El viernes 13 que Claudia Rivera Vivanco abandonó la sesión de Cabildo y dejó vestida y alborotada a Carla Morales Aguilar en un privado del Palacio Municipal, en realidad se dispuso a escapar de una situación sumamente incómoda para ella y partió con rumbo a la capital del país para buscar ayuda.
La presidenta municipal de Puebla le dio de vueltas al problema que le representaba nombrar a una secretaria de seguridad recomendada de Luis Miguel Barbosa y pidió opiniones de sus cercanos para tomar una decisión, una que le permitiera conservar a Lourdes Rosales Martínez en el gabinete y salir bien librada del conflicto con el gobernador.
Después de analizar varias alternativas, entre ellas la presentación de una controversia constitucional para detener la intromisión de su compañero de partido en el ayuntamiento, acudió a la ciudad de México para encontrar la protección política que requería, decirle “no” a Barbosa y sobrevivir a las reacciones, seguramente coléricas, del personaje.
A juzgar por lo ocurrido en la nueva sesión de Cabildo celebrada el miércoles, la edil de Puebla halló en su búsqueda frenética un ente político superior al mandatario estatal, que le dio seguridad y confianza para hacer lo que gritaba para sus adentros desde que fue informada de las intenciones del inquilino de Casa Aguayo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Así, para sorpresa del respetable, apeló al artículo 115 constitucional para reclamar respeto a la autonomía del municipio y rechazó a la recomendada del mandatario, que en realidad lo es de su asesor en materia de seguridad pública, Ardelio Vargas Fosado.
Bien asesorada, la presidenta pidió que sea el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde despacha Alfonso Durazo Montaño, la que determine si en la capital del estado existen las condiciones de caos y crisis que demanda la constitución para permitir que sea el Poder Ejecutivo el que se haga cargo de la seguridad y designe a una delegada.
De este punto derivaron las acusaciones que un día después, el jueves, lanzó Miguel Barbosa en contra de los mandos y los policías que integran la corporación municipal.
El gobernador, en su intento por justificar la “designación”, que no “imposición”, según dice, de Morales, denunció que los elementos que se encuentran bajo las órdenes de Rosales Martínez son cómplices de la delincuencia, y más, que han brindado protección a grandes criminales.
Los jaloneos van a seguir.
Un bando tratará de ungir a su subordinada y el otro de retener a la suya.
Como sea, la resistencia de Rivera Vivanco manda un mensaje político relevante.
La edil encontró, fuera de Puebla, el respaldo que le aportó valentía y coraje para oponérsele al gobernador, lo que lleva a dos reflexiones.
La primera, que más les valdría a los sabuesos del mandatario dar con la identidad de ese ente superior que está del lado de su oponente, solo para saber contra quién se enfrentan.
Y la segunda, que, con este acontecimiento, Rivera podría estarse gestando como un factor de contrapeso político en el estado, aun sin saberlo.
Twitter: @jorgerdzc
Correo: jrodriguez@elsoldepuebla.com.mx
