/ domingo 20 de septiembre de 2020

Pendientes sísmicos

Todo movimiento telúrico en México, irremediablemente hace que la memoria nos lleve al terremoto del 19 de septiembre de 1985 que, a decir de la BBC, cambiaría el rostro de la Ciudad de México para siempre; el mayor desastere en la historia de la ciudad, magnitud de 8.1. Pero los eventos no se quedan sin consecuencias, es lo que tampoco olvidan los afectados aunque las autoridades lo hagan.

Se tiene conocimiento de un terremoto que ocurrió en 1911. El 31 de mayo había zarpato en el Ypiranga el General Porfirio Díaz rumbo a Francia, después de su renuncia; las elecciones federales extraordinarias se llevarían a cabo del 1 al 15 de octubre. Pero, cuando Francisco I. Madero entró a la Ciudad de México el 7 de junio se sacudió la tierra con una magnitud de 7.7 y el epicentro en la costa de Michoacán; murieron 40 personas y hubo daños en los rieles del tranvía, la destrucción en 200 casas de Santa María la Ribera, cuarteaduras no graves en El Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, según el Servicio Sismológico Nacional en “Dos siglos de temblores”, publicado en 2012. Entre otras consecuencias materiales se registra la desaparición del municipio de Ciudad Guzmán. Después de la toma de posesión como presidente de México el 6 de noviembre de 1911, se perpetró el magnicidio el 22 de febrero de 1913, con el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en el Palacio de Lecumberri hoy Archivo General de la Nación.

La memoria histórica nos redirige al siguiente desastre natural. El 28 de julio de 1957 otro temblor de magnitud 7.7 y epicentro en las costas de Guerrero hizo que el Ángel de la Columna de la Independencia cayera. 52 decesos y pérdidas materiales calculadas en 100 millones de pesos de la época. Sin embargo, el terremoto de 1985, documentado en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (cires.org.mx), tuvo consecuencias directas y letales para la vida política del país.

Conservadoramente 20 mil muertes (o 40 mil), 2831 inmuebles afectados, daños materiales calculados en 8 mil millones de dólares. El epicentro estuvo localizado en el Océano Pacífico mexicano, en la costa del estado de Michoacán, y un día después, el 20 de septiembre, las réplicas terminaron de arrasar estructuras que se habían reblancecido con dos minutos del temblor de 8.1 grados en la escala de Richter. 250 mil personas sin hogar, 900 mil damnificados, labores de rescate que duraron más de un mes, y la remoción de escombros se prolongó por diez años más.

El entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, sin precedente alguno al respecto, no atinó a tener una reacción inmediata; políticamente el país se paralizó, fue la ciudadanía voluntariamente organizada en las labores del rescate y preservación de cuerpos para retrasar su descomposición. En protesta, se creó la Coordinadora Única de Damnificados para concentrar os movimientos populares de protesta ciudadana ante la parálisis política. Hubo una revisión en la reglamentación de las construcciones y se descubrieron irregularidades, deficiencias arquitectónicas y corrupción inimaginable en la planeación urbana, que nunca llevó a juicio a los constructores.

En 2017, con una magnitud de 7.1 el sismo registró cerca de 300 muertes (incluidos los 19 niños del Colegio Enrique Rébsamen) y derrumbes en inmuebles. La Ciudad de México no había aprendido la lección para construir, pero la sociedad civil sí estaba organizada ya. Simulacros de rescate y los protocolos de evacuación se llevan a cabo desde el gobierno, nada más. Porque priva la corrupción a todas luces: el desvío de recursos designados a daminificados, no se logra el censo para identificar instalaciones y edificios de emergencia, y no hemos aprendido los protocolos de protección. Pendientes nada prometedores.

*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com



Todo movimiento telúrico en México, irremediablemente hace que la memoria nos lleve al terremoto del 19 de septiembre de 1985 que, a decir de la BBC, cambiaría el rostro de la Ciudad de México para siempre; el mayor desastere en la historia de la ciudad, magnitud de 8.1. Pero los eventos no se quedan sin consecuencias, es lo que tampoco olvidan los afectados aunque las autoridades lo hagan.

Se tiene conocimiento de un terremoto que ocurrió en 1911. El 31 de mayo había zarpato en el Ypiranga el General Porfirio Díaz rumbo a Francia, después de su renuncia; las elecciones federales extraordinarias se llevarían a cabo del 1 al 15 de octubre. Pero, cuando Francisco I. Madero entró a la Ciudad de México el 7 de junio se sacudió la tierra con una magnitud de 7.7 y el epicentro en la costa de Michoacán; murieron 40 personas y hubo daños en los rieles del tranvía, la destrucción en 200 casas de Santa María la Ribera, cuarteaduras no graves en El Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, según el Servicio Sismológico Nacional en “Dos siglos de temblores”, publicado en 2012. Entre otras consecuencias materiales se registra la desaparición del municipio de Ciudad Guzmán. Después de la toma de posesión como presidente de México el 6 de noviembre de 1911, se perpetró el magnicidio el 22 de febrero de 1913, con el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en el Palacio de Lecumberri hoy Archivo General de la Nación.

La memoria histórica nos redirige al siguiente desastre natural. El 28 de julio de 1957 otro temblor de magnitud 7.7 y epicentro en las costas de Guerrero hizo que el Ángel de la Columna de la Independencia cayera. 52 decesos y pérdidas materiales calculadas en 100 millones de pesos de la época. Sin embargo, el terremoto de 1985, documentado en el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (cires.org.mx), tuvo consecuencias directas y letales para la vida política del país.

Conservadoramente 20 mil muertes (o 40 mil), 2831 inmuebles afectados, daños materiales calculados en 8 mil millones de dólares. El epicentro estuvo localizado en el Océano Pacífico mexicano, en la costa del estado de Michoacán, y un día después, el 20 de septiembre, las réplicas terminaron de arrasar estructuras que se habían reblancecido con dos minutos del temblor de 8.1 grados en la escala de Richter. 250 mil personas sin hogar, 900 mil damnificados, labores de rescate que duraron más de un mes, y la remoción de escombros se prolongó por diez años más.

El entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, sin precedente alguno al respecto, no atinó a tener una reacción inmediata; políticamente el país se paralizó, fue la ciudadanía voluntariamente organizada en las labores del rescate y preservación de cuerpos para retrasar su descomposición. En protesta, se creó la Coordinadora Única de Damnificados para concentrar os movimientos populares de protesta ciudadana ante la parálisis política. Hubo una revisión en la reglamentación de las construcciones y se descubrieron irregularidades, deficiencias arquitectónicas y corrupción inimaginable en la planeación urbana, que nunca llevó a juicio a los constructores.

En 2017, con una magnitud de 7.1 el sismo registró cerca de 300 muertes (incluidos los 19 niños del Colegio Enrique Rébsamen) y derrumbes en inmuebles. La Ciudad de México no había aprendido la lección para construir, pero la sociedad civil sí estaba organizada ya. Simulacros de rescate y los protocolos de evacuación se llevan a cabo desde el gobierno, nada más. Porque priva la corrupción a todas luces: el desvío de recursos designados a daminificados, no se logra el censo para identificar instalaciones y edificios de emergencia, y no hemos aprendido los protocolos de protección. Pendientes nada prometedores.

*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com