No parece pertinente que en plena contienda electoral graviten en el ambiente disputas cuya dimensión las hacen prevalecer sobre las ideas constructivas y las propuestas que tanto partidos políticos como candidatos intentan promover para atraer la atención ciudadana.
Eso al menos ha ocurrido durante la víspera, debido a que la atención mediática se enfocó básicamente en un par de temas cuya envergadura ha generado nubarrones que presagian, de no actuar en consecuencia, en verdaderas tormentas que después pudieran lamentarse.
Uno de esos asuntos tiene que ver con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al revocar el acuerdo fundado del Instituto Nacional Electoral, por el que había dejado afuera de la disputa por la Presidencia de la República al regiomontano Jaime Rodríguez.
Ahora “El Bronco” es candidato formal por la vía independiente, muy a pesar que se acreditó que había cometido múltiples irregularidades en la recolección de firmas de apoyo ciudadano.
La consecuencia de este desatino es que ahora aparece en la escena electoral un personaje singular que estará en las boletas aunque se sabe probadamente que cometió diversas faltas que incluso están tipificadas como delito, lo cual abona a la percepción generalizada de que en este país se privilegia la ilegalidad.
Pero más allá de galimatías legaloides del Tribunal, lo que verdaderamente causa daño es que con esa decisión se vulneraron valores tan depreciados como la credibilidad, la confianza y la certeza de las instituciones.
En su defensa y ante el alud de críticas desatadas por su sentencia, el TEPJF ha sostenido que “no hace política, no juzga, ni litiga con base en señalamientos en medios de comunicación o en redes sociales.
En inusual conferencia de prensa, los magistrados ponentes dieron la cara para asentar que están totalmente seguros de la decisión asumida, por considerar que “El Bronco”, pese a haber acudido en diversas ocasiones a intentar ejercer su derecho, no pudo hacerlo a plenitud “porque acudía a ciegas”, en virtud que en aquellos casos en los que el INE determinaba que algunos apoyos no eran válidos, el aspirante no pudo comprobar lo contrario.
“Esa omisión del INE se tradujo en una de las causas por la que el aspirante no pudo desahogar en condiciones óptimas el derecho de audiencia”, sostuvieron los Magistrados.
Consejeros del INE han negado esa versión y públicamente se inconformaron por el hecho de que se cuestione su trabajo en la revisión de las firmas, y sostuvieron en la sentencia se le dio un tratamiento diferenciado a un aspirante, respecto a ese tratamiento y la valoración que se realizó con el resto.
El consejero del INE, Marco Antonio Baños, consideró que “lamentablemente se está generando una discusión y un intercambio de expresiones entre los consejeros y los magistrados que no son correctos”.
“Somos instituciones del Estado mexicano y los magistrados están empecinados en hacer señalamientos sobre una institución que, por cierto, es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que no depende del tribunal”.
Pudiera ser que en estricto rigor jurídico el TEPJF pudiera tener razón, pero la percepción generalizada es que se premió a un aspirante tramposo y que, otra vez, ganó la impunidad.
El otro tema cuyo sesgo afecta el proceso electoral es el relativo a la seguridad.
De eso hablaremos en otra entrega.
