En varias ocasiones me he referido al proceso de deterioro del tejido social que prevalece en el país.
Producto de décadas de agravios y abuso de poder, las y los mexicanos, como muchas otras sociedades en el mundo, presentan altos niveles de resentimiento, desconfianza en sus instituciones y encono social.
Esta situación nos tiene sumergidos en una suerte de estado de naturaleza en el que prevalece la voluntad del más fuerte y en el que nadie está dispuesto a cooperar ¾ni a ceder¾ a pesar del riesgo prevaleciente de que el edificio social colapse.
Ha sido en esta lógica que he insistido en la necesidad de renovar, como sociedad, los términos del pacto social que, a pesar de todo, aún nos mantiene unidos. Un poco rescatando las ideas contractualistas de los clásicos, considero que al país le urge un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo que nos permita renovar compromisos y restaurar los equilibrios y balances necesarios para mantenernos unidos en torno a un proyecto común de país. Que nos dé la oportunidad de reunificar las voluntades individuales en aras del bien común.
El nuevo contrato social deberá articularse en torno a tres ejes: Estado de Derecho (seguridad y justicia); Economía (empleo y desarrollo sostenible); y Democracia (participación social, transparencia y rendición de cuentas).
Este acuerdo que podría denominarse, por la Paz, la Prosperidad y la Democracia tendría, como primer objetivo, lograr el compromiso de todos de transformar al país en una auténtica sociedad de derechos y libertades. Una sociedad en la que impere la ley y prevalezca el Estado de Derecho. Que garantice el orden constitucional y utilice toda la fuerza del Estado mexicano para aplicar la ley, con firmeza. Sólo así, tendríamos orden, habría justicia y recuperaríamos la seguridad y la legalidad.
El segundo compromiso sería establecer bases sólidas para el crecimiento económico y de un desarrollo incluyente, de manera sostenida. Construir una sociedad próspera y en progreso exige disminuir la desigualdad y las diferencias económicas entre estratos sociales de ingreso a partir de un proceso sostenible de mayor bienestar a la población.
Para lograr lo anterior tendríamos que fortalecer las capacidades del Estado como facilitador e impulsor de la generación de riqueza y empleo desde la figura indispensable de la libre empresa. El Estado debería articular sus instrumentos de política para lograr una adecuada y eficiente distribución de la riqueza, en armonía con la generación de mejores condiciones, para que empresarios y emprendedores la sigan replicando.
Debemos creer firmemente en la libre empresa, en el libre mercado y en la competencia como las principales palancas del crecimiento y la generación de empleos. Fortalecer nuestro mercado interno y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, debería ser prioridad como sociedad.
Y el tercer compromiso sería la consolidación ─institucional y cultural─ de la democracia y su expresión en una nueva manera de hacer gobierno, más transparente y honesta.
Sin democracia y sin gobierno democrático, la prosperidad es selectiva y el progreso discrecional. Solo en una sociedad democrática existen los pesos y contrapesos necesarios para hacer de la prosperidad un proceso generalizado y sostenible en el tiempo.
Sólo en una sociedad plural, en la que prevalecen valores democráticos, puede permear una cultura de respeto a la diversidad y la discrepancia. La denuncia y el debate de ideas corrige excesos y enriquece la vida pública.
Una adecuada división de poderes permite regular el poder y garantizar el ejercicio de recursos a partir de criterios de transparencia y rendición de cuentas.
Este Nuevo Contrato Social deberá ser resultado de un gran acuerdo entre Estado, Sociedad y Mercado, que profundice y renueve los lazos que nos unen y le den sentido y rumbo al proyecto nacional.