La lucha es cada vez más grosera entre el presidente de la república -así como algunos personajes de su séquito- y los medios de comunicación que difieren de la 4T. La semana anterior, Paco Ignacio Taibo II sugirió que los directores de algunos medios críticos con la presidencia guarden silencio o se vayan del país, al haber sido cómplices del prianismo. Un disparate por donde se le vea. Y en los dimes y diretes se esfuma la que debería ser la gran discusión respecto a la nueva época que la 4T quiere impulsar: la revisión de la actuación de los medios de comunicación en la etapa de transición y su democratización.
Para hacer esa retrospectiva es necesario no enfocarse en un medio en particular, sino en la actuación del conjunto. En ese contexto, si se mira al grueso de medios importantes del país, cayeron en la trampa de vivir a costa del erario, criticaron en mayor o menor medida al gobierno en turno, pero su línea editorial continuó siendo oficialista. Peor aún, si con López Portillo no se pagaba para que le pagaran al presidente, esa lógica del pago condicionado a la alabanza se convirtió también en un “pago para que me halaguen y para que simulen”. Los medios de la transición son los medios de la simulación: críticos con quien no paga y omisos con los gobiernos que sostienen la nómina de la redacción y de los directivos.
El dinero público es el eje a partir del cual se mueve la labor de los medios. Héctor Aguilar Camín comentaba hace unas semanas (ante la inhabilitación de Nexos -su revista- para tener contratos con el gobierno federal y gobiernos estatales) que era una especie de censura. En cualquier país desarrollado, y para la mayoría de medios, no recibir dinero del gobierno puede calificarse de muchas cosas, pero pocos dirían que es una censura, porque esta tiene que ver con el impedimento a publicar las ideas o obstaculizar su difusión de forma directa. Si el gobierno decide (legal o ilegalmente) ya no darle millones de pesos a un medio, en todo caso lo orilla a buscar más anunciantes, a sondear nuevas formas de difusión de sus ideas, pero algo está mal si se equipara financiación pública con libertad de expresión, porque entonces los miles de medios que subsisten sin la “publicidad” oficial o que la reciben en proporción menor a su impacto y difusión podrían no solo alegar el trato autoritario, sino señalar la complicidad de quienes reciben miles de millones del erario.
Las cantidades gastadas por gobiernos de la transición (fallida) son un escándalo porque compraron el silencio de muchos de quienes hoy critican (con gran razón) la actuación de las autoridades, pero que antes callaron o fueron omisos ante los autoritrismos gubernamentales o de plano participaban en ellos.
Pasan los años, las décadas, y seguimos entrampados en el mismo castillo: unos periodistas se benefician de las prebendas del rey en turno, y simulan hacer periodismo, aunque lejos están de querer informar a la sociedad. Y el neofascismo que imprega la política también permea el ámbito periodístico: el gobierno mira como enemigo al medio de comunicación crítico y visceversa. Si está mal que AMLO llame pasquín a Reforma, igual de equivocado estuvo Krauze al llamarlo Mesías Tropical con la pluma en la mano derecha y el dinero público en la mano izquierda.
La nueva época del periodismo tendrá que ser alejado del dinero público y transparentando sus ingresos. No puede dejarse de lado que corporaciones mundiales y nacionales mueven la agenda de diversos medios -y están en todo su derecho-, aunque si se quiere tomar el derecho de la sociedad a informarse, habrá que informar sobre quiénes financian a quienes informan.
El país necesita de medios alejados del poder y del poder sin la posibilidad de maniatar a medios. Mientras el dinero público mueva la agenda de los medios, es difícil afirmar que la democracia ha llegado. Y, así como están las cosas, la 4T está lejos de lograr la democratización de los medios: hoy los consentidos son otros (distintos a los anteriores) y la simulación sigue reinando.
