Hay un notario, de los 29 que por el momento están en capilla, que tiene un año sin poder escriturar un condominio, por una razón: no sabe cómo hacerlo.
Casos como este han detectado y encontrarán más los investigadores de la Consejería Jurídica del gobierno poblano para continuar con esta decisión legal y política de meter orden en las notarías en Puebla.
El pasado 16 de abril, el entonces candidato Luis Miguel Barbosa Huerta señaló en un acto de campaña, ante asociaciones de abogados, que iba a revisar la entrega de notarías públicas que se hicieron durante los gobiernos estatales emanados del Partido Acción Nacional.
Pero esas 29 notarias no son las únicas que tendrán que revisarse, se sabe ahora que hay notarios públicos del pasado que avalaron con sus firmas exámenes y prácticas profesionales de los beneficiarios, algunos han empezado a señalar que fueron obligados a hacerlo por el entonces director de Notarias, el hoy difunto maestro Mauricio García León, quien les advertía de problemas de sus despachos y sólo seguía las instrucciones del gobernador Moreno Valle.
Firmaban o firmaban, y lo hicieron.
El Consejero Jurídica del gobierno, Ricardo Velázquez, precisó el martes pasado que hay elementos para revocar las 29 notarías entregadas en la administración morenovallista e incluso fincar delitos a los responsables de estas patentes, a quienes se les podría imputar uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa. Nada más, para empezar.
El consejero dio una lista de los 29 investigados y reveló que por lo menos 17 notarías eran operadas por ex diputados y ex funcionarios de la gestión morenovallista, no por sus titulares.
Entre los operadores mencionados están: Eukid Castañón Herrera, Roberto Moya Clemente, Mario Rincón González, Ángel Trauwitz Echeguren, Mercedes Aguilar López y Verónica Sobrador, todos, ex funcionarios de la administración de Moreno Valle, además de los ex diputados Lilia Arminda García, Cupertino Alejo y Sergio Céspedes, actualmente presidente de Tepeaca.
Velázquez tenía instrucciones precisas de su jefe, quien la semana pasada comentó en público que ambos comen todos los días, informó que por están en análisis las 29 notarías entregadas en la administración de Moreno Valle, y se aplicará el mismo procedimiento a las cuatro patentes otorgadas por el ex gobernador Antonio Gali en la recta final de su administración, aunque en realidad solo se dieron dos y dos más están pendientes, por lo cual estas pueden no entregarlas.
Las primeras acciones con las que empieza la revocación de las patentes, fue en cuatro notarías del distrito de Tehuacán donde el lunes se retiraron los sellos y folios; y en las que no abrieron tendrán un acta administrativa y se corregirá el error legal.
“Los actos (que hayan llevado a cabo estos notarios) son nulos o inexistentes, nosotros estamos revocando la patente por diversas causas, pero quiero decirles que con ello no queremos afectar los derechos de los particulares (...) lo que ya se había celebrado y que tenga visos de legalidad se va a respetar, no queremos afectar a las personas, lo que queremos hacer es corregir este error, no estaban apegadas a la ley y se tiene que revocar el acto”, apuntó.
El gobierno abrirá una investigación de los actos que se realizaron por esos notarios y en los que se presuma que hubo “buena fe” prevalecerán, con el fin de no afectar los trámites que realizaron los ciudadanos, por ejemplo el condominio no escriturado que mencionamos al principio.
Una vez que se concluya con la revocación de las patentes, se determinará si abrir esas notarías, aunque adelantó que en el estado hay más de las que marca la ley.
El Consejero no descartó que los abogados afectados ejerzan su derecho de defensa ante la revocación de las notarías –son dos de Tehuacán los que gestionaron amparos ayer-, pero el gobierno tiene definida su estrategia para que se anulen.
Rafael Moreno Valle fue el gobernador que entregó más notarías con un total de 29, todas ellas a sus operadores y funcionarios cercanos.
García León, aunque no fue el único responsable, se llevó a la tumba muchos de los errores legales que se cometieron por ser el operador visible de las instrucciones del gobernador para beneficiar a sus elegidos para otorgarles la fe pública, muchos de ellos hicieron aportaciones en efectivo a la campaña a gobernadora de Martha Erika Alonso o convinieron reportar un costo mensual de las notarías que ocuparon días después de concluida la gestión de la alternancia.
Hay preocupación y tensión en el mundo notarial poblano porque si van a fondo en las revisiones de su trabajo se encontrarán monumentales casos de violación a la ley, con el aval de la fe pública que es derecho del gobernador y quien otorga como patente a los notarios.
Lo de la revocación de las 29 notarías que dio Moreno Valle a su equipo, es el principio de lo que será una intensa batalla contra la corrupción y la impunidad. Un reclamo de los poblanos.
De las anécdotas que se cuentan
Sin rubor, un clásico de los notarios públicos poblanos confirma:
-Nosotros no damos fe pública… la vendemos-
Hay por lo menos 29 que, esta semana, dejaron de hacerlo.
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