Muchas han sido las voces que se han levantado y que han puesto en el ojo del huracán el problema de la migración en México a raíz de la lamentable muerte de al menos 55 centroamericanos, en un accidente carretero ocurrido hace algunos días en el estado de Chiapas.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de Naciones Unidas, este incidente es el más trágico acontecido en el país desde por lo menos el año 2014, cuando el organismo comenzó a documentar los decesos.
Pero el problema es más profundo e incluso, para muchos especialistas, amenaza con convertirse en una crisis humanitaria que podría poner en jaque la estabilidad social de nuestro país.
Precisamente, cerca de 651 personas fallecieron este año intentando cruzar la frontera que México comparte con los Estados Unidos, cifra superior a cualquier otro año desde 2014, lo cual ha sido considerado por la OIM como “un aumento especialmente preocupante”.
Lo anterior no es un problema aislado, ya que en los últimos años han arribado al país diversas caravanas de personas en tránsito, de las cuales la más reciente llegó a la ciudad de México hace algunos días.
Aunado a ello, son muchas las presiones que hay sobre el gobierno mexicano para que actúe en consecuencia y tome medidas en torno a la permanencia de los migrantes, quienes si bien en su mayoría son centroamericanos, también se integran por personas originarias de El Caribe, Venezuela e incluso África.
Porque si bien la mayoría de los migrantes inician su travesia con el objetivo de llegar a la unión americana, su estadía por el territorio nacional se alarga por diversos motivos e incluso, en última instancia, muchos de ellos terminan quedándose en el país, lo cual representa para el gobierno la necesidad de políticas públicas en la materia.
Las caravanas migrantes no sólo están integradas por adultos, en ellas viajan familias enteras conformadas por niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que demandan servicios y atención urgente entorno a su alimentación, salud, educación y todo lo conducente al respeto inherente a sus derechos fundamentales.
Otro foco de alerta es la propia seguridad de estas caravanas, ya que además de los riesgos vinculados a su traslado -y que precisamente ha acarreado sucesos tan lamentables como el fatal accidente de hace algunos días-, están proliferando los casos en los que los migrantes se convierten en las víctimas predilectas del crimen organizado que opera en las fronteras.
En este sentido, es importante considerar que al inicio de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió a su Congreso un proyecto de reforma migratoria que pretendía beneficiar a cerca de 11 millones de indocumentados, sin embargo la esperanza en estas promesas se ha empezado a difuminar.
En días pasados el gobierno federal, por conducto del propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó un acuerdo con el gobierno de Joe Biden para reactivar el programa “Quédate en México”, el cual obliga a los migrantes que solicitan asilo en el vecino país del norte a esperar a que se resuelva su caso al otro lado de la frontera.
Sin duda esto representa un reto muy importante para el Gobierno Federal, el cual deberá trabajar de la mano y de manera coordinada con el gobierno americano, así como con la sociedad civil organizada para atender todas las necesidades de los migrantes.
Sí se debe apostar por más albergues y por salvaguardar la seguridad de estas familias, pero también por lograr que existan las condiciones que les permitan llegar a su destino en un marco de respeto a los derechos fundamentales que poseen como personas.
Como ciudadanos también tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, evitando los estigmas y discriminación de las que muchas veces son objeto las personas en tránsito, ya que debemos de tener presente que migrar no es un delito, sino que en muchos casos es una innevitable necesidad.
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