Referíamos la semana pasada de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir al 50 por ciento las prerrogativas que cada año reciben los partidos políticos.
La propuesta es apoyada por los legisladores de Morena pero debe añadirse que también es socialmente aceptada, pues existe un rechazo generalizado respecto al costo que significa el financiamiento público para la manutención de los institutos políticos, que tan sólo para este año rebasa los 5 mil millones de pesos.
Al deterioro de su imagen por la desafección prevaleciente, los partidos políticos padecen además una situación muy crítica en sus finanzas. Es el caso del otrora partido dominante, el PRI, que para este año sufrió una reducción de hasta 42 por ciento de financiamiento.
Un reflejo claro del debilitamiento de los partidos se aprecia en el informe sobre la depuración del padrón de afiliaciones, recientemente publicado por el Instituto Nacional Electoral.
Dicho reporte revela que, salvo el Verde Ecologista, que creció hasta un 51%, todos los partidos han padecido un alto nivel de deserción de sus militantes, siendo el caso más grave el del PRI, que perdió el 76%; el PRD 75%, PT y Movimiento ciudadano tiene menos 51%, el PAN 38% y Morena el 12% .
Citábamos en este contexto el reciente estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, en virtud que arroja elementos relevantes para una mejor ponderación del tema.
La investigación asume que la preponderancia del financiamiento público suele alejar al partido de sus bases, burocratizar su organización y generar desconfianza acerca de sus objetivos y metas, pero advierte que “si se opta por el financiamiento privado, se corre el riesgo de que los representantes queden cooptados por grupos de interés e incluso por organizaciones criminales”.
Agrega que “con todo lo que nos han quedado a deber los partidos políticos, la idea de quitarles dinero resulta tentadora, pero no deja de ser insuficiente para resolver las carencias de nuestra democracia o los muchos problemas que enfrenta el país”, y que lo primero que hay que tener claro es que “el financiamiento público de los partidos en México fue una de las medidas que hizo posible el tránsito a la democracia que hoy tenemos”.
Hoy en día, reducir el financiamiento público de los partidos se presenta como una propuesta atractiva, pero no está exenta de riesgos y debemos estar plenamente conscientes de ellos, se afirma.
En ese sentido, sugiere que en este debate resulta pertinente adoptar un enfoque de derechos humanos, no solo para atemperar las pasiones que el tema despierta, sino para exigirles un mejor desempeño a los partidos políticos y a los órganos del Estado que conforman.
El trabajo enfatiza que en las democracias constitucionales, “los partidos no sólo deben ser considerados como figuras de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, sino como órganos garantes de derechos”.
Bajo esta premisa, “el financiamiento público de estas organizaciones formaría parte de las acciones que el Estado mexicano está obligado a realizar para garantizar los derechos de las personas, de forma consistente, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad reconocidos por la Constitución”.
En ese sentido, un aspecto que no debe pasarse por alto es que la ciudadanía sigue teniendo el instrumento más poderoso para castigar o premiar a los partidos: el voto. Es evidente la necesidad de erradicar los excesos, no obstante, hay que tener en cuenta los efectos adversos que tendría la disminución de recursos en los partidos”.
“Hoy en día, gracias al financiamiento público, los partidos políticos son objeto de escrutinio público. Sustituir este esquema de financiamiento por uno privado facilitaría la captura de los partidos y que estos -y eventualmente el Estado- le empiecen a rendir cuentas a las grandes corporaciones o al crimen organizado, en lugar de a la sociedad.
Por ello, concluye, valdría la pena ponderar un criterio más cualitativo como, por ejemplo, indexar el presupuesto de los partidos a las tasas de crecimiento económico del país, de reducción de la pobreza, de participación electoral o incluso de recaudación fiscal.
Por último, pero no menos importante, se encuentra la necesidad de fortalecer el sistema de fiscalización en nuestro país, ya que de nada servirá disminuir el financiamiento público, si no se adoptan medidas para prevenir y sancionar el fondeo ilegal de partidos y campañas políticas.
