Seguramente también usted, apreciado lector, estaría absolutamente de acuerdo en la propuesta tendiente a reducir los recursos que reciben los partidos políticos, cuya suma global para este año supera los 5 mil millones de pesos.
En efecto, para 2020 los partidos contarán con 5 mil 239 millones de pesos de financiamiento público, que se repartirá de la siguiente manera: para Morena son mil 710 millones de pesos, en segundo lugar está el PAN con 943 millones de pesos y en tercero, el PRI con 888.9 millones de pesos, en tanto que el PRD tendrá 438 millones; el Verde Ecologista 419; otros 403 tendrá Movimiento Ciudadano y 384 el PT.
Mucho dinero, y más aún en tiempos de austeridad. Esta opinión casi generalizada, sin mayor ponderación, obedece fundamentalmente a que prevalece entre la ciudadanía un alto nivel de desafección, que no es otra cosa que el desapego, el desinterés hacia los políticos y a las organizaciones de donde provienen.
Desconfianza, decepción, frustración, impotencia y apatía son algunos de los sentimientos que nos llevan a descalificar a los partidos y, en consecuencia, a coincidir en que debe recortarse su financiamiento público que, en última instancia, proviene de nuestros impuestos, sin recibir a cambio la satisfacción deseada.
Debe acotarse que la propuesta para recortar a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos ya fue desechada en diciembre pasado por la Cámara de Diputados. La iniciativa de Morena que implicaba modificarla fórmula constitucional del artículo 41, no logró ni convencer a sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista y la votación quedó muy lejos de obtener la requerida mayoría calificada.
No obstante, próximamente el presidente Andrés López Obrador enviará una nueva iniciativa, que además de otras reformas en el ámbito electoral, insistirá en aplicar una reducción de al menos la mitad de las prerrogativas para los partidos, en cuyo caso Morena seguiría siendo el instituto con mayores recursos, situación que se ha calificado como convenenciera por pretender debilitar a los demás e intentar el restaura- miento de un partido hegemónico y predominante en el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que es más importante reducir el presupuesto de los partidos políticos que hacer una gran reforma político-electoral, por lo que volverá a turnar la reforma constitucional que presentó el año pasado.
El presidente planteó que el dinero que se les reduzca a los organismos políticos puede destinarse a atender las necesidades de la población; “lo más importante es que se disminuya el presupuesto a partidos, eso significa ahorro importante que se traduce en más apoyo a la gente”.
De alguna manera, las ocho bancadas en la Cámara se han pronunciado a favor de reducir el financiamiento a partidos, aunque con distintas fórmulas, por ejemplo, se ha propuesto invertir la forma actual de financiamiento a partidos: que el 70 por ciento de la bolsa total se distribuya igualitariamente y el 30 restante dependa del porcentaje de votos que obtengan en la última elección.
En este contexto, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ha considerado que son excesivas las propuestas, con la convicción de que “un sistema democrático debe garantizar que el acceso al financiamiento contribuya a la equidad y no que la distorsione”.
Y si bien asume que la decisión final es competencia del Poder Legislativo, Córdoba considera que una reducción del 20 por ciento sería mucho más racional, además que advirtió que no ha tomado en cuenta lo que los partidos políticos necesitan para su operación, para mantener sus estructuras y para realizar sus campañas electorales, lo que puede provocar o lo que va a provocar no es lo que los partidos dejen de gastar, sino que pueden acabar buscando ese dinero por fuentes en donde eventualmente no se pertinente hacerlo”.
Por su parte, el recién ratificado secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pidió no caer en el “falso dilema” de perder lo que se ha logrado en democracia y política por tratar de avanzar en la justicia social y el combate a la pobreza.
En este contexto resulta por demás interesante el estudio publicado el pasado fin de semana por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, bajo el título “El financiamiento público de los partidos políticos desde una perspectiva de derechos humanos”.
Se trata de un trabajo juicioso y sustentado respecto a tan espinoso tema, que será motivo de nuestra próxima colaboración. Hasta entonces.
