/ miércoles 26 de junio de 2019

Manzanilla es, por tercera ocasión, secretario general de gobierno

Se ha festinado por el gobierno lopezobradorista de que la reforma laboral generará estabilidad e inversión en la economía, que provocará el proceso de democratización de los sindicatos y la libre asociación sindical de los trabajadores, sin embargo, dicha reforma nada hace por la creación del empleo, el mejoramiento de los salarios ni por remediar las condiciones laborales de 60% de los trabajadores del país que viven de la economía informal.

Hace falta una nueva reforma laboral que ponga punto final a la precarización de los empleos y los salarios, a la temporalidad de tres, seis y 9 meses a las contrataciones de trabajadores que están condenados a tener empleo sólo durante ese tiempo y ser dados de baja, sufriendo antes la explotación de los empleadores, reforma con la que condenó a los trabajadores mexicanos a la explotación, al desempleo y al hambre el panista Felipe Calderón, tal como propone el presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, el laborista Jorge Jiménez Alonso.

Una reforma que acabe con el outsourcing o la tercerización del empleo que ha sido la otra forma que se ha venido fomentando y que llegó para quedarse para la frágil contratación de trabajadores a los que se les ofrece empleo a cambio de que lo acepten sin el pago del IMSS, ni ninguna otra prestación salarial o social, también con contrato de empleo temporal y salario precario. El outsourcing es una forma brutal de explotación y de engaño a los trabajadores.

Empresarios y líderes sindicales se resisten y oponen a la libre democratización sindical, porque entre ambas partes siempre ha existido un contubernio, un arreglo para que los contratos colectivos de trabajo se cambien, se conviertan, se traduzcan en contratos de protección para las empresas, mediante dádivas anuales, mediante la compra y corrupción sistemática de los líderes cada año. Así hay decenas de miles de contratos en todo el país.

Sin embargo, este orden de cosas, como la eternización vitalicia de casi todos los líderes de sindicatos y centrales obreras, tendrán que ir cambiando gracias a las presiones que ejercieron Estados Unidos y Canadá para que el gobierno mexicano y el Congreso aprobaran esta reforma que se había venido deteniendo en gobiernos priistas y panistas, precisamente para proteger la corrupción que se daba entre los líderes sindicales y los empresarios, de las justas presiones de la clase trabajadora para negociar libremente mejores condiciones laborales.

La solución que propone la reforma laboral de la libre democratización sindical para acabar con la corrupción bipartita de dirigentes sindicales y empresas y sus contratos de protección, será insuficiente para forzar el cambio en las relaciones laborales y elevar el mejoramiento de vida de los trabajadores, pues estos, en su mayoría, siguen dormidos, no están preparados para ejercer la libre asociación sindical y discutir en asambleas abiertas los términos de los contratos colectivos como un instrumento de presión contra sus representantes, los cuales manejan grupos de choque y de presión para convencer y vencer a los trabajadores que tienen voz libre, propia y que buscan el mejoramiento de las condiciones laborales.

Han transcurrido varias semanas que se aprobó la reforma laboral, y no hay visos de que los líderes obreros y los trabajadores se estén preparando para la libre democratización de los sindicatos, realizar elecciones libres mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto que lleven a la renovación de los cuadros sindicales y poner término a la antidemocracia sindical que ha predominado durante más de 6 décadas.

Es un hecho que los líderes charros de los sindicatos blancos no mostrarán voluntad ni disposición propia para propiciar dicho cambio, ni entregar el poder que sienten de su propiedad, tal como los obliga la ley, hasta que la clase obrera no esté preparada para dar la lucha interna por sus sindicatos o proceda a crear otras asociaciones sindicales que compitan por los contratos colectivos.

LA RATIFICACION DE MANZANILLA

El gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta ha seleccionado a un buen equipo de gabinete, integrado por profesionales y académicos distinguidos, pero sin ningún fogueo, oficio y experiencia administrativa y política. Ese aspecto, el de la experiencia política en el gobierno, el del conocimiento y reconocimiento cercano de todos los sectores poblanos, el del dominio de la problemática del Estado, lo hizo recaer en el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, hombre de todo su afecto y confianza por la probada y reconocida habilidad, capacidad e inteligencia que ha demostrado en la conducción de la gobernabilidad del Estado.

Fernando Manzanilla ya había demostrado, desde la gestión de Rafael Moreno Valle, sus dotes de político avezado y visionario, su carismático estilo de conciliar, de hacer política y ganarse el respeto y reconocimiento público. No llegó más lejos en ese gobierno por el autoritarismo que hizo clásico al morenovallismo, y obligó a Manzanilla a buscar nuevos aires de desarrollo en Morena, donde ganó una diputación federal y fue buscado por el mandatario Guillermo Pacheco Pulido, para conducir, por segunda ocasión, la Secretaría General de Gobierno, cargo en el que no lo ha sorprendido el nuevo gobierno constitucional de Miguel Barbosa, siendo ratificado, por tercera ocasión, en el cargo que merecidamente conduce. Manzanilla tendrá esta vez la oportunidad de escalar, con los años, nuevos y promisorios horizontes políticos.

