/ jueves 13 de junio de 2024

Nada personal / Inseguridad pública acabó con “borrachera” electoral

A diez días de las elecciones locales y federales, con las constancias otorgadas por los organismos electorales -a excepción de la presidencial-, la entidad y el país retoman su “normalidad”.

En Puebla, en menos de 48 horas, en materia de seguridad pública ha vuelto lo que parece la “rutina” o “normalidad” en el estado: linchamientos y ejecuciones.

Para muestra un botón. En una comunidad de Atlixco fueron linchados cuatro presuntos delincuentes acusados de robo de autos en la comunidad de San Jerónimo Coyula.

Para el miércoles por la mañana en un ataque directo en San Pedro Cholula, un menor de edad perdió la vida; él y dos menores escolares más que eran transportados en un vehículo particular fueron víctimas colaterales de un sicario al disparar contra el conductor.

Los hechos ocurrieron frente a un plantel educativo, ataque que conmocionó a la comunidad escolar y a los vecinos del lugar, que acabó con la tranquilidad de la población.

Un hecho similar de violencia criminal ocurrió esta semana en la ciudad de León, Guanajuato, donde presuntamente está involucrada la Guarda Nacional, cuando un grupo de sicarios asesinó a cuatro mujeres y a dos menores de edad, uno de tres años y el de ocho meses.

Puebla ocupó en mayo el primer lugar nacional como el estado más violento al registrar en un solo día, el 17 de mayo, 13 homicidios dolosos.

Pero el quinto mes fue el más violento en el estado al sumar 100 asesinatos, con un promedio de tres crímenes cometidos diariamente, según los datos oficiales de las fiscalías generales de la República y del Estado, publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (Snsp).

La pregunta recurrente se que hace el electorado, después de los comicios del 2 de junio, es qué cambió o qué cambiará después de las elecciones presidenciales, las de gobernador, legisladores y presidentes municipales en el estado.

Esta pregunta deberá ser respondida de manera puntual por los gobernantes y legisladores electos, porque a balazos los delincuentes los están regresando a la realidad, después de la “borrachera” de los resultados en las urnas.

En este contexto, oficialismo encabezado en el estado por los partidos ganadores más votados, Morena, PVEM y PT, los gobernantes (estado y municipios) y legisladores electos deberán empezar por utilizar el bono democrático para explicar cómo revertirán los indicadores negativos.

Durante las campañas electorales una de las principales demandas de los ciudadanos a resolver es la inseguridad pública, combatir a la delincuencia, y no solo dedicarse a lamentar los hechos, dar las condolencias, administrar la inseguridad y levantar cadáveres en las calles.

Seguir en la “borrachera” por los resultados electorales que le dieron la mayoría al oficialismo sería tanto como darle la espalda a la cascada de promesas electorales, que por algo deben empezar.

Ya no se vale para los candidatos ganadores seguir echándole la culpa al pasado de todos los males del estado y al país, reduciéndolo a culpar a los “conservadores”.

Los indicadores negativos del estado no solo son de seguridad pública, donde por cierto la Secretaría del ramo deben empezar por encarcelar a mandos y policías corruptos ligados a la delincuencia organizada, así como detectar las áreas controladas por los delincuentes.

Además de Lograr la prometida paz, el gobierno entrante, en el estado y los municipios, tienen una agenda pendiente para revertir indicadores negativos en cobertura de salud y la calidad de la educación.

Se suma la lacerante situación de la extrema pobreza, la discriminación, la crisis hídrica, el desabasto de agua potable, el atraso en el campo, los daños al medio ambiente, la dignificación del transporte público, la movilidad e infraestructura, crecimiento económico, solo por citar los urgentes. La población está en espera de los cómos.

X@pabl_ruiz

Face: Pablo Ruiz Meza

E-mail: pabloruiz91516@gmail.com

A diez días de las elecciones locales y federales, con las constancias otorgadas por los organismos electorales -a excepción de la presidencial-, la entidad y el país retoman su “normalidad”.

En Puebla, en menos de 48 horas, en materia de seguridad pública ha vuelto lo que parece la “rutina” o “normalidad” en el estado: linchamientos y ejecuciones.

Para muestra un botón. En una comunidad de Atlixco fueron linchados cuatro presuntos delincuentes acusados de robo de autos en la comunidad de San Jerónimo Coyula.

Para el miércoles por la mañana en un ataque directo en San Pedro Cholula, un menor de edad perdió la vida; él y dos menores escolares más que eran transportados en un vehículo particular fueron víctimas colaterales de un sicario al disparar contra el conductor.

Los hechos ocurrieron frente a un plantel educativo, ataque que conmocionó a la comunidad escolar y a los vecinos del lugar, que acabó con la tranquilidad de la población.

Un hecho similar de violencia criminal ocurrió esta semana en la ciudad de León, Guanajuato, donde presuntamente está involucrada la Guarda Nacional, cuando un grupo de sicarios asesinó a cuatro mujeres y a dos menores de edad, uno de tres años y el de ocho meses.

Puebla ocupó en mayo el primer lugar nacional como el estado más violento al registrar en un solo día, el 17 de mayo, 13 homicidios dolosos.

Pero el quinto mes fue el más violento en el estado al sumar 100 asesinatos, con un promedio de tres crímenes cometidos diariamente, según los datos oficiales de las fiscalías generales de la República y del Estado, publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (Snsp).

La pregunta recurrente se que hace el electorado, después de los comicios del 2 de junio, es qué cambió o qué cambiará después de las elecciones presidenciales, las de gobernador, legisladores y presidentes municipales en el estado.

Esta pregunta deberá ser respondida de manera puntual por los gobernantes y legisladores electos, porque a balazos los delincuentes los están regresando a la realidad, después de la “borrachera” de los resultados en las urnas.

En este contexto, oficialismo encabezado en el estado por los partidos ganadores más votados, Morena, PVEM y PT, los gobernantes (estado y municipios) y legisladores electos deberán empezar por utilizar el bono democrático para explicar cómo revertirán los indicadores negativos.

Durante las campañas electorales una de las principales demandas de los ciudadanos a resolver es la inseguridad pública, combatir a la delincuencia, y no solo dedicarse a lamentar los hechos, dar las condolencias, administrar la inseguridad y levantar cadáveres en las calles.

Seguir en la “borrachera” por los resultados electorales que le dieron la mayoría al oficialismo sería tanto como darle la espalda a la cascada de promesas electorales, que por algo deben empezar.

Ya no se vale para los candidatos ganadores seguir echándole la culpa al pasado de todos los males del estado y al país, reduciéndolo a culpar a los “conservadores”.

Los indicadores negativos del estado no solo son de seguridad pública, donde por cierto la Secretaría del ramo deben empezar por encarcelar a mandos y policías corruptos ligados a la delincuencia organizada, así como detectar las áreas controladas por los delincuentes.

Además de Lograr la prometida paz, el gobierno entrante, en el estado y los municipios, tienen una agenda pendiente para revertir indicadores negativos en cobertura de salud y la calidad de la educación.

Se suma la lacerante situación de la extrema pobreza, la discriminación, la crisis hídrica, el desabasto de agua potable, el atraso en el campo, los daños al medio ambiente, la dignificación del transporte público, la movilidad e infraestructura, crecimiento económico, solo por citar los urgentes. La población está en espera de los cómos.

X@pabl_ruiz

Face: Pablo Ruiz Meza

E-mail: pabloruiz91516@gmail.com