son bien distintas en el país. El caso extremo es Baja California, donde el costo del pasaje es de 15 pesos, Guerrero de 10 a 18 pesos, Monterrey 13, Baja California Sur 12.50, Cancún 12 y Coahuila con 11.Con 10 pesos están Toluca, Tamaulipas, Durango y Nayarit, mientras que en el rango de 8 a 9 se ubica la mayoría de ciudades, siendo actualmente Puebla la más baja, con sólo 6 pesos.

Según se advierte, no se trata solo de resarcir el monto del pasaje y otorgar el incremento como mero trámite para complacer la exigencia de los transportistas poblanos. Tratándose de un servicio concesionado, el gobierno estatal tiene la facultad de establecer los montos y fijar los condicionamientos bajo normativas muy puntuales. Y eso es lo que se espera que vaya a ocurrir.

Se trata, en el fondo, de que las cosas cambien y que junto al aumento de tarifas, que podría superar los ocho pesos referidos, exista el compromiso de un mejoramiento sustancial, el mayor posible y cercano a las justas exigencias de los usuarios.

Las deficiencias del servicio están más que documentadas en decenas de estudios con los que dispone el gobierno, pero tan solo por citar un diagnóstico confiable debe citarse el realizado apenas el año pasado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el que señala que siete de cada 10 poblanos estaban inconformes con el servicio.

En general las críticas se basan en aspectos como la calidad de las unidades y el trato que dan los choferes de las rutas a los pasajeros, esto es, que la mayoría de las unidades no están en buen estado, no son limpias ni funcionales, carecen de espacios confortables y los horarios de las corridas son irregulares.

Respecto a los conductores, los usuarios consultados afirmaron que son desatentos e irrespetuosos, no acatan el ascenso y descenso del pasaje y mucho menos los señalamientos viales.

En este contexto lo deseable es el diseño de un modelo diferente y más eficaz mediante cambios estructurales e innovadores, lo que implica entre otros aspectos, además de un proceso de capacitación y profesionalización de los operadores, la revisión de las rutas actuales - hay 320 y la mayoría confluye en la zona del Centro Histórico- y sus derroteros o terminales, el combate a rutas “piratas” y, desde luego, la inmediata modernización del parque vehicular.

Tales medidas deberían ir acompañadas de una gran estrategia en materia de seguridad en donde debe haber corresponsabilidad debido a la reincidencia de acciones delictivas, que supone la eventual complicidad de los choferes.

Y si a todo ello se suma un proyecto de ampliación del programa de transporte sectorizado en la llamada Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) a cargo del propio gobierno estatal, habremos sin duda avanzado un gran tramo.

El aumento en la tarifa es un mal necesario y no se vale politizar el tema. Ojala que al formalizarlo se vaya más allá del clásico discurso y se cumpla cabalmente el ofrecimiento de mejora integral de este servicio tan indispensable para la sociedad.

Si apelamos a lo que anunció en la víspera el gobernador Luis Miguel Barbosa, en un par de semanas estará aplicándose en Puebla una nueva tarifa en el transporte público.

Más allá de la medida, razonable por el rezago en la actualización de tarifas, lo que debe ponderarse ahora es la oportunidad histórica que representa para la autoridad el regular de manera integral este servicio de primera necesidad, cuya prestación durante largos años ha sido más que deficiente.

El incremento era inminente, de hecho, según fuentes confiables ya estaba previsto que ocurriera durante la breve gestión del anterior gobierno, a efecto de que fueran éste el que asumiera el costo político que implica la medida, pero hay versiones en el sentido de que el propio gobernador Barbosa, si bien agradeció el gesto, decidió agarrar el toro por los cuernos y ser él quien adoptara la decisión, para tener margen de maniobra en la implantación de nuevas reglas.

Cualquiera que sea el caso, lo cierto es que habrá nuevas tarifas y el aumento, según se ha insinuado, será de dos pesos para quedar en ocho, monto que es igualmente razonable al ajustarse al promedio nacional salvo casos extremos.

Las tarifas del transporte público son bien distintas en el país. El caso extremo es Baja California, donde el costo del pasaje es de 15 pesos, Guerrero de 10 a 18 pesos, Monterrey 13, Baja California Sur 12.50, Cancún 12 y Coahuila con 11.Con 10 pesos están Toluca, Tamaulipas, Durango y Nayarit, mientras que en el rango de 8 a 9 se ubica la mayoría de ciudades, siendo actualmente Puebla la más baja, con sólo 6 pesos.

Según se advierte, no se trata solo de resarcir el monto del pasaje y otorgar el incremento como mero trámite para complacer la exigencia de los transportistas poblanos. Tratándose de un servicio concesionado, el gobierno estatal tiene la facultad de establecer los montos y fijar los condicionamientos bajo normativas muy puntuales. Y eso es lo que se espera que vaya a ocurrir.

Se trata, en el fondo, de que las cosas cambien y que junto al aumento de tarifas, que podría superar los ocho pesos referidos, exista el compromiso de un mejoramiento sustancial, el mayor posible y cercano a las justas exigencias de los usuarios.

Las deficiencias del servicio están más que documentadas en decenas de estudios con los que dispone el gobierno, pero tan solo por citar un diagnóstico confiable debe citarse el realizado apenas el año pasado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el que señala que siete de cada 10 poblanos estaban inconformes con el servicio.

En general las críticas se basan en aspectos como la calidad de las unidades y el trato que dan los choferes de las rutas a los pasajeros, esto es, que la mayoría de las unidades no están en buen estado, no son limpias ni funcionales, carecen de espacios confortables y los horarios de las corridas son irregulares.

Respecto a los conductores, los usuarios consultados afirmaron que son desatentos e irrespetuosos, no acatan el ascenso y descenso del pasaje y mucho menos los señalamientos viales.

En este contexto lo deseable es el diseño de un modelo diferente y más eficaz mediante cambios estructurales e innovadores, lo que implica entre otros aspectos, además de un proceso de capacitación y profesionalización de los operadores, la revisión de las rutas actuales - hay 320 y la mayoría confluye en la zona del Centro Histórico- y sus derroteros o terminales, el combate a rutas “piratas” y, desde luego, la inmediata modernización del parque vehicular.

Tales medidas deberían ir acompañadas de una gran estrategia en materia de seguridad en donde debe haber corresponsabilidad debido a la reincidencia de acciones delictivas, que supone la eventual complicidad de los choferes.

Y si a todo ello se suma un proyecto de ampliación del programa de transporte sectorizado en la llamada Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) a cargo del propio gobierno estatal, habremos sin duda avanzado un gran tramo.

El aumento en la tarifa es un mal necesario y no se vale politizar el tema. Ojala que al formalizarlo se vaya más allá del clásico discurso y se cumpla cabalmente el ofrecimiento de mejora integral de este servicio tan indispensable para la sociedad.

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