Se ha festinado por el gobierno lopezobradorista de que la reforma laboral generará estabilidad e inversión en la economía, que provocará el proceso de democratización de los sindicatos y la libre asociación sindical de los trabajadores, sin embargo, dicha reforma nada hace por la creación del empleo, el mejoramiento de los salarios ni por remediar las condiciones laborales de 60% de los trabajadores del país que viven de la economía informal.

Hace falta una nueva reforma laboral que ponga punto final a la precarización de los empleos y los salarios, a la temporalidad de tres, seis y 9 meses a las contrataciones de trabajadores que están condenados a tener empleo sólo durante ese tiempo y ser dados de baja, sufriendo antes la explotación de los empleadores, reforma con la que condenó a los trabajadores mexicanos a la explotación, al desempleo y al hambre el panista Felipe Calderón, tal como propone el presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, el laborista Jorge Jiménez Alonso.

Una reforma que acabe con el outsourcing o la tercerización del empleo que ha sido la otra forma que se ha venido fomentando y que llegó para quedarse para la frágil contratación de trabajadores a los que se les ofrece empleo a cambio de que lo acepten sin el pago del IMSS, ni ninguna otra prestación salarial o social, también con contrato de empleo temporal y salario precario. El outsourcing es una forma brutal de explotación y de engaño a los trabajadores.

Empresarios y líderes sindicales se resisten y oponen a la libre democratización sindical, porque entre ambas partes siempre ha existido un contubernio, un arreglo para que los contratos colectivos de trabajo se cambien, se conviertan, se traduzcan en contratos de protección para las empresas, mediante dádivas anuales, mediante la compra y corrupción sistemática de los líderes cada año. Así hay decenas de miles de contratos en todo el país.

Sin embargo, este orden de cosas, como la eternización vitalicia de casi todos los líderes de sindicatos y centrales obreras, tendrán que ir cambiando gracias a las presiones que ejercieron Estados Unidos y Canadá para que el gobierno mexicano y el Congreso aprobaran esta reforma que se había venido deteniendo en gobiernos priistas y panistas, precisamente para proteger la corrupción que se daba entre los líderes sindicales y los empresarios, de las justas presiones de la clase trabajadora para negociar libremente mejores condiciones laborales.

La solución que propone la reforma laboral de la libre democratización sindical para acabar con la corrupción bipartita de dirigentes sindicales y empresas y sus contratos de protección, será insuficiente para forzar el cambio en las relaciones laborales y elevar el mejoramiento de vida de los trabajadores, pues estos, en su mayoría, siguen dormidos, no están preparados para ejercer la libre asociación sindical y discutir en asambleas abiertas los términos de los contratos colectivos como un instrumento de presión contra sus representantes, los cuales manejan grupos de choque y de presión para convencer y vencer a los trabajadores que tienen voz libre, propia y que buscan el mejoramiento de las condiciones laborales.

Han transcurrido varias semanas que se aprobó la reforma laboral, y no hay visos de que los líderes obreros y los trabajadores se estén preparando para la libre democratización de los sindicatos, realizar elecciones libres mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto que lleven a la renovación de los cuadros sindicales y poner término a la antidemocracia sindical que ha predominado durante más de 6 décadas.

Es un hecho que los líderes charros de los sindicatos blancos no mostrarán voluntad ni disposición propia para propiciar dicho cambio, ni entregar el poder que sienten de su propiedad, tal como los obliga la ley, hasta que la clase obrera no esté preparada para dar la lucha interna por sus sindicatos o proceda a crear otras asociaciones sindicales que compitan por los contratos colectivos.

LA RATIFICACION DE MANZANILLA

El gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta ha seleccionado a un buen equipo de gabinete, integrado por profesionales y académicos distinguidos, pero sin ningún fogueo, oficio y experiencia administrativa y política. Ese aspecto, el de la experiencia política en el gobierno, el del conocimiento y reconocimiento cercano de todos los sectores poblanos, el del dominio de la problemática del Estado, lo hizo recaer en el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, hombre de todo su afecto y confianza por la probada y reconocida habilidad, capacidad e inteligencia que ha demostrado en la conducción de la gobernabilidad del Estado.

Fernando Manzanilla ya había demostrado, desde la gestión de Rafael Moreno Valle, sus dotes de político avezado y visionario, su carismático estilo de conciliar, de hacer política y ganarse el respeto y reconocimiento público. No llegó más lejos en ese gobierno por el autoritarismo que hizo clásico al morenovallismo, y obligó a Manzanilla a buscar nuevos aires de desarrollo en Morena, donde ganó una diputación federal y fue buscado por el mandatario Guillermo Pacheco Pulido, para conducir, por segunda ocasión, la Secretaría General de Gobierno, cargo en el que no lo ha sorprendido el nuevo gobierno constitucional de Miguel Barbosa, siendo ratificado, por tercera ocasión, en el cargo que merecidamente conduce. Manzanilla tendrá esta vez la oportunidad de escalar, con los años, nuevos y promisorios horizontes políticos.